Se abrieron causas en la Justicia que fueron archivadas. La diputada Ocaña impulsa un proyecto para transparentar los “incentivos” a profesionales de la salud, que aguarda tratamiento en la Comisión de Salud

La industria de los dispositivos médicos pudo crecer de manera exponencial en los últimos años gracias a loscontroles laxos de las autoridades sanitarias en los distintos países, con el argumento de promover la “innovación médica tecnológica”.

Pero además, las multinacionales de prótesis, implantes y dispositivos médicos buscaron atraer a otro aliado no menos relevante: los propios médicos.

Traumatólogos, cardiólogos y cirujanos, entre otros especialistas, se convirtieron en los destinatarios de una amplia gama de “incentivos” por parte de estos fabricantes: desde asistencia paga a congresos y seminarios de capacitación en lugares privilegiados, pasando por el pago de honorarios por disertaciones y subvenciones por investigar, hasta lisa y llanamente el pago de sobornos. ¿El objetivo? Que recomienden y utilicen sus productos en la práctica privada y en las instituciones en las que trabajan.

En los Estados Unidos, donde los fabricantes de medicamentos y dispositivos están obligados a revelar los pagos que efectúan a los médicos, las 10 compañías más grandes de dispositivos médicos pagaron casi USD 600 millones a los médicos o a sus hospitales en 2017. Esta cifra no incluye los pagos relacionados con dispositivos de los gigantes que venden otros productos, como Johnson & Johnson y Allergan.

Este monto admitido por las propias empresas surge del análisis de Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) de los datos de los centros de servicios de Medicare y Medicaid, en el marco de la investigación The Implant Files, de la que participaron 252 periodistas miembros, de 58 medios de 36 países del mundo, entre ellos Infobae, La Nación y Perfil.

Esta práctica instalada en el mundo socava la independencia de los médicos y su capacidad para elegir el mejor tratamiento, aumenta los costos del sistema de salud en su conjunto, y expone los pacientes a prótesis y dispositivos médicos no debidamente probados, convirtiéndolos en involuntarios conejillos de indias.

Argentina no fue la excepción.

Según documentos de la Comisión de Valores de los Estados Unidos conocida como SEC (Securities and Exchange Commission), a los que accedió el equipo argentino de ICIJ, al menos tres empresas extranjeras pagaron sobornos a través de sus subsidiarias a médicos argentinos, para colocar sus productos en el país.

El caso Biomet
Una de ellas fue Biomet, una compañía de dispositivos médicos con sede en Warsaw, Indiana (EEUU), especializada en fabricación y venta de prótesis y dispositivos ortopédicos, que operaba en el país a través de Biomet Argentina.

Según un documento de la SEC difundido el 26 de marzo de 2012, entre 2000 y 2008, la empresa admitió haberle pagado sobornos a profesionales de la salud contratados en hospitales públicos en Argentina, Brasil y China, para que compren las prótesis ortopédicas de su marca.

Para resolver los cargos en su contra, Biomet acordó con la SEC pagar más de USD 5,5 millones por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, y una multa de más de USD 17 millones para resolver los cargos penales iniciados por el Departamento de Justicia de ese país.

El retorno para los médicos contratados en hospitales públicos, según la SEC, fue del 15 al 20% del valor de cada producto, en su mayoría prótesis traumatológicas, que se pagaba en efectivo. Para justificar los pagos ilegales, Biomet los disfrazaba de “comisiones” u “honorarios de consultoría”.

La investigación del organismo regulador determinó que los directivos y empleados, así como los auditores de la casa central de la empresa en Indiana estaban al tanto de los sobornos, desde un comienzo, y que no hicieron nada para frenarlos.

A partir del informe de la SEC, la diputada nacional Graciela Ocaña hizo la denuncia penal en la Justicia argentina con la confesión de Biomet. La presentación recayó en el Juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi. La investigación no avanzó porque la SEC nunca envió la información solicitada por la Justicia argentina.

“Le pedimos a la justicia argentina que investigue quiénes habían sido los médicos que habían pagado y recibido esos sobornos, pero lamentablemente las autoridades de los Estados Unidos no colaboraron y la causa no tuvo avances al no poder identificar a los imputados”, señaló Ocaña consultada para esta investigación.
Edición: Esteban Cabrera

Veinte cajas con pruebas
El equipo argentino de The Implant Files solicitó a la SEC, a través de la Freedom of Information Act (FOIA) – la ley de acceso a la información pública de ese país- copia de la documentación con los testimonios e identidades de los involucrados en el caso de Biomet.

La SEC respondió que identificó unas 20 cajas de pruebas posibles sobre sobornos en la Argentina, que incluyen 20 cajas de registros impresos, 401 MB de archivos electrónicos y 7 producciones en diversos medios (CD, DVD, etc.). Sin embargo, el organismo estadounidense sostuvo que no podía dar la información por su complejidad y que necesita tiempo para procesarla.

