Los Países y la Propiedad Intelectual

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés) es un tratado internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que pretende unificar y simplificar los procedimientos de solicitud de patentes a nivel internacional [1].

El tratado contiene tres cláusulas que tienen un impacto en el sector farmacéutico: la extensión del plazo de 12 a 30 meses para que un inventor argentino decida en qué países protegerá su invención, y un extranjero presente la solicitud en la Argentina; la posibilidad de presentar una única solicitud que cubra a los 158 Estados miembros del acuerdo; y la incorporación de un examen preliminar internacional no vinculante [2].

Si bien el PCT no otorga automáticamente una patente internacional, ya que la decisión final continúa formalmente bajo jurisdicción de las oficinas nacionales de patentamiento, consolida un mecanismo de priorización global de los derechos de propiedad intelectual que en la práctica facilita la expansión simultánea de monopolios tecnológicos en múltiples jurisdicciones [1].

Argentina ha estado rechazando la adhesión al PCT desde 1970, con el objetivo de preservar sus márgenes de regulación soberana, proteger a la industria nacional y favorecer el acceso a medicamentos genéricos. Además, históricamente, Argentina ha adoptado criterios de patentabilidad relativamente restrictivos para limitar las prácticas abusivas de extensión monopólica y favorecer el acceso a genéricos.

Consecuentemente, uno de los aspectos más debatidos del sistema es el examen preliminar internacional que se realiza en el marco de la OMPI. Aunque dicho resultado no tenga carácter jurídicamente vinculante, varios especialistas advierten que, en la práctica, opera como una validación técnica con fuerte capacidad de incidencia sobre las decisiones de las oficinas nacionales de patentes. La extensión de la protección por patentes puede retrasar o limitar el desarrollo de medicamentos genéricos. La producción de genéricos es una de las herramientas principales para reducir los precios y ampliar el acceso a tratamientos, especialmente en países de medianos ingresos [1].

La discusión de fondo no gira en torno a la innovación o la simplificación de procedimientos, sino sobre el nivel de monopolización que puede tolerar un sistema de salud sin afectar el derecho efectivo a la salud, la capacidad de rectoría estatal y la sustentabilidad de los sistemas públicos de salud [1].

La adhesión de Argentina al PCT forma parte de los compromisos adquiridos por el país al firmar el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI) con EE UU.

En Argentina, el grupo comercial que nuclea a las empresas farmacéuticas argentinas (Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos – Cilfa) estaba en contra de la adhesión al PCT, mientras que el que agrupa a los laboratorios extranjeros (la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales -Caeme) estaba a favor [2].

La Cilfa solicitó oficialmente a la Cámara de Diputados que incluyera una reserva en el Capitulo II del tratado (referido al “Examen Preliminar Internacional”) para proteger a sectores de la industria farmacéutica. Según Cilfa es la “opción más conveniente” para “limitar los efectos adversos sobre la competencia, incluyendo la salud pública, la industria y el empleo nacional”, al tiempo que permite, con su adhesión al tratado, cumplir con el compromiso establecido con EE UU [2].

Cilfa sostiene que los informes preliminares podrían condicionar las decisiones locales y facilitar la aprobación de patentes que actualmente son rechazadas. Consideran que estos exámenes podrían fomentar el evergreening, es decir, que los laboratorios extranjeros extiendan sus patentes y monopolios a través de modificaciones menores de sus productos [2].

Entienden que la reserva al Capítulo II “limita el peso de los informes internacionales en la evaluación nacional y, en consecuencia, las restricciones a la competencia que se derivarán de la expansión del número de patentes por el evergreening” [2].

El Capítulo II del CPT establece la posibilidad de que los solicitantes peticionen la Realización de un examen preliminar internacional. Este examen constituye una opinión sobre la patentabilidad de la supuesta invención. Existen razones suficientes para justificar la decisión de Argentina a obligarse únicamente al Capítulo I del PCT haciendo uso de la reserva respecto del Capítulo II prevista en el art. 64 1 a] del PCT, pues reduce el impacto sobre la capacidad de aplicar criterios de patentabilidad orientados a evitar el evergreening, ya que limita el peso de los informes internacionales en la evaluación nacional y, en consecuencia, las restricciones a la competencia que se derivarán de la expansión del número de patentes evergreening.

La Cámara que nuclea las filiales de los laboratorios internacionales consideró que la adhesión al tratado “es fundamental porque integra al país a un sistema que utilizan más de 150 países y genera un marco de mayor previsibilidad para investigadores, universidades y empresas vinculadas a la innovación” [2].

La Cámara de Diputados aprobó la adhesión a la propuesta el 26 de agosto de 2026 (con 147 votos a favor y 93 en contra), pero al introducirle las modificaciones solicitadas por Cilfa, el texto regresó al Senado para su sanción final, donde se espera que sea aprobado.

