En abril de 2025, el fiscal del distrito sur de Nueva York anunció un acuerdo por el que Gilead Sciences pagará US$202 millones por haber usado sus programas de conferencias para sobornar y persuadir a los médicos para que recetaran los medicamentos de la empresa para tratar el VIH y el sida [1].

Aunque el acuerdo abarcaba las actividades promocionales realizadas entre enero de 2011 y noviembre de 2017, refleja una práctica preocupante que ha persistido durante más de 30 años. En 2024, el Grupo de Investigación en Salud de Public Citizen publicó un informe en el que se documentaban las sanciones penales y civiles impuestas a la industria farmacéutica entre 1991 y 2021; encontramos que se habían alcanzado 482 acuerdos federales y estatales con los fabricantes, con un total de US$62.300 millones en sanciones económicas. Muchos de los acuerdos estaban relacionados con la prescripción de opioides [2]. Las sanciones económicas equivalían a un pequeño porcentaje de los US$1,9 billones en ingresos netos que obtuvieron las 35 mayores compañías farmacéuticas en solo 19 de estos 31 años (2000-2018).

Hay otros ejemplos recientes. En 2022, Biogen Inc acordó pagar US$900 millones para saldar las acusaciones de haber efectuado pagos a médicos de manera indebida [3]. En 2024, Endo Health Solutions fue condenada a pagar cerca de US$1.500 millones en multas y sanciones penales por distribuir medicamentos opioides de manera fraudulenta [4]. En 2025, Pfizer acordó pagar casi US$60 millones en respuesta a acusaciones sobre pagos indebidos a médicos por parte de una filial, antes de que fuera adquirida por la empresa [5].

El acuerdo con Gilead es especialmente inquietante por la conducta manifiestamente inapropiada que se describe. Gilead realizó programas de conferencias sobre el VIH para promocionar y aumentar las ventas de sus medicamentos, y el programa de adherencia a la regulación de la empresa no evitó dichas “prácticas indebidas”, a pesar de que los funcionarios sabían que “tenían que cumplir” la ley federal antisoborno [6]. Aunque los programas “debían ser de naturaleza educativa” y el gasto en las comidas “debía ser modesto”, en la práctica los programas fueron promocionales, no eran educativos, y las comidas no fueron modestas.

Según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, “los programas de conferencias sobre el VIH de Gilead ofrecían sobornos a los proveedores de atención médica: organizando cenas con motivo del VIH en restaurantes de lujo, que eran totalmente inapropiados para eventos educativos; permitiendo que los asistentes acudieran una y otra vez a cenas del programa VIH donde se hablaba exactamente del mismo tema y, con ello, disfrutaran de lujosas comidas gratuitas por participar en eventos con un valor educativo mínimo para ellos; y pagando a los conferenciantes para que pudieran viajar y dar charlas sobre el VIH en sitios atractivos —a veces a petición del mismo conferenciante—” [7]. De hecho, 250 personas que prescribieron los medicamentos contra el VIH de la empresa asistieron tres veces o más a un programa sobre el mismo tema, que incluía una cena, en un plazo de seis meses, y 80 asistieron a cinco programas o más en el mismo plazo de tiempo.

Cuando los médicos que “recibieron estas comisiones indebidas” recetaron los medicamentos contra el VIH de la empresa, “los programas federales de atención médica pagaron millones de dólares en reembolsos por recetas corruptas [8].

¿Qué se puede hacer? Dado que hay pocas expectativas de que cesen los pagos indebidos que hacen las empresas farmacéuticas a los médicos, el gobierno federal y los estados deben pedir a la industria farmacéutica que rinda cuentas por la promoción ilegal de medicamentos, los cobros excesivos a los programas gubernamentales y otras actividades ilícitas. Como ocurrió en el caso de la demanda contra Gilead, los fiscales pueden participar en las demandas presentadas por particulares, en virtud de las disposiciones qui tam o de denuncia de irregularidades de la Ley federal de Denuncias Falsas (Federal False Claims Act). Y los fiscales pueden estar más dispuestos a presentar cargos penales contra los ejecutivos de las empresas farmacéuticas, cuando los hechos lo justifiquen.

Este problema persistente no tiene una solución fácil.