Políticas Internacionales

Más de 100 organizaciones de la sociedad civil (OSC) de todo el mundo exigen contar establecer los parámetros para una política comercial global que garantice el acceso a medicamentos asequibles y rechace los acuerdos negociados bajo condiciones coercitivas.

Argumentan que la administración Trump está utilizando el poder comercial de EE UU, especialmente mediante la imposición de aranceles exorbitantes, para presionar a los países para que asuman compromisos vinculantes que podrían debilitar la disponibilidad y la asequibilidad de los medicamentos esenciales, lo que genera preocupación por la salud pública y la equidad en el sistema de comercio global.

Según un comunicado de prensa emitido por Public Citizen el 19 de febrero, el acuerdo entre EE UU, el Reino Unido y las grandes farmacéuticas, fruto del abuso del poder comercial y de usar los aranceles como arma, no debe replicarse, advirtieron.

Señalaron que, en las semanas posteriores al acuerdo con el Reino Unido, EE UU presionó a Argentina para que firmara un Acuerdo de Comercio Recíproco (ACR) que impulsa la agenda monopolística de las grandes farmacéuticas a expensas de la salud pública.

En este contexto, las organizaciones que trabajan en los ámbitos de la salud pública, el comercio, el trabajo, el clima y la religión publicaron una lista de Principios para el Acceso a los Medicamentos y el Comercio, que insisten en que las estrategias comerciales deben preservar la capacidad de los países para: garantizar precios asequibles para todos; rechazar la presión empresarial; asegurar un suministro abundante de medicamentos; garantizar la seguridad, la eficacia y la calidad de los medicamentos; determinar libremente qué tratados internacionales son beneficiosos; y adherirse a procesos comerciales transparentes y responsables.

Entre los firmantes del documento se encuentran Public Citizen, Health GAP, Acción Internacional para la Salud Perú, Alliance Sud, Center for Economic and Policy Research, Global Justice Now (Reino Unido), Health Action International, People’s Health Movement – Norteamérica, Public Eye, Public Services International (PSI), Southern and Eastern Africa Trade Information and Negotiations Institute (SEATINI), Third World Network y Treatment Action Group.

Peter Maybarduk, director de la campaña Acceso a Medicamentos de Public Citizen declaró: “Las amenazas arancelarias de Trump solo empeoran la escasez de medicamentos y el racionamiento. Su alianza deshonesta con la industria farmacéutica para aumentar los precios de los medicamentos en el extranjero pone en riesgo la vida de la gente, a la vez que desvía la atención del cambio real y la rendición de cuentas que EE UU necesita para que los medicamentos sean asequibles”.

Añadió: “En lugar de aumentar los costos y lanzar amenazas, los gobiernos deberían invertir en ampliar la producción de medicamentos en todo el mundo y aprender de las mejores prácticas de otros países para reducir los precios a nivel nacional”.

“La administración Trump ha diezmado los programas y servicios de salud global, mediante las reducciones y restricciones en la ayuda externa para la salud, pero también quiere consolidar el poder monopólico de la industria farmacéutica a través de acuerdos comerciales apresurados y negociados en secreto, y de amenazas comerciales”, afirmó Brook Baker, asesor principal de políticas de Health GAP.

Agregó: “En lugar de fomentar el suministro adecuado, los precios asequibles y el acceso equitativo a las tecnologías para la salud, Trump promueve normas regulatorias más estrictas en materia de propiedad intelectual y protección de precios, que maximizan las ganancias de la industria farmacéutica a expensas de la salud, y lo hace intimidando a los países con aranceles y otras medidas”.

“Los seis principios para el comercio y el acceso a los medicamentos contrarrestan la hegemonía de la industria farmacéutica y las medidas coercitivas de Trump en su favor”, afirmó Baker.

El investigador de Acción Internacional para la Salud, Javier Llamoza, declaró: “América Latina tiene el derecho soberano de regular, producir y adquirir medicamentos seguros y asequibles, priorizando la vida sobre las ganancias. Rechazamos los acuerdos que fortalecen los monopolios, aumentan el costo de los tratamientos y debilitan nuestra capacidad local. La salud no se puede negociar bajo presión ni amenazas comerciales”.

