Según un nuevo informe, en EE UU seis supuestos grupos de defensa de los pacientes están estrechamente vinculados a empresas farmacéuticas e impulsan los programas que interesan a la industria.

Al menos seis organizaciones que afirman defender los derechos de los pacientes tienen fuertes vínculos financieros y operativos con las grandes empresas farmacéuticas, y se esfuerzan en potenciar las ganancias corporativas. Según investigaciones recientes, estas organizaciones son fachadas de la industria que hacen cabildeo de forma rutinaria en consonancia con las prioridades de la industria farmacéutica, cuestionan la negociación de los precios de los medicamentos en los tribunales y promueven los intereses de la industria en sus declaraciones públicas.

Estos hallazgos son el último ejemplo de cómo las empresas farmacéuticas están aprovechando la legitimidad de los grupos de defensa de los pacientes para promover sus objetivos corporativos, que a menudo están en conflicto directo con los derechos de los pacientes que estos grupos dicen apoyar.

Un informe publicado el 21 de mayo por Patients For Affordable Drugs (Pacientes por los medicamentos asequibles) [1], una organización nacional sin ánimo de lucro de defensa del paciente, revela que de hecho seis organizaciones, aparentemente dedicadas a impulsar la investigación en salud y el acceso a la atención médica, reciben un monto considerable de financiación de la industria farmacéutica, tienen dirigentes con conexiones regulares con la industria farmacéutica, o ambas cosas.

“Es evidente que hay una puerta giratoria entre muchos de estos grupos y las empresas farmacéuticas”, afirmó Merith Basey, directora ejecutiva de Patients For Affordable Drugs, que no recibe financiación de grupos farmacéuticos. Estas organizaciones tienden a representar los intereses de las empresas farmacéuticas y sus accionistas, y no los de los pacientes”, quienes, en más de la mitad de los casos, tienen dificultades para pagar sus medicamentos [2].

De hecho, estas organizaciones funcionan como organizaciones fachada de la industria, adoptando las posturas de sus financiadores y haciéndose pasar por grupos de defensa creíbles. Estas posturas implican atacar la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 (Inflation Reduction Act o IRA) mediante comentarios públicos, llevando casos ante los tribunales y a través del cabildeo. La ley, a la que se opuso enérgicamente la industria farmacéutica, otorgó a Medicare la autoridad para negociar precios más bajos para una lista de medicamentos caros [3].

En lo que va de año, la asociación comercial de la industria farmacéutica, Investigadores y Productores Farmacéuticos de América (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America o PhRMA), se ha gastado casi US$13 millones en cabildear sobre diversas cuestiones, incluyendo la reforma de los precios de los medicamentos [4, 5]. Las empresas farmacéuticas también han presentado varias demandas contra las negociaciones de precios del programa de Medicare [6].

Según un comunicado de prensa de Patients For Affordable Drugs, los seis grupos de defensa de los pacientes señalados en el reciente informe “se hacen pasar por grupos independientes de defensa de los pacientes o de las políticas, mientras actúan como portavoces de la agenda de la industria farmacéutica”, lo que incluye socavar las reformas para reducir los precios de los medicamentos. Todos ellos tienen estrechos vínculos con la industria farmacéutica:

• Quince de los 20 miembros de la junta directiva de la Alianza para la Investigación del Envejecimiento (Alliance for Aging Research) proceden de la industria farmacéutica, incluyendo de empresas como Pfizer y Johnson & Johnson.
• El Foro de Acción Estadounidense (AAF o American Action Forum) es un centro de estudios conservador y una organización hermana de la Red de Acción Estadounidense (AAN o American Action Network), un grupo que se opone a la reforma de los precios de los medicamentos y que ha recibido decenas de millones de dólares de PhRMA [7, 8].
• El Centro de Medicina por el Interés Público (Center for Medicine in the Public Interest) tiene vínculos financieros con la industria farmacéutica desde hace tiempo, recibe dinero de PhRMA con frecuencia y se opone a las negociaciones sobre los precios de los medicamentos para el programa Medicare.
• El Consejo para una Cobertura Sanitaria Asequible (CA HC o Council for Affordable Health Coverage) está gestionado y operado por el grupo de cabildeo farmacéutico, Horizon Government Affairs.
• El Instituto de Investigación del Pacífico (Pacific Research Institute), un centro de reflexión sobre soluciones políticas de “libre mercado” —financiado en parte por la red política de derecha del magnate petroquímico, Charles Koch— ha recibido dinero de PhRMA y de empresas farmacéuticas como Pfizer, AstraZeneca y GlaxoSmithKline.
• Seniors 4 Better Care es una organización fachada de American Prosperity Alliance (Alianza para la Prosperidad Estadounidense), un grupo financiado con dinero sucio que dona millones de dólares a comités conservadores de acción política y ataca las reformas de los precios de los medicamentos [9, 10].

