El secretario de Salud y Servicios Humanos de EE UU, Robert F. Kennedy Jr., evalúa la posibilidad de remover a miembros de los comités de asesores externos que orientan al gobierno durante el proceso de aprobación de vacunas y en la toma de otras decisiones clave de salud pública.
Según fuentes cercanas al proceso [1], el objetivo de Kennedy es reemplazar a quienes considera que tiene conflictos de interés, en el marco de una estrategia más amplia para reducir la excesiva influencia de la industria farmacéutica en las agencias de salud federales.
El alcance de esta medida podría generar tensiones internas en el Departamento de Salud y generar inquietudes entre los profesionales de salud pública por un eventual debilitamiento de la confianza ciudadana en las vacunas.
El foco principal de este escrutinio es el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (Advisory Committee on Immunization Practices o ACIP) de los CDC, responsable de definir la política nacional en vacunas. Kennedy y sus aliados lo han señalado durante años como un organismo permeado por intereses de la industria, aunque expertos y miembros del propio comité han rechazado estas críticas, destacando que sus integrantes pasan por filtros para eliminar a los que tienen conflictos de interés y los miembros deben presentar declaraciones periódicas.
Este tema genera especial sensibilidad porque Kennedy ha sido durante años uno de los activistas antivacunas más visibles del país. Aunque en su proceso de confirmación aseguró no tener una postura contraria a la vacunación y prometió preservar la independencia del ACIP, su historial de declaraciones críticas y su relación profesional con los litigios contra la vacuna contra el VPH (Gardasil) alimentan las dudas sobre su neutralidad.
La incertidumbre se intensificó tras la cancelación de la primera reunión del ACIP bajo la administración Kennedy, inicialmente prevista para votar la inclusión de la vacuna contra la meningitis de GSK en el programa Vacunas para Niños y para discutir el caso del Gardasil. La suspensión se justificó por la falta de apertura del portal de comentarios públicos, requisito habitual para recoger opiniones ciudadanas antes de estas sesiones.
El retraso preocupa a fabricantes, especialistas y organizaciones de salud, quienes advierten que posponer decisiones podría limitar el acceso oportuno a vacunas ya aprobadas por la FDA y poner en riesgo a la población frente a enfermedades prevenibles.
El ACIP, compuesto por 19 miembros con derecho a voto, representantes de agencias federales y expertos de múltiples organizaciones, define el calendario de vacunación infantil que sirve de base para que los estados decidan que vacunas deben tener los niños cuando se matriculan en las escuelas. Aunque el director de los CDC no tiene la obligación de aceptar las recomendaciones de la ACIP, históricamente han sido adoptadas casi en su totalidad.
La cancelación de su próxima reunión motivó a una coalición de pacientes, médicos e investigadores a pedir su pronta reprogramación, recordando que “hacer a América más saludable requiere discusiones transparentes y decisiones basadas en evidencia”.
En este escenario, la tensión entre la promesa de Kennedy de combatir la influencia de la industria y las garantías dadas al Congreso de no alterar la independencia del ACIP se convierte en una encrucijada política y sanitaria. La forma en que se resuelva marcará no solo la confianza pública en las vacunas, sino también la dinámica de la relación entre el gobierno federal y la comunidad científica.
Se espera que Kennedy también influya en otros comités de asesores, incluyendo los de la FDA.
Actualización. El comité de la ACIP ha sido totalmente reemplazado
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