Por este mismo caso por los sobornos de BIOMET, la ONG “Usuarios y Consumidores Unidos” presentó una acción colectiva para que se indemnice a todos aquellos consumidores que abonaron sobreprecios en virtud de la práctica ilegal de la multinacional, al sotener que el valor de las coimas pagadas en Argentina por casi una década, se trasladó al público consumidor incrementando artificialmente el costo de esos productos. La presentación recayó en el Juzgado Nacional en lo Comercial nº 19, e incluyó el pedido de la ONG para que además se condene a la empresa a abonar una indemnización punitiva de 5.000 millones de pesos.

En julio del año pasado, la Cámara de Apelaciones ordenó medidas para notificar a los pacientes argentinos que habrían sido afectados, por haber utilizado productos médicos de Biomet desde 2000 hasta 2008, y que hubieran pagado total o parcialmente por ellos.

Olympus Latin America
Biomet no fue la única compañía de dispositivos médicos que pagó sobornos a médicos en la región, incluida Argentina.

Entre abril de 2008 y diciembre de 2009, Olympus Latin America Inc –la mayor distribuidora de endoscopios y equipos afines en los Estados Unidos- pagó un soborno a un médico argentino (no identificado por su nombre en la denuncia) que participaba en el proceso de licitación de un hospital público, bajo la forma de un viaje personal por valor de USD 20.000. La contraprestación era que el hospital público donde trabajaba, comprara dispositivos de esa marca, y no considerara las ofertas de otros dos competidores.

A principios de 2009, un empleado de Olympus Latin America en Miami y este mismo médico firmaron un acuerdo en el que Olympus le proveía de forma impropia equipamiento para su práctica médica en la actividad privada. En ese acuerdo se omitía intencionalmente el pago que le habían hecho anteriormente por USD 20.000 para el viaje de carácter no profesional.

Esto le valió una demanda en Nueva Jersey, Estados Unidos, por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, en la que la filial de América Latina de Olympus Latin America admitió haberle proporcionado “dinero en efectivo, transferencias de dinero, viajes personales, equipos gratuitos o a precios muy rebajados, y otras cosas de valor” a médicos que trabajaban en hospitales y clínicas del gobierno.

Por esos cargos, Olympus Latin America acordó pagar una multa de USD 22,8 millones para desestimar las imputaciones de que sobornó a proveedores de la salud en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México.

Las coimas pagadas le habían permitido ganar más de USD 600 millones de ventas y obtener beneficios brutos de más de USD 230 millones, según determinó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Tras las revelaciones de las coimas pagadas por Biomet y Olympus informadas por las autoridades de los Estados Unidos, un empleado de la Aduana se presentó ante la Justicia argentina y denunció los hechos publicados en ese momento por Clarín.

Así, en paralelo al expediente iniciado en el juzgado de Martínez De Giorgi, se abrió otra causa en el fuero Penal Económico, en el Juzgado federal de Gustavo Meirovich. Este magistrado envió exhortos a las autoridades estadounidenses para que le remitieran las pruebas contra médicos argentinos y funcionarios de la Aduana. Pero la SEC jamás respondió. Tampoco surtieron efecto las negociaciones informales para obtener la lista de los sobornados por Biomet y Olympus.

Finalmente la causa se archivó sin que se conocieran las identidades de los médicos que aceptaron coimas de estas dos multinacionales para prescribir sus prótesis y dispositivos médicos en la Argentina.

Negativa de EE UU a dar nombres
Respecto de Olympus, el equipo argentino de The Implant Files solicitó a su vez al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través de FOIA, copia de la documentación con los testimonios e identidades de los involucrados en el caso.

Pero la División Criminal del Departamento de Justicia comunicó el 9 de noviembre pasado que el organismo se negaba a brindar información que ayudarían a esclarecer los hechos. Se amparó en que desclasificar ese tipo de información podría interferir en una investigación penal, y sostuvo que esta respuesta tampoco implicaba confirmar la existencia de estas pruebas.

Stryker Corporation
Hubo un tercer caso de admisión de sobornos por una multinacional norteamericana dedicada a la venta de dispositivos médicos que involucró al país.

Stryker Corporation confesó ante la SEC haber pagado sobornos por casi un millón de dólares (USD 966.500) a médicos de hospitales públicos de Argentina entre 2005 y 2008, también a cambio de que éstos utilizaran productos de su marca. Fue en 392 oportunidades y se cancelaron con cheques.

El monto de los sobornos era del 20 al 25% del valor de las ventas, que justificaron en su contabilidad como “gastos de comisiones” en una cuenta llamada “Honorarios Médicos”. Según el documento al que accedió el equipo argentino de ICIJ, “le permitieron a Stryker Argentina obtener más de USD 1.040.000 en ganancias de los hospitales en los que los médicos sobornados trabajaban”.

El esquema de pagos ilegales se repitió en Grecia, México, Polonia y Rumania. La empresa acordó pagar una multa de USD 13.2 millones, por los cargos en su contra de la SEC.