A pesar de la reserva, muchos consideran que es probable que el INPI “otorgue de forma casi automática las patentes a los laboratorios internacionales a raíz del examen preliminar”, dada la cantidad de solicitudes que están pendientes, cuya cifra supera las 4.000 [2].

También hay quien considera que la adhesión al Tratado aumentará el interés de productores extranjeros en solicitar patentes en Argentina [2].

En opinión de los críticos, el Tratado no es lo único que podría afectar el acceso de los argentinos a los medicamentos asequibles. Argentina tiene una poderosa industria farmacéutica, el problema es que los precios de los medicamentos no son más bajos sino más caros que en otros países. Expertos en salud dicen que el genérico debería costar el 20% de lo que vale un medicamento protegido por patente, pero cuesta casi lo mismo [3].

En un mercado que, según datos de Cilfa de 2025, mueve más de US$8.000 millones al año, el gobierno de Milei tomó dos decisiones que favorecen a los laboratorios extranjeros, no a los pacientes argentinos. Por un lado, el Tratado. Por el otro la derogación de la Resolución Conjunta que fijaba guías de examen de patentes para los medicamentos y limitaba la extensión de las patentes (evergreening). La nueva Resolución Conjunta 1/2026 que se firmó el 18 de marzo de 2026 derogó la anterior, del 2 de mayo de 2012, que ponía límites a la Ley de Patentes 24481 que entró en vigor en 2000. Al mes siguiente de la modificación libertaria, el INPI concedió 90 patentes farmacéuticas y biotecnológicas que con las guías de patentamiento no se hubieran otorgado. Según datos de los empleados del organismo, el 87,7% de las solicitudes de patentes medicinales son extranjeras. El tratado que el Senado está por votar incrementará rápidamente ese porcentaje [3].

Al quitar la resolución conjunta, la decisión de patentar o no un medicamento queda en manos del funcionario público [3].

El INPI, dicen los críticos, tiene problemas estructurales: demoras significativas en los exámenes de las patentes, recursos técnicos limitados, falta de previsibilidad en algunos criterios técnicos, vulnerabilidad frente a presiones externas y la política de estado: bajísimos salarios de personal calificado. Los salarios de los examinadores de patentes son de los más bajos comparados con otras oficinas de marcas y patentes de la región (INPI-BR, INAPI, DNPI, SIC) [3]. Por otra parte, las decisiones del INPI dependen mucho de los estudios jurídicos que redactan los poderes económicos.

Un trabajo del Observatorio Sudamericano de Patentes afirma que la connivencia entre los grandes bufetes y el INPI se manifiesta en tres niveles clave. En primer lugar, la captura del conocimiento técnico o “know-how” privado como barrera de entrada. “El INPI depende de examinadores técnicos y jurídicos. Sin embargo, la complejidad de ciertas solicitudes, especialmente en el caso de las patentes farmacéuticas, biotecnológicas o software, hace que los examinadores recurran a criterios que, en muchos casos, definen los expertos que representan a los solicitantes de patentes o a las oficinas de patentes de EE UU (USPTO) o Europa (EPO). Los grandes bufetes no solo redactan las solicitudes, sino que participan en mesas de trabajo, capacitaciones y comités técnicos donde se definen los criterios de patentabilidad. Esto crea una asimetría de información donde el regulador (INPI) depende del regulado (expertos privados que representan a las empresas) para entender su propio campo”, especifica el estudio [3].

En segundo lugar, la rotación de personal o puerta giratoria se convierte en una herramienta de influencia directa. Se advierte un flujo constante de funcionarios entre la alta dirección del INPI y los estudios jurídicos privados. “Este fenómeno genera trato preferencial implícito, conocimiento de debilidades internas y la judicialización estratégica como mecanismo de presión, porque los grandes despachos de expertos no solo litigan contra terceros, sino también contra el propio INPI” [3].

Según el Observatorio, los despachos más poderosos, que representan a laboratorios extranjeros, mantienen departamentos de litigio estratégico que judicializan decisiones del INPI que les son adversas y empujan al organismo a adoptar criterios más “amigables” para evitar costos procesales.

En el área de patentes, los grandes despachos tienen acceso a información privilegiada sobre los criterios de examen del INPI. A través de reuniones “técnicas” informales, logran que el INPI adopte interpretaciones restrictivas de la ley de patentes (por ejemplo, ampliando el concepto de “innovación” o “actividad inventiva” para favorecer a sus clientes). El regulador funciona como asesor del sector privado y define reglas que benefician a los actores más poderosos en detrimento de la competencia genérica y del acceso a medicamentos. Estos procesos no se inician con la actual administración, pero ahora se incorporan a la legislación [3].