Una corte de apelaciones estadounidense ratificó una medida cautelar para la demanda presentada por Gilead contra varios programas de financiación alternativa (en inglés AFP) y otras empresas relacionadas. El fallo podría resultar en una contracción del creciente sector de AFP [1].
Una investigación de la CNBC, realizada el año pasado, reveló que los AFP se han extendido por todo EE UU e importan medicamentos del extranjero. Las autoridades federales sostienen que esta práctica es ilegal.
Grupos de defensa de los pacientes señalan que la decisión de la corte de apelaciones podría obligar a las AFP a reducir drásticamente sus operaciones e incluso podrían llegar a cerrar sus negocios. Los AFP han defendido sus prácticas, alegando que son legales y seguras, y sostienen que sus empresas sirven de antídoto contra los elevados precios de los medicamentos recetados [1].
En diciembre de 2024, Gilead demandó a varias empresas por lo que calificó como la importación ilegal de Biktarvy, su medicamento contra el VIH. La demanda se interpuso después de que un paciente de Maryland recibiera el fármaco por correo desde Turquía, con una etiqueta con instrucciones en turco. La demanda se dirigió contra un AFP llamada Rx Valet y varias empresas afiliadas. Gilead también demandó a Meritain Health, que gestiona planes de salud para empleados y forma parte de Aetna, propiedad de CVS Health, y Pro-Act, un gestor de beneficios farmacéuticos [1].
Meritain rechaza categóricamente las acusaciones y se está defendiendo enérgicamente frente a la demanda. Por lo general, los AFP sostienen que los medicamentos que importan del extranjero son idénticos a los que se venden en EE UU. El tribunal no estuvo de acuerdo «Lo que Gilead vende en Turquía y lo que vende en Maryland tiene la misma fórmula química, pero los productos difieren sustancialmente y pasan por sistemas de control de calidad distintos», señaló el fallo [1].
Shabbir Imber Safdar, director ejecutivo de Partnership for Safe Medicines, una coalición de organizaciones sin fines de lucro y grupos de la industria farmacéutica, declaró que la decisión judicial deja claro que «no se pueden importar medicamentos sin trazabilidad y con etiquetas en idiomas extranjeros, entregárselos a pacientes estadounidenses y calificarlos como equivalentes a un fármaco aprobado por la FDA» [1].
Por otra parte, el 22 de octubre se cierra un vacío legal que permitía que millones de estadounidenses recurrieran a farmacias extranjeras para obtener medicamentos de uso diario a precios asequibles. Según un estudio de 2020, más de dos millones de residentes en EE UU adquieren sus medicamentos recetados fuera del país para ahorrar dinero [2].
Esto se ha hecho durante décadas, pero en un contexto legal ambiguo: aunque técnicamente las normas de la FDA prohíben la importación, los importadores señalan que la prohibición rara vez se hace cumplir. Históricamente, los agentes de aduanas han permitido el paso de paquetes de medicamentos de bajo valor (<US$800) para uso personal, en lugar de verificar individualmente cada uno de ellos conforme a los criterios de la agencia. Sin embargo, el gobierno ha ido dificultando estas importaciones. Desde agosto del año pasado, los pacientes que solicitan medicamentos por correo tienen que pagar tasas aduaneras por envíos que, anteriormente, llegaban sin costo adicional [2].
A partir del 22 de octubre, los medicamentos recetados deberán someterse a un proceso de entrada formal, que requerirá la participación de una empresa o persona responsable, legalmente sujeta a rendir cuentas en caso de que el envío no cumpla con los requisitos. Esta empresa tendrá que aplicar los criterios vigentes de la FDA para la importación de medicamentos para uso personal. Por lo general, la FDA no detiene un envío para uso personal si es para tratar una enfermedad grave para la cual no existe un tratamiento adecuado en EE UU, no se comercializa en EE UU, no conlleva riesgos de seguridad inusuales, y va acompañado de una prescripción médica para un suministro de 90 días o menos [2].
Esta nueva normativa ha generado preocupación entre los pacientes que suelen adquirir sus medicamentos en farmacias extranjeras. La organización Campaign for Personal Prescription Importation (CPPI), con sede en Nueva Jersey, indicó que la situación se convirtió en un «problema de máxima urgencia». En menos de dos semanas, 20.000 personas se afiliaron a su organización. La organización ha recibido más de 1.000 correos electrónicos desesperados y ha coordinado el envío de más de 28.000 cartas a miembros del Congreso [2].
La norma se aplica a cualquier envío postal regulado por la FDA procedente de cualquier país, incluyendo envíos de medicamentos de menor envergadura desde India, el Reino Unido, Australia y Turquía. No modifica las regulaciones que afectan a los estadounidenses que compran medicamentos en persona durante sus viajes al extranjero [2].
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