La Asociación de la Industria Farmacéutica Británica (en inglés ABPI) representa a más de 150 empresas y, entre otras cosas, se encarga de establecer y vigilar el cumplimiento del código de prácticas de la industria para la promoción de medicamentos de venta con receta y la interacción con pacientes, profesionales de la salud y el NHS. De hecho, la ABPI delega la administración del código de prácticas de la industria a la Autoridad de Prácticas del Código de Medicamentos con Receta (Prescription Medicines Code Practice Authority o PMCPA).

El PMCPA recibe las quejas por violación del código, pero no hace sus propias investigaciones, el denunciante tiene que presentar las pruebas. La PMCPA exige que la empresa infractora explique las medidas correctivas que piensa adoptar, y en casos graves puede amonestar a la empresa públicamente o puede hacer una auditoria de sus procedimientos. La junta directiva de la ABPI puede suspender o expulsar a un miembro.

Un artículo publicado en el BMJ [1] describe el caso de Novo Nordisk y argumenta que hay que reformar el mecanismo de autorregulación de la industria farmacéutica en el Reino Unido. A continuación los puntos más importantes.

En 2023, la junta de ABPI suspendió a Novo Nordisk durante dos años después de que la PMCPA dictaminara que había cometido graves infracciones del código al promover un fármaco para bajar de peso. Desafortunadamente, durante el periodo de suspensión, Novo Nordisk siguió violando el código, y a pesar de haber cometido 11 infracciones adicionales, lo que llevó a la PMCPA a dudar del compromiso de Novo Nordisk con la autorregulación la ABPI readmitió a la empresa en marzo de 2025.

Al igual que otras asociaciones industriales europeas, la ABPI tiene pocas herramientas para imponer sanciones significativas cuando las empresas farmacéuticas cometen delitos graves.

Los autores del articulo afirman que el Reino Unido tiene que adoptar medidas más estrictas para regular la promoción de medicamentos en el Reino Unido, y reconociendo que el marketing poco ético resulta en el uso excesivo e inapropiado de medicamentos y es perjudicial para la salud pública y de los pacientes, ofrecen las siguientes reflexiones.

En Francia, tras las lesiones y muertes de pacientes debidas al consumo de benfluorex, un medicamento para la diabetes ampliamente promocionado fuera de indicación para la pérdida de peso, el gobierno ha limitado radicalmente su dependencia en la autorregulación de la industria, y ha introducido legislación sobre la transparencia. La legislación exige la divulgación exhaustiva de los vínculos financieros de la industria con una amplia gama de actores del sector sanitario, superando con creces los estándares europeos de autorregulación.

El gobierno del Reino Unido debería establecer una oficina de prácticas farmacéuticas éticas vinculada a la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA). Si bien la PMCPA podría seguir siendo responsable de recibir las quejas rutinarias o iniciales, la nueva oficina se ocuparía de las denuncias graves de mala conducta, de las infracciones reiteradas o a gran escala, y de aquellas que involucren a denunciantes (wistleblowers). La oficina también iniciaría investigaciones de forma proactiva, determinaría el alcance de las investigaciones y recopilaría y verificaría pruebas de forma independiente.

La oficina también debería tener la autoridad para imponer multas administrativas que guardaran relación con la facturación o la cuota de mercado de la empresa, incluyendo sanciones acumulativas por reincidencia. Este enfoque diferiría significativamente del modelo estadounidense, donde los casos interpuestos por fiscales estatales y federales a veces resultan en multas cuantiosas y acuerdos extrajudiciales, pero a menudo no logran detener la reincidencia. En cambio, el nuevo organismo del Reino Unido podría fortalecer el cumplimiento aprovechando que tiene capacidad para controlar al mercado del NHS (Servicio Nacional de Salud). Además de las multas, las empresas estarían obligadas a remediar los daños causados por la comercialización poco ética, financiando iniciativas independientes de educación o salud pública, o a afrontar condiciones vinculadas a futuras ventas.