En una audiencia pública celebrada en la Cámara de Diputados el 14 de julio de 2026 [1], representantes del ámbito académico, de la industria brasileña, de los funcionarios del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y del gobierno rechazaron la propuesta de extensión de las patentes farmacéuticas en Brasil, señalando el riesgo de encarecimiento de los medicamentos y aumento de los costos para el Sistema Único de Salud (SUS).
Recientemente, se presentaron dos proyectos de ley ante el Congreso Nacional: el Proyecto de Ley n.º 5.810/2025 [2], impulsado por parlamentarios del PL, União Brasil y PP, y el Proyecto de Ley Complementaria (PLP) n.º 32/2026 [3], escrito por la diputada del partido Podemos. Con una redacción curiosamente similar, ambos proponen un «ajuste en el plazo de vigencia de las patentes» ante un supuesto «retraso» por parte del INPI en el análisis de la solicitud. En ambos casos, los derechos de propiedad intelectual podrían extenderse hasta cinco años adicionales.
La aprobación de estos proyectos supondría una victoria para las corporaciones farmacéuticas extranjeras que venden sus productos en Brasil. Esto se debe a que dicha extensión prolongaría «el monopolio de los titulares de las patentes, lo cual obstaculiza la competencia en el mercado y retrasa la comercialización de medicamentos genéricos y biosimilares, postergando así posibles ahorros en las compras públicas», explicó Constance Chabin, coordinadora general de Promoción y Regulación del Complejo Industrial en el Ministerio de Salud.
Un estudio de impacto presupuestario realizado por dicho ministerio estima que la extensión de las patentes podría incrementar el gasto del SUS en la adquisición de medicamentos en hasta 16.000 millones de reales (1US$=5,48 reales en 2026), dependiendo del escenario. En la práctica, esto representaría una transferencia directa de fondos públicos brasileños hacia «Big Pharma», dado que la gran mayoría de los medicamentos patentados son propiedad de grandes empresas extranjeras.
La economista y profesora Júlia Paranhos (Universidad Federal de Río de Janeiro, autora de dos estudios [4,5] sobre las posibles consecuencias de la medida, señala que su implementación afectaría “la sostenibilidad del SUS”. La investigadora también evaluó que “esta presión para extender el plazo de las patentes no es un hecho aislado; forma parte de un conjunto de mecanismos que se han presentado ante Brasil, y ante los países en desarrollo en general, bajo diferentes disfraces”.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Funcionarios del INPI (Instituto Nacional de Propiedad Intellectual), Wladmir Batista de Lara, afirmó que la propuesta prospera en un escenario en el que el organismo no cuenta con personal suficiente para analizar las solicitudes de patentes. “Sin invertir en capital humano, el problema no se resuelve; además, los efectos de la medida ejercerán mayor presión sobre el PIB, el presupuesto público y los gastos de las familias”, advierte.
En respuesta a una pregunta planteada por el periodista de Outra Saúde durante la audiencia, el director ejecutivo de la Asociación Brasileña de la Industria de Medicamentos Genéricos y Biosimilares (PróGenéricos), Tiago de Moraes Vicente, confirmó que la extensión de las patentes puede dificultar el acceso de la población a medicamentos esenciales: “Por pequeño que sea el aumento, en la realidad del Brasil profundo, esto sin duda restringe la adquisición de medicamentos”.
El diputado Clodoaldo Magalhães (PV-PE Partido Verde en el estado de Pernambuco), quien promovió la audiencia, sostuvo que, además de hacer frente a las propuestas de extensión, es necesario “aumentar el número de licencias obligatorias [anulación de patentes], en función de las necesidades sanitarias de la población mundial, especialmente en los países en desarrollo”. El parlamentario destacó el éxito de la experiencia de India, tanto en la lucha contra las patentes injustificadas como en el desarrollo de una sólida industria nacional de medicamentos genéricos.
Referencias