Derecho y Litigación

Hoy tenemos una noticia desfavorable en nuestra batalla por la transparencia en el precio de los medicamentos.

La Audiencia Nacional, a través de su Sala de lo Contencioso-Administrativo, estima los recursos de la farmacéutica Novartis y del Ministerio de Sanidad en el caso Luxturna, uno de los que mantenemos, por el derecho de la ciudadanía a conocer el precio real que la sanidad pública paga por fármacos innovadores.

Este fallo -aquí, la sentencia [1]- supone un vuelco radical que anula la decisión judicial de primera instancia favorable a Civio [2], y avala de forma completamente acrítica la opacidad actual sobre los precios reales que pagan las administraciones públicas [3] y las condiciones de financiación de los nuevos medicamentos.

Como sabes, en Civio defendemos firmemente que conocer el precio real de los medicamentos financiados públicamente es una condición indispensable para proteger el futuro de nuestro Sistema Nacional de Salud de negociaciones opacas y tratos secretos. También pensamos que el dinero público, especialmente cuando se destina a un bien tan esencial como la salud, debe gestionarse con la máxima transparencia

Calan los argumentos de la industria farmacéutica
El tribunal asume sin matices los argumentos de la industria farmacéutica y del Ministerio de Sanidad. Por ejemplo, avala la confidencialidad como herramienta negociadora y da por bueno que el secreto -supuestamente- permite a la administración obtener mejores precios. Desde Civio subrayamos que esta es una hipótesis no demostrada que, en realidad, genera una profunda asimetría de información que beneficia principalmente a la industria farmacéutica. La administración negocia a ciegas sin poder comparar precios reales que pagan otros países, mientras las compañías conocen sus márgenes y los precios en otros mercados. Por eso, pensamos que es justo al contrario, que una transparencia real, por el contrario, fortalecería la capacidad de negociación

¿Es revertible esta decisión?
Lo preocupante de este caso es que no solo blinda la opacidad en el caso concreto de Luxturna, sino que sienta un precedente muy preocupante que amenaza al derecho a la información en otros procedimientos que tenemos abiertos [4]. Ambos abordan los mismos argumentos jurídicos, en relación a Zolgensma, de Novartis, y a Yescarta (de Gilead Sciences). En el caso de Zolgensma también venimos de ganar en primera instancia [5]. Lo malo es que, como los magistrados del caso Yescarta son prácticamente los mismos que los firman la sentencia de hoy, nos tememos que también avalen el mismo secretismo en los fallos que aún estamos pendientes de conocer.

A pesar de este varapalo judicial, seguimos pensando que tenemos el derecho de nuestro lado. Por ello, te adelantamos que vamos a recurrir a instancias superiores. No es la primera vez que la Audiencia Nacional se posiciona en contra de la transparencia y del derecho a saber. Es más, en los casos en los que hemos estado personados es la tónica habitual.

Hasta la fecha, hemos tenido que recurrir tres veces ante el Tribunal Supremo para revertir decisiones de la Audiencia Nacional que consideramos injustas. En 2017 (por la identidad de los asesores del Tribunal de Cuentas [6]), en 2019 (por el derecho a obtener información anterior a la Ley de Transparencia [7]) y en 2025 (por el código fuente de BOSCO [8]). Las dos primeras veces se resolvieron a favor de Civio y de la transparencia. Estamos a la espera de conocer el fallo de la tercera.

Sabemos que en este caso es un camino muy difícil y que las posibilidades son ahora más limitadas: el poder de la industria farmacéutica, con sus bufetes de abogados e inversión publicitaria en medios, es enorme. Pero merece la pena seguir adelante. El derecho de toda la ciudadanía a una sanidad pública transparente y eficiente, capaz de tomar las mejores decisiones con los recursos de todos, no se defiende solo. Y la opacidad en el precio de los medicamentos pone en juego directamente la sostenibilidad de nuestro apreciado sistema de salud.