Como se afirma en el RD, la prestación farmacéutica en el SNS es una pieza esencial del derecho a la protección de la salud, y debe garantizar que los pacientes reciban los medicamentos y productos sanitarios que precisen al menor coste posible para ellos y para la comunidad. Sin embargo, las organizaciones firmantes consideramos que el proyecto de RD por el que se regula la financiación y fijación de precios de los medicamentos, camina en sentido contrario.
El proyecto de RD mezcla continuamente los conceptos de financiación pública y de precio industrial máximo de los medicamentos, sin que aplique criterios diferenciados para las decisiones de financiación y precio, lo que alimenta la confusión del proceso y sirve para consolidar los precios abusivos.
El RD asume la pretensión de la industria farmacéutica de fijar el precio de los medicamentos no en base a su coste de fabricación y, en su caso, de investigación, sino en base a un concepto más ambiguo y mucho más lucrativo: su valor, incluyendo el terapéutico, el industrial y el social, lo que ofrece un enorme margen de maniobra a la industria para lograr incrementos de precio de 10 y hasta 100 veces, tanto si se trata de medicamentos genéricos como innovadores.
Según el nuevo sistema de precios notificados que establece el RD, cualquier medicamento que compremos en una farmacia con una receta que no sea del SNS nos lo cobrarán al precio notificado que haya decidido el laboratorio y que, por mandato del nuevo RD, tiene que ser obligatoriamente más caro.
Según el proyecto de RD la CIMP (Comisión Interministerial de precios) adoptará las decisiones sobre financiación, precio y condiciones de utilización de los medicamentos en el SNS tomando en consideración:
Resulta difícil justificar que el Sistema Nacional de Salud deba compartir buena parte de la información que genera mientras permanecen protegidos por la confidencialidad los aspectos económicos y comerciales más relevantes. La política farmacéutica debería servir para reforzar la capacidad del sistema público, no para aumentar la posición negociadora de quienes ya concentran un enorme poder económico y tecnológico.
Consideramos que el nuevo RD permite un abuso, por sobreprecio y sobre prescripción que perjudican a la ciudadanía y a la sanidad pública, al detraer importantes recursos al sistema sanitario que podrían destinarse a personal y a reducir las listas de espera, mejorando la calidad de atención.
Las organizaciones firmantes reclamamos la sustitución de este RD por uno nuevo que ponga los intereses del SNS y de los ciudadanos en el centro.
En Madrid, 14 de julio de 2026