“Durante años, el Reino Unido ha utilizado mecanismos sensatos de control de precios para limitar el impacto de los precios excesivos que las compañías farmacéuticas cobran por los medicamentos”, afirmó Tim Bierley, gerente de políticas y campañas de Global Justice Now.

“Nuestro gobierno, al capitular en las negociaciones con Trump y la industria farmacéutica y aceptar diluir estos acuerdos, ha aumentado el costo de la atención médica en el Reino Unido sin obtener nada tangible a cambio”, añadió.

“Este terrible acuerdo también sienta un precedente preocupante, incentiva a las empresas farmacéuticas a utilizar tácticas de extorsión para aumentar los precios de los medicamentos en todo el mundo. En lugar de abordar el tema por separado, los países deben colaborar para enfrentar el poder monopólico de las corporaciones farmacéuticas, que siempre antepondrán el beneficio económico a nuestra salud”, afirmó.

“Los gobiernos tienen el deber legal y moral de garantizar el derecho a la salud de sus ciudadanos. Nunca se debe utilizar la política comercial como arma para socavar esa responsabilidad, ni para coaccionar a los países a desmantelar sus salvaguardias de salud pública”, declaró Sangeeta Shashikant, asesora legal y de políticas de Third World Network.

“Cualquier estrategia comercial que restrinja el margen de maniobra política, debilite la producción local o limite el acceso a medicamentos asequibles es fundamentalmente incompatible con los derechos humanos, especialmente el derecho a la salud, y debe ser rechazada”, añadió.

Según los Principios para el Acceso a los Medicamentos y el Comercio, la administración Trump está utilizando el poder comercial de EE UU y aranceles exorbitantes para presionar a otros países a firmar acuerdos vinculantes que socavan el acceso asequible y accesible a los medicamentos.

El caos comercial de Trump exige precios más altos para los medicamentos que se consumen fuera de EE UU, antepone los intereses corporativos a las necesidades de salud, promueve aranceles elevados para los medicamentos que reducen la oferta mundial, debilita el desarrollo de la capacidad local y gestiona todas sus demandas mediante negociaciones secretas, afirma el documento.

“Los países que se apresuran a complacer las demandas de EE UU corren el riesgo de aceptar condiciones que comprometen el acceso a los medicamentos y el derecho a la salud, incluyendo disposiciones perjudiciales sobre propiedad intelectual y restricciones a la negociación de precios, la adquisición y la producción de medicamentos”.

Trump quiere que las farmacéuticas aumenten sus precios en muchos países, lo que conlleva el riesgo de que se racionen los tratamientos, y pone en crisis los presupuestos de salud, señalan las organizaciones de la sociedad civil.

Su excusa: que esto, de alguna manera, abarataría los precios de los medicamentos para los estadounidenses. Pero no hay razón para pensar que precios más altos en algunos países resulten en precios más bajos o en que se apliquen los precios de “nación más favorecida” en EE UU.

En cambio, advirtieron que esta política amenaza con exacerbar los precios ya elevados, pues otorga mayor libertad para fijar precios excesivos a las empresas con poder monopólico.

Los medicamentos deben ser asequibles para los individuos y los financiadores públicos y privados, y sostenibles para los sistemas de salud, afirmaron. Añadieron que, para lograr precios más justos, hay que evitar las medidas que pretenden desregular la fijación de precios farmacéuticos.

El documento señaló que muchos países negocian precios y evalúan su eficacia clínica y su relación costo-beneficio para garantizar la asequibilidad de los nuevos medicamentos.

El Reino Unido emplea estos sistemas para contrarrestar los precios excesivamente altos que fijan las empresas farmacéuticas y mitigar el impacto presupuestario.

Sin embargo, en respuesta a la presión de la administración Trump y la industria farmacéutica, el Reino Unido ha accedido a modificar sus estándares de precios de medicamentos, lo que ha provocado un aumento del gasto farmacéutico. Además, algunas compañías farmacéuticas han aceptado aumentar los precios de entrada en el mercado del Reino Unido, señalaron las organizaciones de la sociedad civil.

Si bien la presión constante obligó a que las normas internacionales de comercio reconocieran la importancia de salvaguardar la salud pública y el acceso a los medicamentos, los acuerdos comerciales suelen incluir cláusulas de propiedad intelectual que van más allá de los estándares acordados internacionalmente, como la exigencia de estándares más bajos de patentabilidad, exclusividad de datos/comercialización (monopolios), prórrogas de la vigencia de las patentes y la vinculación entre la patente y el estatus regulatorio, según el documento.

