Atrapados por el dilema del prisionero
Las iniciativas legislativas del Ministerio a favor de mantener la opacidad del precio de adquisición de los medicamentos, nos muestra que parece estar atrapada por una variante perversa del dilema del prisionero. Los lobbies farmacéuticos sostienen que, si el Ministerio dice la verdad y publica de forma transparente el precio real de adquisición de los medicamentos financiados, los intereses públicos saldrían perjudicados y que además se retrasaría el acceso a los pacientes de los medicamentos innovadores [1-4]. En línea, el Sr Trump, con la aprobación de la “Cláusula de la Nación Más Favorecida” para EEUU, establece que pagará por los medicamentos una cantidad igual al país que pague un precio más bajo entre los que forman el G7, Suiza y Dinamarca [5, 6], lo que redundaría en la idea de que no se hagan públicos los precios reales en nuestro país.

Es muy preocupante que el Ministerio haya sido atrapado por este dilema, andando en sentido inverso a la transparencia. Si el Ministerio se decanta por la opacidad, seguiremos manteniendo una situación de elevado gasto en medicamentos con inmensos recursos destinados a pagar la factura farmacéutica, en detrimento de las necesidades asistenciales. Si el Ministerio se decanta por la transparencia se anuncia que la situación sería peor.

La asignación de precios de los medicamentos y la decisión de financiación para el sistema público de salud está regulada en nuestro país [7]. Este proceso de negociación entre la administración y las compañías farmacéuticas no es transparente y los acuerdos de precios son muchas veces abusivos. Las compañías farmacéuticas mantienen precios diferentes y secretos para cada país, solo publicando precios de catálogo que sirven de base a los llamados precios de referencia externos, que determinan en buena parte la negociación. La situación se explica por la capacidad y privilegio de la industria farmacéutica, blindada por el sistema de patentes y exclusividad que conforman los monopolios farmacéuticos, lo que permite generar ingresos muy por encima de los costos de I+D y de producción. Los elevados precios son una de las principales causas de que sea tan elevado y sostenido el gasto de medicamentos de nuestro país [8], que alcanza el 24 % del total del gasto sanitario público [9].

Ello se suma a mantener también la opacidad de la industria sobre los costos reales invertidos en la I+D de un nuevo medicamento, a sus costes de producción y al desconocimiento de la inversión pública dedicada a su desarrollo.

Puede leer el articulo completo en el enlace que aparece en el encabezado. Le adelantamos que los temas que discute este articulo, que está muy bien documentado son las siguientes:

La defensa de la transparencia por las organizaciones sociales.

¿Qué aportan las iniciativas legislativas actuales del ministerio frente a estas demandas?

Las consecuencias, lo que podemos perder.

Corolario
El modelo actual necesita profundas reformas si queremos garantizar el derecho a la salud y la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario [47]. Necesidad de afrontar esta situación y replantear la política farmacéutica sobre nuevas bases, y definir una hoja de ruta junto con otros países afectados como el nuestro por la sostenibilidad, tomando iniciativas basadas en la transparencia para una negociación de precios más justa y equilibrada. Es una necesidad a nivel de la Comunidad Europea y a nivel mundial. Y para cerrar el paso a intereses mediados por grupos financieros y por encima del control democrático. Plantearse cambiar las cosas es el primer paso y un reto, al igual que se plantea en otras áreas esenciales como la limitación del porcentaje del gasto militar.

Si queremos mantener los derechos alcanzados por la sociedad en áreas básicas como la salud, se hace evidente la necesidad de una reflexión y posicionamiento en los decisores políticos. Es esencial para avanzar en el acceso justo a medicamentos a precios razonables, y a la salud como derecho fundamental de las personas.