El exitoso programa Remediar, que ha estado abasteciendo a los centros de atención primaria de Argentina desde 2002, está siendo desfinanciado y ha pasado de cubrir 75 principios activos a solo tres: losartán con amlodipina, furosemida y rosuvastatina, todos para enfermedades crónicas no transmisibles. A continuación, resumimos un artículo publicado en Perfil [1] que describe lo sucedido.
Remediar nació del Decreto de Necesidad y Urgencia 486/2002, que declaró la Emergencia Sanitaria Nacional en el peor momento de la crisis de 2001-2002 – caída del PBI del 10,9%, pobreza del 53%, devaluación cercana al 280% que encareció críticamente el precio de los medicamentos.
El Estado Nacional pasó a unificar la demanda de todas las provincias y a comprar medicamentos a través de licitaciones públicas nacionales e internacionales, para generar economías de escala y obtener descuentos por volumen de los productores de medicamentos
Los pliegos obligaban a los adjudicatarios a imprimir en el envase de forma indeleble la leyenda de prohibición de venta y canales de denuncia, garantizando la trazabilidad y la naturaleza gratuita del medicamento, con lo cual, los botiquines se distribuían gratis, y sin intermediarios, a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).
El programa se sostuvo sin interrupciones durante veinte años, bajo gobiernos de signos opuestos. Alrededor de 2022 llegaba a 8.042 CAPS y había distribuido 37,9 millones de tratamientos, con un ahorro del 87% frente al precio de venta al público. En sus primeros veinte años distribuyó 685 millones de tratamientos, con un ahorro histórico del 85,8%.
El desfinanciamiento del Plan Remediar comenzó con el cambio de gestión a fines de 2023. Las compras de ese último año dejaron un stock que amortiguó el impacto durante 2024 y buena parte de 2025.
El 31 de marzo de 2026, el Ministerio de Salud comunicó verbalmente a las provincias el fin de la modalidad vigente. Remediar quedó discontinuado el 1° de abril, se sostuvo con una compra de emergencia, y desde julio el vademécum se fue reduciendo en etapas hasta quedar limitado a los tres fármacos mencionados a partir de septiembre. De los casi 8.100 centros que recibían botiquines, solo 800 siguieron haciéndolo, y la cantidad entregada por cada 100 habitantes cayó de 3,5 unidades a apenas 1.
El Ministerio de Salud sostiene que el programa no se elimina, sino que se relanza: concentra la compra en las enfermedades crónicas de mayor impacto, hipertensión, cardiopatía isquémica y ACV, responsables del 73% de las muertes en el país, y delega en cada provincia la compra de medicamentos de bajo costo y venta libre.
Otros lo describen como desabastecimiento no formalizado, porque los cambios no se comunicaron por escrito ni se plasmaron en ningún instrumento normativo publicado.
Las dos lecturas no son excluyentes. Si se retiene solo el 9,88% de los centros de salud y solo se distribuye el 4% del vademécum histórico, la cobertura combinada se contrae un 99,6% respecto de la vigente hasta 2023. Eso no equivale a que la población pierda todo el acceso, las provincias pueden compensar con presupuesto propio, pero mide la escala de lo trasladado hacia 24 jurisdicciones con capacidades fiscales muy desiguales.
Las fuentes consultadas identifican como grupos más expuestos a la pérdida de cobertura gratuita a la población pediátrica (antibióticos, antifebriles, analgésicos), las gestantes (suplementación con hierro durante el control prenatal, prevista en la Ley 27.611 de los “1000 días”), las personas con enfermedades crónicas no incluidas en las tres moléculas remanentes, diabetes, hipotiroidismo y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Ese repliegue se produce en un contexto de desarticulación de todo otro mecanismo de contención de precios. Desde diciembre de 2023, en el marco de la desregulación general dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, los precios de venta al público quedaron liberados a la dinámica del mercado.
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