No todo es lo que parece. El pasado 30 de junio, el Senado Federal aprobó el Proyecto de Ley (PL) n.º 2583/2020, apodado recientemente como el «PL de la Soberanía Sanitaria», que establece la Estrategia Nacional de Salud del Complejo Económico-Industrial de la Salud [1]. Tras concluir su tramitación en el Congreso Nacional, el texto pasa ahora a manos del presidente de la República para su sanción.
En su exposición de motivos, el proyecto presentado por el diputado Dr. Luizinho (PP/RJ) describe una estructura de «incentivos para las industrias nacionales que produzcan artículos esenciales para el sistema de salud nacional, así como para la investigación y el desarrollo de productos, insumos, medicamentos y materiales, con el fin de generar autonomía en nuestro país».
Sin embargo, académicos y entidades de la sociedad civil señalan un problema fundamental en su contenido, que podría asestar un duro golpe a las aspiraciones de soberanía sanitaria del país. Al crear la categoría de «Empresas Estratégicas de Salud» (EES), las cuales gozarán de prioridad en las compras públicas y de mejores condiciones fiscales y de financiación para la fabricación industrial de bienes clave, con el objetivo de «enfrentar la dependencia productiva y tecnológica en el sector», se borran las distinciones entre los laboratorios oficiales, las empresas privadas nacionales y las filiales de multinacionales establecidas en Brasil. La propuesta de fortalecer la infraestructura pública queda herida de muerte.
«En un entorno de disputa por compras las públicas, PDPs [Asociaciones para el Desarrollo Productivo], financiación y prioridad regulatoria, la ausencia de mecanismos claros de priorización de la capacidad estatal tiende, en la práctica, a favorecer a los grupos privados con mayor poder económico y tecnológico, profundizando, en lugar de reducir, la dependencia estructural del SUS [Sistema Único de Salud]», critica una evaluación del Grupo de Trabajo sobre Propiedad Intelectual (GTPI), puesta a disposición de Outra Saúde.
El presidente del Centro Brasileño de Estudios en Salud (Cebes), Carlos Fidelis, también advirtió sobre los riesgos de la propuesta en un artículo: «En lugar de fortalecer la soberanía sanitaria brasileña, el proyecto puede tener el efecto contrario: ampliar la dependencia tecnológica externa, debilitar laboratorios públicos estratégicos como Bio-Manguinhos y Butantan, y comprometer uno de los instrumentos de política industrial más sofisticados construidos por el Estado brasileño en el campo de la salud: el uso estratégico del poder de compra del SUS para el impulso tecnológico, productivo e industrial».
Lula tiene hasta el 23 de julio para sancionar o vetar (total o parcialmente) el proyecto de ley PL 2583/2020. ¿Estará el país en condiciones de evitar este nuevo mecanismo que profundiza la dependencia?
Antecedentes
Desde la década de 1990, con el debilitamiento de la industria farmacéutica y farmoquímica nacional, debido a la apertura económica y a la firma del Acuerdo sobre los ADPIC (TRIPS) [2], el sector salud de Brasil se encuentra en una situación que muchos expertos definen como de dependencia comercial y tecnológica. El país importa cerca de un tercio de los medicamentos que consume (y este porcentaje no deja de crecer [3]). Pero incluso aquellos que se fabrican en territorio nacional, en cierto modo, «vienen de fuera»: solo producimos el 5% de los Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA) que utilizamos. El déficit en la balanza comercial del sector salud ya alcanza los US$20.000 millones.
A pesar de estos antecedentes, fue durante la pandemia de covid-19 cuando se agudizó la disputa global por mascarillas, vacunas y respiradores (que en general ganaron las grandes potencias mediante el robo de cargamentos y prácticas comerciales predatorias) que los gobiernos de todo el mundo comenzaron a dar mayor prioridad a la producción local de insumos sanitarios, con el objetivo de evitar nuevas crisis de abastecimiento.