Estas organizaciones promueven los intereses de la industria de diversas maneras. La Alianza para la Investigación del Envejecimiento, por ejemplo, presentó un informe amicus curiae en un tribunal de distrito “sobre la legalidad de ciertas disposiciones de la Ley de Reducción de la Inflación”, mientras el tribunal deliberaba sobre cuatro casos distintos [11].

El nuevo informe también señala que empleados del Consejo para una Cobertura Sanitaria Asequible (Council for Affordable Health Coverage) ocupan cargos en su empresa matriz de cabildeo, Horizon Government Affairs, que interactúa activamente con los legisladores en nombre de PhRMA. Además, el Foro de Acción Estadounidense cuenta con un grupo de expertos que ayuda a las grandes empresas farmacéuticas a establecer los temas de discusión de la industria [12].

El Consejo para una Cobertura Sanitaria Asequible “promueve servicios médicos basados en el mercado, con un largo historial de oposición a otras políticas de salud que priorizan los servicios prestados por el gobierno, que los pacientes y votantes han rechazado sistemáticamente, como Medicare para todos, el sistema de pagador único, la ‘opción pública’ y la llamada ‘Ley de Reducción de la Inflación'”, escribió su portavoz, Kelly Broadway, en un correo electrónico a The Lever.

“En lugar de discutir el contenido de los argumentos [del Instituto de Investigación del Pacífico] a favor de las políticas orientadas al mercado que apoyan la innovación farmacéutica —y así salvar y mejorar vidas en todo el mundo— Patients for Affordable Drugs ha optado por participar en ataques ad hominem“, escribió Sally Pipes, directora ejecutiva del Instituto de Investigación del Pacífico, en un correo electrónico a The Lever. “Los responsables políticos y los ciudadanos merecen un debate honesto y abierto, no campañas de desprestigio que ocultan las consecuencias reales de los controles de precios del gobierno y otras políticas que se oponen a la innovación”.

El Foro de Acción Estadounidense “se centra en educar al público sobre cuestiones complejas de política nacional federal, incluyendo las que tienen que ver con la atención médica”, escribió Angela Kuck, vicepresidenta de comunicaciones, en un correo electrónico a The Lever. “Nuestra organización recibe contribuciones de una variedad de individuos, empresas, asociaciones comerciales y fundaciones… Nuestro sitio web indica claramente que la Red de Acción Estadounidense es una organización hermana, pero es una organización completamente separada del Foro de Acción Estadounidense” [13].

La Alianza para la Investigación del Envejecimiento, el Centro de Medicina de Interés Público y Seniors 4 Better Care no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Las grandes empresas farmacéuticas tienen un largo historial de financiar a sospechosas organizaciones fachada que dicen defender a los pacientes, pero que en realidad favorecen los intereses de la industria [14]. A finales de los años ochenta, por ejemplo, algunos grupos del movimiento en favor de la salud de la mujer, algunos grupos de defensa empezaron a depender en gran medida del patrocinio de las empresas farmacéuticas. Estas alianzas entre los grupos de defensa y la industria se normalizaron cada vez más a lo largo de la década de 1990, con “códigos éticos que regían las relaciones establecidas por las organizaciones y los grupos de la industria”, según un artículo publicado en 2019 [15].

Un informe publicado en 2017 reveló que más del 80% de las 104 principales organizaciones de defensa de los pacientes, con ingresos de al menos US$7,5 millones, aceptan financiación de empresas farmacéuticas y de dispositivos médicos, y los expertos afirman que esta generosidad probablemente influye en sus posturas sobre las políticas relacionadas con los productos farmacéuticos [16, 17]. Mientras tanto, los precios de los medicamentos genéricos y de marca son casi tres veces más altos en EE UU que en otros países [18].

Los nombres de las organizaciones fachada que se han identificado son “deliberadamente confusos”, afirma Basey. “Eso es lo que mejor saben hacer, es una especie de cortina de humo. Pero en realidad, rascas la superficie y ves a quién representan en realidad”.