En 2021, la mayor parte de las ventas de AbbVie se realizaron en EEUU, pero la mayoría de sus beneficios se registraron en filiales extranjeras, reduciendo su factura fiscal a una tasa muy inferior al 21% estadounidense.

La mayor parte de los beneficios de AbbVie Inc., con sede en Illinois, provienen de las ventas de su medicamento contra la artritis (Humira) en EE UU, pero la empresa declara casi todos sus ingresos gravables en filiales extranjeras, según un informe del Comité de Finanzas del Senado que critica el uso que hace la farmacéutica de entidades en Bermudas y Puerto Rico para reducir su carga fiscal.

El informe de los demócratas [1] detalla cómo AbbVie Biotechnology Ltd., una filial de AbbVie con sede en Bermudas, que carece de empleados ni operaciones significativas en ese país, posee los derechos de propiedad intelectual de Humira en EE UU, uno de los medicamentos más vendidos del mundo. El medicamento se fabrica a través de una sucursal en Puerto Rico, que tiene una tasa tributaria baja, y que en EE UU, para efectos fiscales, se considera extranjera.

Según el informe, desde 2019 hasta la declaración de impuestos de 2021, que aún no es definitiva, la matriz de AbbVie registró US$28.800 millones en ingresos gravables. Casi todo ese dinero provino de filiales extranjeras, excepto menos de US$1.000 millones.

Esta estructura logra que los beneficios que Humira genera para AbbVie, incluso los relacionados con las ventas en EE UU, normalmente paguen el impuesto mínimo del 10,5% sobre los beneficios en el extranjero, y no la tasa nacional del 21%. Según el informe, gracias a estas normas y a otras exenciones, la empresa a veces ha pagado tasas impositivas de un solo dígito.

“Aunque se sabe que las grandes farmacéuticas utilizan esta estrategia para evitar el pago de impuestos, el alcance de la evasión fiscal de AbbVie es sorprendente. Hasta ahora no habíamos visto su magnitud”, dijo el presidente de la comisión, el demócrata Ron Wyden, que está llevando a cabo investigaciones similares sobre Abbott Laboratories, Bristol-Myers Squibb Co. y Merck & Co.

Antes de que se publicara esta noticia AbbVie no había hecho ningún comentario sobre el informe.

El informe critica la ley tributaria republicana de 2017, que creó ese impuesto mínimo del 10,5% y anuló el sistema por el que las empresas casi no tenían que pagar impuestos sobre las ganancias extranjeras hasta que las repatriaran.

El informe pretende reforzar los argumentos a favor de los cambios fiscales en EE UU para establecer un acuerdo global que obligue a pagar un impuesto mínimo del 15%, reduciendo la brecha entre las ganancias nacionales y extranjeras. Muchos demócratas, incluyendo el Sr. Wyden, quieren imponer ese mínimo del 15% en cada país en el que opere una empresa. Esto se incluyó en un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes el año pasado, pero podría cambiar durante las negociaciones entre el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (D, NY), y el voto decisivo Joe Manchin (D, WVa).

Desde que se promulgó la ley fiscal de 2017, las empresas estadounidenses han reducido ligeramente el traslado de sus beneficios a sedes extranjeras dijo Gabriel Zucman, profesor de economía de la Universidad de California en Berkeley. Según un documento de su coautoría, esa reducción es atribuible en gran parte a los cambios en la propiedad intelectual realizados por seis grandes empresas: Alphabet Inc, Meta Platforms Inc, Microsoft Corp, Qualcomm Inc, Cisco Systems Inc y Nike Inc.

La ley de 2017 creó incentivos para que esas empresas registraran los beneficios por sus ventas en el extranjero en EE UU, en lugar de contabilizar los beneficios en el extranjero.

Pero eso no ha sido tan cierto en la industria farmacéutica, porque las empresas han abastecido durante mucho tiempo al mercado estadounidense desde jurisdicciones extranjeras con baja tributación, donde a menudo se registran las patentes de medicamentos, las marcas comerciales y otra propiedad intelectual.

La reforma fiscal que se ha propuesto a nivel global exige un impuesto del 15% en cada país, y podría obligar a que se tomen decisiones sobre la ubicación de la propiedad intelectual en base a consideraciones no fiscales y de relaciones públicas.

Según el Sr. Zucman, bajo este sistema, “realmente carece de sentido tener la propiedad intelectual en lugares como las Bermudas y las Islas Caimán”.

La otra parte del acuerdo fiscal internacional propuesto, que no está previsto que se vote en EE UU este año, permitiría que los países gravaran a las grandes empresas, en parte, en función del lugar donde se encuentren sus consumidores. Esto está pensado para que las empresas europeas puedan gravar a las empresas tecnológicas estadounidenses, pero también podría permitir que EE UU obtenga más impuestos de las empresas farmacéuticas estadounidenses.