Fue precisamente en este contexto que el diputado carioca Dr. Luizinho presentó el proyecto de ley (PL) 2.583/2020, durante el primer año de la emergencia sanitaria. Su redacción original [4], bastante más concisa que el texto que llegó al despacho de Lula el pasado 3 de julio, ya contemplaba la creación de la categoría de «Empresas Estratégicas de Salud» y un régimen tributario más favorable para estas iniciativas industriales. Sin embargo, el proyecto no cobró impulso y quedó a la deriva, pasando por diversos ponentes y comisiones de la Cámara de Diputados hasta 2025, sin llegar a ser aprobado.
Fue entonces cuando la tramitación de la propuesta se aceleró, después de que el Gobierno Federal la asumiera con el objetivo de mejorar su contenido. Mediante la incorporación de enmiendas, el texto pasó de 4 a 21 páginas, volviéndose mucho más sofisticado. En lugar de una «Estrategia Nacional de Salud», el proyecto propone ahora la creación de una «Estrategia Nacional de Salud del Complejo Económico-Industrial de la Salud», vinculándolo al concepto que ha guiado los esfuerzos de industrialización del sector sanitario de los gobiernos de Lula desde 2007.
Fundamentalmente, la nueva redacción del proyecto establece por ley que los «instrumentos de asociación» prioritarios para la industria de la salud serán las «Asociaciones para el Desarrollo Productivo» (Parcerias Para o Desenvolvimento Produtivo o PDP,) y los «Programas de Desarrollo e Innovación Local» (Programas de Desenvolvimento e Inovação Local o PDIL). Como ya informó Outra Saúde [5], estos acuerdos de transferencia de tecnologías sanitarias con empresas extranjeras han sido objeto de críticas debido a sus condiciones desfavorables para Brasil, y el largo período que se prevé será necesario para que los aprendizajes se transfieran a la industria nacional.
Conjunto de críticas
En una nota publicada el pasado 27 de junio [6], el Grupo de Investigación Salud, Sociedad, Estado y Mercado (Grupo SEM/UERJ) que aborda temas vinculados a la economía política de la salud, realizó un análisis pormenorizado de los problemas del «Proyecto de Ley de Soberanía Sanitaria». La evaluación, firmada por Roberta Dorneles, profesora del programa de Salud Colectiva de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), y Paulo Henrique Rodrigues, docente del Instituto de Medicina Social de la UERJ (IMS/UERJ), identifica cuatro deficiencias principales.
La primera de ellas es la propuesta, contenida en el artículo 2.º del proyecto, de crear «Empresas Estratégicas de Salud» sin establecer una distinción entre el sector público y el privado. «El proyecto de ley trata de la misma forma a los laboratorios oficiales que a las empresas privadas, tanto nacionales como multinacionales, en lo que respecta al acceso a inversiones públicas, ignorando, o pretendiendo ignorar, el enorme poder de cabildeo de las grandes farmacéuticas (Big Pharma). Lo que más llama la atención en este artículo es la ausencia de cualquier mención a los laboratorios públicos oficiales. Es un error plantear un proyecto de ley que versa sobre la soberanía sanitaria sin definir claramente el papel y la defensa de los laboratorios públicos oficiales», señalan los autores.
Es difícil exagerar la importancia del papel que han desempeñado los laboratorios oficiales en la historia de Brasil. Instituciones como Butantan, Farmanguinhos, BioManguinhos, Furp, Lafepe y otras infraestructuras estatales han sido, y siguen siendo, decisivas tanto para hacer frente a pandemias como la de la covid-19 o el VIH/sida, como para garantizar que la población brasileña tenga acceso a medicamentos de uso cotidiano. Por ello, resulta difícil comprender por qué no se les otorga prioridad en la política del CEIS (Complejo Económico-Industrial de la Salud).
Asimismo, se critica el protagonismo que adquirirían los acuerdos público-privados, como las PDP (Asociaciones para el Desarrollo Productivo), dentro de las políticas estatales relacionadas con la industria de la salud. Señalan:
«Los precios aplicados en las PDP (Asociaciones para el Desarrollo Productivo) del CEIS superan con creces los precios del mercado internacional; además, la política garantiza a las Big Pharma el monopolio, durante varios años, del suministro de medicamentos para el SUS».
