Las normas de la ARIPO sobre concesión de patentes favorecen los intereses de las compañías farmacéuticas sobre el derecho de las personas a acceder a medicamentos asequibles.

Más de 90 organizaciones de la sociedad civil piden hoy una reforma urgente al Protocolo de Harare de la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) para garantizar que las personas tengan acceso a medicamentos más asequibles. Las organizaciones exigen que los ministros que representan a los estados miembros de la ARIPO, que se reúnen en Liberia para participar en los Consejos Administrativos y Ministeriales de la ARIPO del 18 al 21 de noviembre, cambien la forma en que otorgan patentes sobre medicamentos, a fin de promover la competencia genérica para reducir sus costos.

ARIPO es un mecanismo regional que administra el archivo, el análisis y la concesión de patentes farmacéuticas para 18 países de la región que son partes contratantes del Protocolo de Harare. Este Protocolo es el marco legal que establece las reglas para la administración de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales entre los que se han adherido al Protocolo.

“Para combatir las crecientes epidemias como la tuberculosis resistente a los medicamentos, la diabetes y el cáncer, donde un solo medicamento puede costar cientos o miles de dólares para tratar a una sola persona, las reglas de ARIPO para otorgar patentes que figuran en el” Protocolo de Harare” se tienen que modificar para facilitar el acceso a genéricos más asequibles, en lugar de otorgar monopolios de patentes no merecidas a las compañías farmacéuticas multinacionales”, explicó Lotti Rutter de Health GAP, una organización mundial de defensa de los pacientes con VIH que trabaja en varios países de la región. “Los estados miembros de ARIPO tienen una de las mayores cargas de enfermedad en el mundo. El precio de los medicamentos en estos países determina si el gobierno podrá proporcionar tratamiento a su gente para estas enfermedades o no. Cuando los medicamentos no son asequibles, las personas pagan con sus vidas”.

Hasta la fecha, ARIPO no ha utilizado muchas de las salvaguardas clave de salud pública permitidas por el derecho internacional y defendidas por organismos nacionales y regionales de toda África. En cambio, ARIPO continúa otorgando múltiples patentes farmacéuticas no merecidas que hacen que los medicamentos sean inaccesibles para los pacientes y los gobiernos.

Las patentes excesivas e innecesarias no sólo tienen un impacto directo sobre el acceso de los países a medicamentos asequibles, sino también sobre si se llegara a cumplir con la ambición de tener una industria genérica sólida en la región.

“Estamos muy preocupados de que los gobiernos que hacen las reglas de ARIPO no promueven la salud pública y prioricen el cobro de las tasas de las patentes. Si bien las leyes mundiales de patentes reconocen y eximen a los países menos adelantados de otorgar patentes farmacéuticas, ARIPO continúa socavando este derecho al otorgar patentes a nivel regional a pesar de que la gran mayoría de los estados miembros de ARIPO países menos adelantados. La concesión por parte de ARIPO de patentes de productos farmacéuticos también es incompatible con las leyes nacionales de patentes, como en Uganda, Ruanda y Liberia, que han implementado la exención farmacéutica a nivel nacional”, argumentó Moses Mulumba del Centro de Salud, Derechos Humanos y Desarrollo (CEHURD) en Uganda.

Además, la aplicación laxa de los estándares de patentabilidad y la falta de un análisis sustantivo riguroso en ARIPO ha permitido a las compañías farmacéuticas continuar con su notoria práctica de “perennización de las patentes”. Al obtener patentes de cambios menores en compuestos conocidos, las compañías farmacéuticas prolongan su monopolio de mercado más allá del plazo inicial de 20 años de la patente. El exceso de patentes, incluyendo la concesión de múltiples patentes sobre nuevas formas, nuevos usos y nuevas formulaciones de un compuesto conocido, bloquea la competencia de las versiones genéricas más asequibles y mantiene precios artificialmente altos durante largos períodos. Esto es muy problemático para la salud pública.

La situación es todavía peor, porque otras garantías clave de salud pública que están disponibles en otros países, como los procedimientos administrativos para permitir que terceros se opongan a la concesión de patentes farmacéuticas, no figuran en el Protocolo de Harare.

En 2017, el Consejo de Ministros ordenó a la Secretaría de la ARIPO que “explore y formule propuestas concretas destinadas a abordar las incoherencias políticas y legales que afectan el acceso a las tecnologías sanitarias, y en los Estados Miembros de la ARIPO tomar las medidas correspondientes e informar a los órganos rectores de la Organización”. Sin embargo, hasta la fecha no se han tomado medidas para reformar el Protocolo de Harare y mejorar las prácticas y procedimientos de ARIPO que rectificarían esta situación.

“La sociedad civil ha presentado propuestas concretas a la Secretaría de ARIPO sobre qué reformas deben llevarse a cabo.

Sin embargo, desgraciadamente, hasta la fecha, no se ha hecho nada para discutir estas propuestas. Hemos intentado repetidamente participar de manera constructiva en el proceso y hemos presentado múltiples solicitudes de participación, pero hemos sido excluidos a pesar de las primeras promesas de que ARIPO colaboraría con los interesados y expertos de la sociedad civil”, dice Allan Maleche, de la Red de Asuntos Legales y Éticos sobre VIH y SIDA de Kenia (KELIN).

“Ahora es el momento de tomar medidas urgentes. No se trata sólo de tecnicismos legales: las decisiones de ARIPO afectan la vida de muchas personas que viven en toda la región. En particular, hacemos un llamado a los ministros y jefes de las oficinas de patentes que asisten a las reuniones del Órgano Rector de la ARIPO en Liberia para que garanticen que la ARIPO establezca un “Grupo de Trabajo sobre Flexibilidades de los ADPIC”, creíble y transparente, para discutir y desarrollar propuestas para implementar salvaguardas de salud pública en el Protocolo de Harare, incluyendo las recomendadas por la sociedad civil. Además, deben garantizar que la sociedad civil, así como los expertos en salud pública y desarrollo como el PNUD, la OMS, ONUSIDA y la UNCTAD, puedan participar y estar suficientemente representados, con acceso oportuno a información sobre reuniones y documentos “.

La carta en inglés está disponible en este enlace http://www.kelinkenya.org/wp-content/uploads/2019/11/CSOLettertoMinisters_Final.pdf