Derecho

Resumen
El acceso a los medicamentos y el derecho a la salud siguen siendo objeto de un amplio debate en la literatura académica. Los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas han trabajado mucho para elaborar el contenido normativo del derecho a la salud y la obligación de los Estados de defender este derecho, aunque traducirlo en beneficios tangibles para el público a nivel nacional sigue siendo un reto. Este trabajo explora el caso de Perú, y evalúa las decisiones destacadas del Tribunal Constitucional que han ayudado a aclarar las obligaciones del Estado en relación con la salud. Explico cómo la estrategia del tribunal basada en los derechos humanos ofrece lecciones que otros Estados pueden aprovechar para cumplir con sus obligaciones de garantizar el derecho a la salud, asegurando el acceso a los medicamentos esenciales.

Conclusión
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano muestra que en los casos relacionados con el acceso a los medicamentos tiene plenamente en cuenta el derecho a la salud previsto en la Constitución, y que su interpretación del derecho está en consonancia con las obligaciones del Estado en virtud del artículo 12 de El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). En los casos que se analizan en este documento, el valor de utilizar los derechos humanos es evidente, ya que reforzó el acceso de los pacientes a los medicamentos. Sin embargo, está menos claro si la judicialización del derecho a la salud ha mejorado los resultados en salud para la población de Perú. Por tanto, es difícil evaluar si la inclusión del derecho a la salud en la Constitución ha reforzado la protección del derecho a la salud en el país. Dicho esto, algunos han argumentado que la constitucionalización del derecho a la salud en los países latinoamericanos proporciona una vía para que los ciudadanos hagan valer sus derechos a nivel nacional y, por tanto, ofrece una importante motivación para que los Estados cumplan con sus obligaciones.

En Perú, estas decisiones clave han sido útiles para aclarar las obligaciones del Estado en relación con el derecho a la salud, así como a la hora de sortear retos como la limitación de recursos. El fortalecimiento de los servicios de salud se relaciona con los recursos, y las decisiones dejan claro que el Tribunal Constitucional reconoce la naturaleza progresiva de la salud como derecho social. Sin embargo, el tribunal también ha explicado que el Estado debe tomar medidas inmediatas y concretas para que el derecho se haga realidad. El test de tres partes desarrollado en Azanca es un ejemplo de buena práctica que otros estados pueden utilizar. Esta prueba se puede aplicar para evaluar las acciones de los Estados para avanzar progresivamente en ofrecer el derecho a la salud. También permite ejercer cierta flexibilidad al exigir el derecho social para ayudar a los pacientes que necesitan acceder a los medicamentos, al tiempo que tiene en cuenta los argumentos relativos a las limitaciones de recursos. Si bien este enfoque no resolverá todos los retos que plantea una cuestión muy compleja, podría ser una herramienta potencialmente útil que se puede considerar como parte del discurso en continua evolución sobre cómo se pueden defender eficazmente las obligaciones de los Estados en relación con el acceso a los medicamentos.

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