Por otra parte, respecto al artículo 5º, cuestionan la definición de «autosuficiencia en la producción de medicamentos» basada meramente en la producción dentro del territorio nacional:
«El artículo ignora que la presencia de grandes empresas multinacionales, que solo ejecutan las etapas finales de la producción de fármacos en Brasil, no contribuye al desarrollo de la cadena productiva industrial, sino que promueve la transferencia de valor mediante el pago de patentes y regalías, y la remisión de beneficios a sus casas matrices en los países centrales del capitalismo».
La cuarta carencia es la «ausencia, en el proyecto de ley, de una propuesta relativa a la formación de recursos humanos para la industria farmacéutica». Tras destacar que una política en este sentido fue fundamental para que las industrias de China e India alcanzaran el marcado carácter soberano que poseen hoy, los expertos señalan que la falta de una «propuesta de articulación entre la industria, las universidades y las instituciones públicas de investigación en el proyecto de ley constituye otra prueba de su carácter dependiente y subordinado».
Otros analistas añaden más críticas. En un artículo para Jota, los juristas Ednaldo Ferreira y Leonardo Ramalho [7] sostienen que el artículo 27º no debería limitarse a contemplar, sino que debería establecer obligatoriamente, un margen de preferencia para las empresas estratégicas. «La mera posibilidad planteada en el texto, en la práctica, muy probablemente derivará en la no concesión de dicho margen de preferencia», argumentan.
En un artículo publicado en Outra Saúde, Reinaldo Guimarães, investigador de la UFRJ y vicepresidente de la Abrasco [8], también expresó su desacuerdo con la «falta de distinción entre las empresas farmacéuticas de capital nacional y las multinacionales, a la hora de conformar el grupo de empresas estratégicas de salud (EES)», así como con la «subestimación del papel de los laboratorios públicos».
Tramitación acelerada
Tras la reformulación de su texto, el Proyecto de Ley (PL) 2.583/2020 avanzó rápidamente por ambas cámaras del Congreso Nacional. Fue aprobado mediante votaciones bajo un régimen de urgencia tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado Federal. Se trató de una tramitación “sin un debate público más amplio con instituciones históricamente responsables de la construcción de la capacidad productiva estatal en salud, especialmente laboratorios públicos, instituciones científicas públicas, universidades, entidades sin fines de lucro y movimientos comprometidos con el SUS”, según señala el manifiesto del GTPI.
Sin duda, esta celeridad no favorece la formulación de una política que garantice la soberanía sanitaria, la superación de la dependencia, el fortalecimiento del SUS y garantice el derecho de la población brasileña a la salud. Aún existe un margen mínimo para realizar cambios antes de que Lula proceda a la sanción, al veto parcial o al veto total del texto proveniente del Parlamento.
No obstante, más allá de esta controversia específica, los analistas que se han pronunciado sobre los problemas del proyecto coinciden también en defender que es el sector estatal el que debe fortalecerse mediante las políticas de industrialización de la salud. Son necesarias “salvaguardas explícitas para el fortalecimiento de la producción pública y de la capacidad tecnológica nacional, reconociendo el papel estratégico de las instituciones públicas para la seguridad en salud del país”, señaló el Grupo de Trabajo sobre Propiedad Intelectual.
Para Carlos Fidelis, presidente del Cebes, “Brasil necesita, efectivamente, una estrategia nacional robusta para la salud; pero dicha estrategia debe fortalecer, y no debilitar el protagonismo del Estado, de los laboratorios públicos y de los instrumentos de política industrial y tecnológica orientados por el interés público. En el ámbito de la salud, la dependencia no es solo un problema económico. Puede costar vidas”.
“Brasil necesita una opción clara a favor de una política efectivamente soberana, y no una política que profundice la dependencia”, añadieron Roberta Dorneles y Paulo Henrique Rodrigues.
Referencias