Gøtzsche plantea que el tratamiento psiquiátrico forzado constituye una violación grave de los derechos humanos y, en determinadas circunstancias es un crimen de lesa humanidad [1]. A partir del Estatuto de Roma y de convenios internacionales, sostiene que prácticas como la hospitalización involuntaria, la administración obligada de fármacos o la aplicación de electrochoques sin consentimiento, son acciones que cumplen con los criterios de persecución, tortura y privación arbitraria de la libertad.

En su análisis, Gøtzsche destaca que estas políticas estatales no solo lesionan la dignidad humana, sino que añaden sufrimiento a quienes ya se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La revisión de la evidencia científica del artículo [1] expone cómo la psiquiatría coercitiva no logra sus objetivos terapéuticos y, por el contrario, incrementa riesgos como el suicidio, la violencia y la discapacidad crónica. También se describe cómo los fármacos y terapias empleadas (antipsicóticos, antidepresivos, estabilizadores del ánimo y la “terapia” con electrochoques), carecen de beneficios clínicamente significativos, presentan daños graves e incluso elevan la mortalidad. Gøtzsche recuerda que la supuesta teoría del “desequilibrio químico” carece de base científica y ha sido utilizada como un recurso narrativo para justificar la medicalización masiva y mantener a los pacientes dependientes de tratamientos farmacológicos de por vida.

En el plano ético y legal, se resalta que numerosos informes de la ONU, así como fallos judiciales, han calificado estas prácticas como formas de trato cruel e inhumano, e incluso como tortura. Se ha documentado el uso de medidas de contención y medicación forzada como mecanismos de control, más orientados a facilitar la labor del personal que a proteger al paciente. Además, Gøtzsche demuestra que, en muchos países, los marcos jurídicos que autorizan la coerción psiquiátrica se vulneran de manera sistemática, sin consecuencias para los responsables.

El texto subraya que el miedo a la coerción constituye un factor de sometimiento que erosiona cualquier posibilidad de relación terapéutica basada en la confianza. Los pacientes son amenazados con medidas de encierro, pérdida de beneficios sociales o exclusión de servicios si rechazan la medicación, lo que perpetúa un círculo de dependencia y sufrimiento.

Frente a ello, el autor propone un cambio de paradigma que elimine las leyes de salud mental que permiten la detención involuntaria y el tratamiento forzado, y que se promuevan modelos de apoyo basados en el respeto a la autonomía, la voluntad y las preferencias de las personas.

Finalmente, Gøtzsche concluye que la psiquiatría coercitiva no solo fracasa en mejorar la salud mental, sino que constituye una amenaza estructural para la vida y la integridad de los pacientes. Su práctica se convierte en un problema de salud pública, pues amplifica el daño a gran escala y erosiona los principios fundamentales de la medicina y de los derechos humanos.

La invitación del autor es clara y contundente: Debemos trabajar colectivamente para abolir el tratamiento forzado y para construir alternativas terapéuticas centradas en la dignidad, la evidencia científica y la verdadera recuperación de las personas que enfrentan complejas situaciones que amenazan y/o comprometen su salud mental.