“Las amenazas comerciales y políticas se utilizan con frecuencia para limitar el uso de licencias obligatorias. Esto ha reducido el margen de maniobra de los países para facilitar el acceso a medicamentos genéricos asequibles y combatir las prácticas anticompetitivas”.

Además, las organizaciones de la sociedad civil señalaron que EE UU suele intentar que los acuerdos comerciales protejan todavía más los secretos comerciales, lo que permite que las empresas mantengan en secreto información importante y se amparen en acuerdos de confidencialidad.

Los países deben tener la libertad de promulgar y aplicar políticas que faciliten el acceso a los medicamentos sin las restricciones de las normas comerciales ni las presiones externas, subraya el documento.

Añade que la presión comercial nunca se debe utilizar para socavar o eliminar el margen de maniobra que otorgan las políticas acordadas internacionalmente en relación con la salud pública y la propiedad intelectual.

Los gobiernos no deberían fomentar la adopción, ni aceptar que los acuerdos comerciales incluyan compromisos de propiedad intelectual que limiten su capacidad de proteger o aumentar el acceso a medicamentos asequibles.

Los países deberían tener la libertad de exigir la divulgación pública de los costos de la I+D y de fabricación, los precios, los acuerdos de suministro y otra información farmacéutica de interés público, afirmaron las organizaciones de la sociedad civil.

El documento señaló que los gobiernos tienen derecho a implementar salvaguardias de interés público en la legislación y aplicación de las normas de propiedad intelectual.

Por ejemplo, indicó que la Ley de Patentes de India incluye importantes salvaguardias que apoyan el acceso asequible a los medicamentos, pues impide la concesión de patentes de extensión de baja calidad, que prolongan los monopolios sobre los medicamentos.

Tras la grave escasez de vacunas y tratamientos para la covid-19, se ha generado un consenso creciente en que hay que fortalecer las capacidades biofarmacéuticas locales y regionales con el fin de apoyar la respuesta a emergencias, responder a las necesidades de salud locales, garantizar un suministro oportuno y adecuado, e impulsar la ciencia y la investigación a nivel global, añadió el documento.

Sin embargo, los enfoques comerciales pueden ir en contra de estos objetivos, señaló, haciendo hincapié en que un suministro oportuno, asequible y equitativo de medicamentos requiere la participación de diversos productores de todo el mundo.

En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a fomentar mayores capacidades de producción e investigación, especialmente en países de bajos y medianos ingresos, incluso facilitando el intercambio de propiedad intelectual, tecnología y los conocimientos necesarios para producir herramientas médicas. Las políticas comerciales destinadas a apoyar las políticas industriales deben estar alineadas con los objetivos de salud y promover el acceso sostenible a los medicamentos en todo el mundo, sugirieron.

Según las organizaciones de la sociedad civil, los esfuerzos por aumentar la producción nacional o regional deben priorizar las necesidades de salud y no perjudicar las cadenas de suministro globales, evitando medidas comerciales disruptivas y caóticas como aranceles elevados para los productos farmacéuticos.

El documento señaló que, si bien las inversiones específicas en la producción nacional, guiadas por las necesidades de salud, pueden contribuir a garantizar el suministro de medicamentos esenciales, el plan del presidente Trump de impulsar la capacidad farmacéutica nacional se basa en gran medida en la amenaza de aranceles elevados a las importaciones farmacéuticas.

Indicó que los aranceles caóticos de Trump ignoran políticas más eficaces para aumentar la producción nacional y amenazan el desarrollo de mayor capacidad global, capaz de garantizar que todos tengan acceso oportuno a medicamentos asequibles.

Asimismo, advirtió que la administración Trump podría presionar a otros países para que, como parte de acuerdos bilaterales de ayuda externa, compren productos estadounidenses; lo que podría obstaculizar el desarrollo de la capacidad de fabricación local o regional en los países en desarrollo y consolidar los precios inasequibles de los medicamentos.

Las organizaciones de la sociedad civil señalaron que, para ayudar a reducir la carga regulatoria y facilitar el acceso oportuno a los medicamentos, muchas autoridades reguladoras hacen esfuerzos para armonizar los requisitos regulatorios y confían en las evaluaciones realizadas por otros organismos reguladores.

