Litigación

Perú. Sancionan con S/ 539 millones a 13 farmacéuticas por colusión en la venta de medicinas al Estado. ¿Cómo operaba el cártel? [1] Correos, chats y archivos ocultos revelaron cómo trece farmacéuticas se coludieron, entre 2006 y 2020, para repartirse la venta de medicamentos del Estado. El Indecopi aplicó, en primera instancia administrativa, sanciones sin precedentes.

Trece farmacéuticas y cinco directores ejecutivos fueron sancionados con más de S/ 539 millones (unos US$159,6 millones) por coludirse en la venta de medicamentos al Estado. La Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi determinó, en primera instancia, que entre 2006 y 2020 estas empresas coordinaron quién ganaría, en qué momento y con qué precio, 23 licitaciones convocadas por el Ministerio de Salud y EsSalud. El valor total de las ventas ascendió a S/ 6 mil millones.

Las empresas multadas son Medifarma, Laboratorios AC Farma, Distribuidora Droguería Sagitario, Laboratorios Portugal, Instituto Quimioterápico, Laboratorios Americanos, B. Braun Medical Perú, Pharmagen, OQ Pharma, Teva Perú, Laboratorios Unidos, Laboratorios Lansier y Pereda Distribuidores.

La multa más alta fue impuesta contra la empresa Medifarma: S/ 231 millones. Es el principal abastecedor del mercado y responsable de la fabricación de suero fisiológico defectuoso que afectó a al menos treinta personas y ocasionó la muerte de siete de ellas.

Laboratorios AC Farma y Distribuidora Droguería Sagitario fueron sancionados con un total de S/ 166 millones. Mientras que a Laboratorios Portugal se le impuso una multa de S/ 56 millones.

Además, cinco directores ejecutivos fueron sancionados con un total de S/ 1.4 millones por actuar como operadores del esquema: Juan Apéstegui Castro y Angélica Palomares Loayza (Medifarma); John Dowall Talavera y Nataly Llanos Torres (Laboratorios Portugal); y José Mongilardi Fuchs (Laboratorios Americanos).

La sanción ordenó la implementación obligatoria de programas de cumplimiento en libre competencia, los cuales deberán ser financiados y ejecutados por cada empresa sancionada durante cinco años.

Las prácticas colusorias se sostuvieron durante 14 años mediante negociaciones registradas en correos electrónicos, llamadas telefónicas y chats, según la investigación del Indecopi. Para ocultar su identidad, los involucrados usaron seudónimos y un lenguaje críptico diseñado para no dejar rastros.

Las farmacéuticas se asignaban entre sí qué empresa ganaría cada proceso de licitación. Acordaban quién ofrecería determinado medicamento, con qué precio y en qué momento. Para concretar estos acuerdos, presentaban ofertas artificialmente altas, dejaban desierta su participación o renunciaban a competir.

Puede leer el informe completo en el enlace https://saludconlupa.com/noticias/sancionan-con-s-539-millones-a-13-farmaceuticas-por-colusion-en-la-venta-de-medicinas-al-estado-como-operaba-el-cartel/

Virginia demanda a los administradores de beneficios de farmacia (PBM) y a los productores de insulina por colaborar para aumentar el precio de la insulina a costa de los pacientes [2]. “La insulina es esencial para la vida. Durante años, un grupo de poderosas empresas incrementó artificialmente el costo de medicamentos vitales para la diabetes, enriqueciéndose mientras los residentes de Virginia pagaban precios inflados solo para sobrevivir”, declaró el fiscal general de Virginia, Jason Miyares, en un comunicado. “Ese sistema operó sin transparencia, engañó a los virginianos y priorizó las ganancias sobre los pacientes durante demasiado tiempo. Esta oficina defenderá a los consumidores de estas prácticas engañosas”.

Los demandados son: PBM Express Scripts, CVS Caremark y OptumRx, junto con los fabricantes de insulina Sanofi-Aventis y Novo Nordisk. Miyares solicitó al tribunal estatal una indemnización para los consumidores, las máximas sanciones civiles y una orden judicial que impida a los demandados seguir infringiendo la ley de protección al consumidor.

Los residentes de Virginia, al no poder costear los medicamentos que recetan sus médicos, racionan o se inyectan insulina de forma insuficiente; se inyectan insulina caducada; reutilizan agujas; y se privan de comida para controlar sus niveles de azúcar en sangre.

Los administradores de beneficios farmacéuticos gestionan los beneficios de los planes de medicamentos recetados en nombre de las aseguradoras mediante la negociación de reembolsos y descuentos con los fabricantes y la elaboración de los formularios de medicamentos. “Los administradores de beneficios farmacéuticos (PBM), en sus formularios estándar, otorgan estatus preferencial en base al mayor reembolso del fabricante y al precio de lista inflado más alto”, escribió Miyares. “Para empeorar las cosas, en lugar de transferir estos pagos del fabricante a los diabéticos o a las aseguradoras para reducir los precios, los PBM demandados ocultan y retienen cantidades significativas de estos pagos como ganancias”.

Teva acepta pagar US$35 millones y retirar seis patentes para resolver una demanda antimonopolio por los inhaladores para el asma [3]. El acuerdo resuelve las demandas presentadas por consumidores, planes de salud y bienestar, y otros supuestos pagadores que alegaron que Teva conspiró para bloquear versiones genéricas más económicas de QVAR, un inhalador que contiene el medicamento para el asma dipropionato de beclometasona HFA.

En 2023, los demandantes acusaron a Teva de listar patentes indebidamente en el Libro Naranja de la FDA e iniciar litigios para protegerse de la competencia, lo que provocó precios inflados para los consumidores y terceros pagadores.

El acuerdo incluye a consumidores y pagadores de 42 estados y el Distrito de Columbia, que compraron o reembolsaron productos QVAR entre enero de 2015 y julio de 2025.

Reino Unido. Sospecha de colusión anticompetitive de la industria farmacéutica [4]. El regulador antimonopolio del Reino Unido rechazó una solicitud de grupos de defensa de los pacientes para investigar a varias grandes farmacéuticas y a su organización de cabildeo en el Reino Unido por esfuerzos “sospechosos” y “coordinados” para aumentar los precios de los medicamentos. La denuncia se presentó la semana pasada en medio de una disputa entre la industria farmacéutica y el gobierno del Reino Unido sobre los reembolsos obligatorios que las compañías farmacéuticas deben pagar para limitar el costo de los medicamentos de marca para el Servicio Nacional de Salud.

A principios de este año, el gobierno propuso aumentar los reembolsos, lo que provocó críticas de la industria de que el Reino Unido ya no es un destino atractivo para una mayor inversión. En las últimas semanas, varias grandes farmacéuticas —AstraZeneca, Merck y Eli Lilly— detuvieron o descartaron los planes de expansión de varias instalaciones. Al mismo tiempo, el presidente Trump ha exigido a las farmacéuticas que reduzcan los precios en EE UU para equipararlos con los de Europa y Canadá. Los grupos de defensa argumentaron que las medidas parecían estar estrechamente coordinadas. Sin embargo, la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido afirma que “no ha visto ninguna evidencia directa de que los anuncios públicos se hicieran como resultado de una colusión anticompetitiva entre las compañías farmacéuticas, y tampoco nos parece obvio que esto pueda inferirse razonablemente solo del momento y la naturaleza de los anuncios”.