Un artículo publicado en STAT News critica al New England Journal of Medicine (NEJM) [1] por publicar un comentario que respalda firmemente la perspectiva de la industria farmacéutica sobre la fijación de los precios de los medicamentos, cuyos autores son economistas vinculados a una empresa farmacéutica, pero no lo declararon adecuadamente en su artículo.

El pasado mes de noviembre, el NEJM publicó el artículo “Drug-Pricing Debate Redux – Should Cost-Effectiveness Analysis Be Used Now to Price Pharmaceuticals?“[2] cuyos autores sostienen que el precio adecuado “es el precio basado en el valor de un medicamento, medido adecuadamente”. El comentario hace eco a las opiniones de los fabricantes de productos farmacéuticos [3], cuyos aumentos de precios superan regularmente la tasa de inflación y el aumento real de los costes de producción y distribución. Este argumento hace que las empresas farmacéuticas se sientan libres para cobrar todo lo que puedan extraer, en lugar de poner un precio relacionado con lo que les cuesta su producción, escriben Martin F. Shapiro, profesor de medicina del Weill Cornell Medical College, y Sidney M. Wolfe, internista y fundador y asesor principal del Grupo de Investigación en Salud de Public Citizen.

Shapiro y Wolfe afirman que el NEJM no aclaró a los lectores que los autores tenían profundos conflictos de interés directamente relacionados con el contenido del artículo, que involucraba a empresas que defienden y se benefician económicamente del punto de vista que expresaban [1].

“No hay justificación para no informar con total transparencia sobre las relaciones de los autores con las empresas que tienen intereses financieros relacionados con los temas sobre los que escriben. Todos los editores de revistas podrían -y deberían- hacerlo”, dice Wolfe. “Basándonos en la política de conflictos de interés de tipo financiero que el New England Journal of Medicine tenía en la década de 1990 y que era más estricta, un artículo tan inaceptablemente conflictivo habría sido claramente rechazado”.

El Instituto de Medicina (ahora la Academia Nacional de Medicina) ha definido los conflictos de interés como “circunstancias que generan el riesgo de que los juicios o acciones profesionales relativos a un interés primario se vean indebidamente influidos por un interés secundario” [4]. El Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas [5] recomienda que los artículos que se publican en revistas médicas sean transparentes e informen sobre dichos conflictos. Muchas revistas recopilan información sobre estas relaciones y algunas publican notas a pie de página en las que se especifican las empresas implicadas. El NEJM no advierte a los lectores en una nota a pie de página sobre tales relaciones, pero proporciona un enlace en línea para que se pueda leer la declaración de conflictos (que muchos no leerán porque se fían del escrutinio de los editores).

Algunos editores han señalado que son responsables de evitar que los autores con tales relaciones escriban editoriales y artículos de revisión, porque los lectores dependen de su objetividad.

“La industria farmacéutica gasta miles de millones de dólares al año en inducir la demanda de sus productos, cuyo precio es excesivo”, dijo Shapiro. “Las revistas médicas no deberían permitir que las compañías farmacéuticas hicieran publicidad gratuita publicando artículos de opinión que promuevan la estrategia comercial, socialmente regresiva de la industria”.

Nota de Salud y Fármacos. Según Statnews [1], este artículo se publicó en la sección “Perspectives” y demuestra que la política de la revista en materia de transparencia no es muy buena, y que su política para limitar los conflictos de interés de los redactores de editoriales no se aplica, al menos, en algunos artículos de la sección Perspectiva. El NEJM acepta que los autores tengan conflictos de interés financiero por debajo de un umbral “de mínimos”, definido inicialmente en US$10.000 anuales por empresa. Relman (que fue redactor jefe del NEJM de 1977 a 1991) advirtió que esos pagos podían ser lo suficientemente importantes como para influir en la actitud de los autores y que “los redactores están en un terreno más seguro cuando prohíben totalmente esos conflictos de interés en lugar de intentar gestionarlos estableciendo guías flexibles y negociando con los autores”.

Los autores del articulo cuestionado tenían amplios conflictos de interés de tipo financiero. Cohen declaró 48 conflictos financieros, todos con empresas con un interés sustancial en la fijación de precios de productos farmacéuticos, biológicos u otros productos médicos, incluyendo AbbVie, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Genentech, Gilead Sciences, GlaxoSmithKline, Janssen Biotech, Johnson and Johnson, Novartis, Pfizer, PhRMA Foundation y Precision Health Economics. De las 18 declaraciones de Neumann, 12 se relacionaban con empresas con intereses evidentes en la fijación de precios de los medicamentos, como Bayer, Merck y Sanofi Pasteur. Cuatro de los ocho conflictos de interés de Ollendorf son similares, incluyendo Amgen, Eli Lilly y Sunovion.

Los formularios para declarar los conflictos no informan sobre la magnitud del conflicto financiero. No se dispone de información sobre los pagos en Open Payments, un valioso recurso para identificar los conflictos de interés y su magnitud, porque sólo incluye a los médicos, y ninguno de los tres autores es doctor en medicina.