Esto es razonable cuando las agencias públicas tienen la flexibilidad necesaria para equilibrar la seguridad, la eficacia y el acceso en aras del interés público.

“Pero los acuerdos comerciales pueden obligar a los países a aplicar ciertos estándares de evaluación o a aceptar íntegramente decisiones regulatorias externas, lo que puede limitar la capacidad de las agencias para actuar en aras del interés público o responder las necesidades locales, y puede crear vías para que los actores corporativos dominantes influyan en los procesos de evaluación regulatoria de manera que se limite la discreción de las partes en la administración de políticas para regular los medicamentos”, señala el documento.

En este contexto, se instó a los países a preservar la soberanía en la toma de decisiones sobre la regulación de los medicamentos.

Para cumplir con la obligación de certificar que los medicamentos son seguros, eficaces y de buena calidad, las autoridades reguladoras nacionales deben mantener su autonomía, al tiempo que participan en prácticas, la colaboración externa, que eviten la duplicación innecesaria, faciliten el acceso oportuno y contribuyan al fortalecimiento de la regulación, concluye el documento.

Las organizaciones de la sociedad civil también subrayaron que los acuerdos comerciales no deben menoscabar la capacidad de regular en aras de defender la salud pública.

Los Principios también señalaron que los acuerdos comerciales bilaterales a menudo exigen o instan a la adopción o el cumplimiento de los tratados internacionales de propiedad intelectual.

“Muchos de estos tratados abordan los procedimientos para los solicitantes de patentes con el fin de simplificar los procesos y requisitos entre países. La adhesión a los tratados no necesariamente beneficia a los países en desarrollo, especialmente las obligaciones que imponen nuevas cargas que exceden la capacidad local o que entran en conflicto con otros intereses nacionales”, afirmaron las organizaciones de la sociedad civil.

En este sentido, instaron a los gobiernos a resistir la coerción económica para adoptar tratados internacionales.

Los gobiernos deben considerar si les conviene adoptar acuerdos internacionales, ya que estos pueden imponer requisitos adicionales potencialmente onerosos, más allá de los exigidos por un acuerdo bilateral, recalcaron.

Señalaron que los acuerdos comerciales recientes, firmados durante la administración Trump, exigen que los países con los que se asocian se adhieran y apliquen plenamente muchos acuerdos adicionales.

Por ejemplo, el Acuerdo de Comercio Recíproco entre EE UU y Malasia, y el Acuerdo de Comercio Recíproco entre EE UU y Camboya mencionan 13 acuerdos internacionales de propiedad intelectual, incluyendo aquellos que afectan la regulación de patentes farmacéuticas.

Además, el documento señala que la administración Trump ha utilizado su caos arancelario para forzar a otros países a entablar negociaciones comerciales secretas.

Si bien la sociedad civil ha criticado la falta de transparencia en las negociaciones de acuerdos de libre comercio durante mucho tiempo, las negociaciones comerciales de la actual administración estadounidense han alcanzado un nuevo nivel de secretismo, denunciaron las organizaciones de la sociedad civil.

“Esta falta de rendición de cuentas aumenta el riesgo de captura corporativa, lo que lleva a los gobiernos a comprometerse con disposiciones perjudiciales que podrían poner en peligro la salud. Las decisiones que determinarán la salud de las personas no pueden negociarse a puerta cerrada ni estar dominadas por los intereses corporativos”.

En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil enfatizaron que la política comercial y las negociaciones comerciales deben ser transparentes, participativas y rendir cuentas al público, para garantizar que cualquier acuerdo refleje la opinión democrática y promueva el interés público.

Es importante destacar que cuando hay negociaciones, antes de que los gobiernos compartan los textos de sus propuestas, estas deben publicarse y superar un proceso de consulta pública y, al concluir cualquier ronda de negociación, todos los textos consolidados también deben hacerse públicos para que los ciudadanos y los expertos de la sociedad civil puedan influir en su contenido antes de que se finalice un texto renegociado.

“Los modelos pro-corporativos y pro-monopolio, fortalecidos por el orden comercial actual y explotados por los poderosos, no solucionan los problemas del mundo. La salud debe ser una garantía, no una moneda de cambio”, concluyeron las organizaciones de la sociedad civil.