Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
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Hawái recibe US$700 millones de BMS y Sanofi por la información sobre Plavix [1, 2]. Las farmacéuticas Bristol Myers Squibb y Sanofi alcanzaron un acuerdo histórico con el estado de Hawái y pagarán US$700 millones, resolviendo así una disputa legal prolongada sobre el anticoagulante Plavix.
La demanda, presentada por la oficina de la fiscal general de Hawái, se basaba en acusaciones de que ambas compañías incumplieron su obligación de advertir adecuadamente sobre los riesgos de una respuesta reducida al medicamento por parte de ciertos pacientes. Según el tribunal de primera instancia, en cerca del 30% de los usuarios, particularmente en poblaciones no caucásicas, la eficacia del fármaco podía verse disminuida, lo que comprometía directamente su seguridad y eficacia como tratamiento de referencia.
En 2023, un fallo judicial impulsó a las compañías una compensación de US$916 millones. No obstante, antes de que se resolviera la apelación, las partes acordaron un arreglo extrajudicial por una suma reducida de US$700 millones. El acuerdo establece que el monto será dividido en partes iguales por Bristol Myers Squibb y Sanofi, con la obligación de transferir los fondos antes del 9 de junio de 2025.
A lo largo del proceso, ninguna de las dos compañías admitió responsabilidad alguna, reiterando en un comunicado conjunto que Plavix ha beneficiado a millones de pacientes con enfermedades cardiovasculares durante casi tres décadas y que sigue siendo recomendado como terapia de primera línea en guías clínicas internacionales. Pese a esta defensa, la fiscal general Anne Lopez insistió en que la omisión de actualizar las etiquetas del medicamento constituyó una falta grave, ya que los médicos y pacientes no contaron con información esencial para tomar decisiones informadas sobre su tratamiento.
El gobernador de Hawái, Josh Green, destacó que el desenlace fortalece el compromiso del estado con la rendición de cuentas corporativa y con la defensa de los derechos de los pacientes. Este acuerdo evita además una apelación que podría haber extendido el litigio durante años y establece un precedente importante sobre la obligación de las compañías farmacéuticas de actuar con transparencia frente a riesgos conocidos de sus productos.
En términos más amplios, este caso contribuye al debate global sobre la ética y la responsabilidad en la industria farmacéutica, evidenciando la necesidad de regulaciones más estrictas para garantizar que los beneficios de los medicamentos innovadores sean equitativos y seguros para todas las poblaciones, incluidas aquellas con variaciones genéticas o étnicas que afectan la eficacia de los tratamientos. Asimismo, subraya la importancia de que los sistemas de salud y los organismos reguladores aseguren información clara, precisa y actualizada, protegiendo la sostenibilidad y credibilidad de la atención sanitaria pública.
Referencias