El equipo también pidió acceso a las pruebas de sobornos de la compañía Stryker Corporation. Esta empresa ocupa el puesto 10 del ranking de fabricantes de dispositivos médicos con más casos de daños reportados en 2017 en los Estados Unidos, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

La SEC alegó en septiembre pasado que necesitaría 36 meses, es decir, tres años, para reunir la información relacionada con la Argentina en este caso. Agregó que habría identificado la existencia de 16 cajas con documentación que “podrían contener” los documentos y testimonios que prueben los sobornos en la Argentina.

Proyecto para transparentar los “incentivos”
En los Estados Unidos, después de una serie de escándalos que condujeron a que se aprobara la Physician Payments Sunshine Act de 2010, una ley obligó a revelar estos pagos de empresas de productos médicos a los profesionales de la salud.

A su vez, la asociación comercial de la industria de dispositivos revisó su código de ética y estableció restricciones sobre las regalías y los acuerdos de consultoría. Propuso que se otorgara sólo una compensación “modesta” y “razonable” a los médicos que participan en eventos patrocinados por la empresa, y estableció restricciones sobre las regalías y los acuerdos de consultoría.

Su equivalente en Europa también amplió su código de ética e incorporó advertencias dirigidas a las empresas respecto, por ejemplo, de los lugares en los que se realizan los eventos patrocinados como congresos y capacitaciones. “Los cruceros, los clubes de golf o los balnearios y los lugares famosos por sus instalaciones de entretenimiento no son lugares apropiados”, estableció.

En Argentina, Ocaña presentó una iniciativa similar en el Congreso que aún espera ser aprobada en la Comisión de Salud de la Cámara baja.

“Los incentivos que determinadas empresas de prótesis traumatológicas, cardiológicas, y algunas prácticas médicas que se ponen de moda, entregan a profesionales para que se recomiende una marca comercial determinada, se hacen a expensas del costo del sistema de salud. Lo terminamos entre todos. No es que las empresas son buenas y regalan. Lo ponen en el precio que después terminan pagando el hospital público, la obra social o la prepaga”, advirtió la diputada nacional de Cambiemos.

“Por eso hemos propuesto una ley que busca darle transparencia al sistema, porque se obliga a todas a las empresas a declarar cuáles son estos incentivos. El paciente tiene derecho a saber si el profesional que lo atiende tiene una vinculación o interés, al indicarnos una determinada marca, que condicione su opinión profesional. Y por otro lado, le exige al médico que declare bajo juramento que no tiene ningún conflicto de interés cuando hace una prescripción”.

Los pagos ilegales no terminaron
Sin embargo, la práctica de influir mediante incentivos en las decisiones clínicas de los cirujanos y otros especialistas para que utilicen los dispositivos no debidamente probados no concluyó.

Gobiernos de distintos países acusaron a los fabricantes de pagar a administradores de hospitales y médicos con relojes Armani y lujosos paquetes vacacionales para aumentar las ventas y asegurarse contratos. En México, los empleados de una empresa encargados de sobornar a los médicos tenían una palabra clave para referirse a los pagos ilícitos: chocolates.

Según reveló The Implant Files, en 2014, Biotronik, fabricante alemán de dispositivos médicos, pagó USD 4.9 millones para terminar con las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia norteamericano, según las cuales pagaba sobornos a los médicos y promocionaba ilegalmente dispositivos cardíacos que no estaban autorizados por las autoridades.

Los representantes de ventas de la compañía recompensaban a los médicos que promovían terapias no autorizadas e implantaban un gran número de dispositivos Biotronik con entradas para eventos deportivos, salidas a campos de golf y lujosas comidas, según Brian Sant, un empleado de Biotronik que contó la maniobra y cuya demanda provocó la investigación del gobierno. “Es casi como una anualidad”, escribió un gerente de ventas en un correo electrónico citado por Sant, refiriéndose a los pagos que los médicos podían recibir por inscribir a los pacientes en estudios patrocinados por la compañía.

En una respuesta escrita a ICIJ, Biotronik aseguró que “sus prácticas eran legales y éticas”. También dijo que el gobierno no investiga ninguna de las acusaciones sobre las prácticas de capacitación o los programas educativos de la empresa.

Un agente de ventas de implantes de Johnson & Johnson está siendo juzgado en Italia por sobornar a un prominente cirujano de Milán con más de 20 mil dólares, costosos viajes, cenas y más dádivas para él y su hijo, a cambio de que el cirujano implantara articulaciones artificiales de J&J y promocionara su marca en programas de televisión. La empresa respondió que no puede comentar sobre los detalles del caso por ser una investigación abierta, pero aseguró que “ha cooperado totalmente” con las autoridades.

Consultado por ICIJ, Matt Wetzel, abogado general asociado de AdvaMed, dijo que la industria está “dedicada a hacer negocios de la manera correcta, y las compañías de tecnología médica han invertido incontables recursos, tanto de capital como humanos, en el desarrollo de programas de cumplimiento de vanguardia”.

El equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación que participó de The Implant Files está integrado por Mariel Fitz Patrick (Infobae); Maia Jastreblansky, Iván Ruiz y Ricardo Brom (La Nación); Emilia Delfino (Perfil) y Sandra Crucianelli (para Perfil).