Europa y el Reino Unido

La «apropiación de poder» del ministro de salud para anular al NICE genera preocupación por su posible ilegalidad y por los beneficios que puede representar para las grandes farmacéuticas.

Decenas de diputados se oponen a la decisión de Wes Streeting de auto-otorgarse la facultad de dictar cuánto paga el NHS (Servicio Nacional de Salud) por los medicamentos, por la creciente inquietud de que esta medida pueda ser ilegal.

Treinta y un diputados han firmado una moción en la Cámara de los Comunes expresando su rechazo a que el ministro de salud asuma el poder de anular el criterio del Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y la Atención (National Institute for Health and Care Excellence o NICE) sobre cuánto debe gastar el NHS en medicamentos concretos.

Temen que este cambio se convierta en una «apropiación de poder» y socave el papel que NICE ha desempeñado desde su creación en 1999: actuar como árbitro independiente y determinar qué medicamentos ofrecen una buena relación calidad-precio para que los adquiera el NHS, y por tanto, cuáles pueden recibir los pacientes en Inglaterra y Gales. A nivel internacional, se considera que el NICE es un modelo de protección frente a los precios excesivos que cobran las compañías farmacéuticas.

Diputados laboristas, verdes, liberal-demócratas, independientes, nacionalistas escoceses y de Plaid Cymru han respaldado una moción de oposición formal (conocida en el procedimiento parlamentario británico como prayer) [1], presentada por el exministro de Economía del gabinete laborista en la sombra, John McDonnell. Los diputados utilizan este mecanismo para manifestar su desacuerdo con una norma reglamentaria —legislación secundaria o normativa sobre la que no se vota— que el gobierno emplea para implementar un cambio de política que se ha decidido previamente.

Recientemente, una norma reglamentaria otorgó a Streeting la facultad de «dar instrucciones al NICE sobre el umbral de coste-efectividad aplicable a una tecnología sanitaria en proceso de evaluación», como parte del acuerdo del gobierno con la administración de Donald Trump sobre los precios de los medicamentos [2].

McDonnell declaró:

«Uno de los objetivos explícitos de la creación del NICE era blindar al NHS de la poderosa y bien financiada presión de los grupos de interés de la industria farmacéutica.

Los cambios que el gobierno está introduciendo en el NICE, a raíz del acuerdo farmacéutico con EE UU, socavan la independencia de NICE, y otorga a las grandes farmacéuticas estadounidenses una influencia potencialmente enorme sobre nuestras políticas de medicamentos.

Esto conlleva el riesgo de que valiosos recursos del NHS dejen de utilizarse en tratamientos que salvan vidas para acabar en manos de las compañías farmacéuticas, en detrimento de los pacientes».

Helen Morgan, portavoz de sanidad de los Liberal-Demócratas, afirmó que Streeting recibió la facultad de dar órdenes al NICE porque el primer ministro, Keir Starmer cedió ante «el acosador de la Casa Blanca».

Ella declaró: «Este cambio en las normas del NICE se produce claramente a instancias de Trump, y no porque el gobierno considere que beneficiará a los pacientes».

Los ministros han defendido el acuerdo argumentando que ayuda a que las exportaciones británicas de medicamentos a EE UU eludan los aranceles y permite que los pacientes accedan a fármacos que podrían prolongar su vida, y a los que de otro modo no tendrían acceso.

A la preocupación de los parlamentarios se ha sumado un aliado inesperado: Andrew Lansley, exministro de salud conservador y actual miembro de la Cámara de los Lores. Lansley ha presentado una «moción de pesar» ante dicha Cámara, advirtiendo que la normativa amenaza con socavar la independencia de NICE y parece incompatible con la Ley de Salud y Asistencia Social de 2012, la cual «establece que ninguna directriz del Secretario de Estado se puede referir al contenido sustancial de las recomendaciones del NICE».

Entretanto, los expertos de salud están cada vez más alarmados por el acuerdo general entre el Reino Unido y EE UU. El centro de estudios Health Foundation ha advertido que el aumento del gasto del NHS en medicamentos obligará a realizar «recortes difíciles» en otros servicios que mejoran la salud de los pacientes a menor costo [3].

Recientemente, el economista Eric Yang señaló en un blog: «Dada la creciente presión sobre la financiación del NHS, derivada de una mayor demanda y de los cambios demográficos, es difícil que el NHS se pueda permitir sacrificar recursos para asumir una factura farmacéutica más elevada a corto plazo. La gestión del presupuesto del NHS siempre ha implicado tomar decisiones difíciles y asumir contrapartidas, pero el acuerdo sobre los precios de los medicamentos entre el Reino Unido y EE UU hará que, en el futuro, estas decisiones sean aún más complejas».

En un editorial mordaz, Kamran Abbasi, redactor jefe del British Medical Journal, afirmó que el acuerdo supondría que «los contribuyentes británicos terminarán perjudicando a las personas vulnerables para aumentar los beneficios de unas empresas farmacéuticas que ya obtienen ganancias obscenas».

Y añadió: «El gobierno laborista del Reino Unido está sacrificando la salud y el bienestar de su población, e inevitablemente, de los sectores más vulnerables de la misma, para cerrar acuerdos comerciales que benefician principalmente a las empresas y a la economía de EE UU […] Se está sacrificando la salud de la población en aras de la riqueza empresarial, lo cual contradice frontalmente la afirmación del gobierno de que actúa en el mejor interés del pueblo británico»,

Estas declaraciones hacen eco a las preocupaciones expresadas el año pasado por la Dra. Samantha Roberts, entonces directora ejecutiva del NICE: «Los fondos de los contribuyentes son limitados. Si se gasta más dinero en medicamentos, significa que se deja de invertir en otra cosa». «Podría tratarse de un reemplazo de cadera o de una enfermera», advirtió.

El Departamento de Salud y Asistencia Social negó que la libertad de acción del NICE fuera a verse comprometida. «En la ciencia médica esta experimentando una revolución, y el ministro está decidido a garantizar que los frutos de esta revolución beneficien a muchos, no solo a quienes puedan pagarlos», declaró un portavoz.

«Hemos tomado medidas para facilitar la incorporación de medicamentos innovadores al NHS, lo que significa que miles de pacientes tendrán mejor acceso a tratamientos que transforman vidas. Esto incluye la reciente aprobación de un fármaco contra el cáncer cerebral para pacientes de 12 años de edad y mayores.

La independencia del NICE está garantizada. Seguirá elaborando sus orientaciones y recomendaciones, totalmente al margen de injerencias políticas, como siempre ha hecho, equilibrando la eficacia clínica de un tratamiento con su coste para asegurar que los contribuyentes obtengan una buena relación calidad-precio».

La Asociación de la Industria Farmacéutica Británica (ABPI) también defendió el cambio.

Un portavoz de la ABPI declaró: «Este cambio no otorga a ningún ministro del gobierno la facultad de dictar al NICE qué decisiones debe tomar. No obstante, deja claro que el gobierno es responsable de establecer los parámetros en los que opera NICE. Se preserva la independencia del NICE, y esto es de vital importancia».