Tanto la administración Trump como las empresas farmacéuticas han estado poniendo presión sobre Gran Bretaña para que pague más por los medicamentos; y lo han conseguido.

En Gran Bretaña, la mayoría de los medicamentos están cubiertos por el Servicio Nacional de Salud. Algunas personas no pagan nada por sus recetas, mientras que otras pagan menos de £10. En algunos casos, como ocurre con los medicamentos populares para la obesidad, que no están cubiertos para la mayoría de las personas con sobrepeso, los pacientes compran el medicamento en una farmacia y pagan el precio completo.

El Instituto Nacional para la Excelencia en la Salud y la Atención de Gran Bretaña, conocido como NICE, decide si el gobierno debe financiar los medicamentos nuevos en función del beneficio que aportan en comparación con su precio. Para establecer los umbrales de financiamiento, los economistas de la salud calculan cuántos años de buena salud (los llamados años de vida ajustados por calidad o QALY) se espera que proporcione un medicamento, considerando los efectos secundarios y los síntomas. Hasta ahora, para la mayoría de los medicamentos, Gran Bretaña ha estimado que deberían costar entre £20.000 y £30.000 (entre US$26.500 y US$40.000) por cada año de salud excepto en el caso de algunos medicamentos de alto costo, incluyendo oncológicos, para los que puede llegar a pagar hasta £51.000. El servicio de salud generalmente no suele cubrir los medicamentos si la empresa farmacéutica no reduce su precio por debajo de ese umbral.

Además, hay un Esquema Voluntario para la Fijación de Precios, Acceso y Crecimiento de Medicamentos de Marca (Voluntary Scheme for Branded Medicines Pricing, Access, and Growth) que se negocia entre el gobierno y las empresas farmacéuticas. Esta política exige que las empresas farmacéuticas reembolsen una parte de las ventas de medicamentos al Reino Unido cuando el gasto en medicamentos supera un cierto nivel.

Los fabricantes de medicamentos se han quejado de que los umbrales de NICE son demasiado bajos y de que las tasas de reembolso han aumentado a niveles que nadie había previsto. Las cosas llegaron a un punto crítico a mediados de septiembre de 2025, con una extraordinaria secuencia de acontecimientos. Primero, MSD (Merck, como se conoce en EE UU), canceló los planes para construir un centro de investigación en King’s Cross, al norte de Londres, a pesar de que ya estaba en construcción. El mismo día, el principal grupo de presión del sector advirtió sobre los precios relativamente bajos que paga el NHS, afirmando que otras empresas podrían seguir el ejemplo de MSD. En 24 horas, Eli Lilly, apareció en una revista especializada cancelando los planes para un laboratorio ya acordado con el gobierno. Su director criticó posteriormente al Reino Unido como «probablemente el peor país de Europa» en cuanto a los precios de medicamentos. Al día siguiente, AstraZeneca paralizó un proyecto en Cambridge que se suponía que crearía 1.000 puestos de trabajo [1].

El sector de fabricación farmacéutica de Gran Bretaña es importante para su economía, aunque solo representa una pequeña parte del suministro mundial de medicamentos. Los centros más importantes del mundo para la producción de medicamentos incluyen India, China, EE UU e Irlanda. Gran Bretaña produce ingredientes activos para aproximadamente el 2% de los medicamentos que se venden en EE UU [2].

El presidente Trump, por su parte, prometió a los votantes que reduciría el coste de vida y crearía más puestos de trabajo, exigió a las compañías farmacéuticas que invirtieran más en EE UU y que cobraran menos a los estadounidenses por sus medicamentos. Los funcionarios estadounidenses han estado diciendo que países europeos ricos, incluyendo Gran Bretaña, pagan muy poco por los medicamentos, obligando a EE UU a asumir lo que consideran una parte injusta de los costos del desarrollo de fármacos. Consecuentemente, consideran que aumentar los precios de los medicamentos en Europa es una forma crucial de reducir los precios en EE UU, sin mermar los ingresos de las farmacéuticas ni poner en peligro las inversiones en nuevos tratamientos.

Para lograr su objetivo, Trump amenazó con imponer aranceles a los medicamentos importados, a pesar de que los acuerdos comerciales internacionales generalmente prohíben la imposición de aranceles sobre los productos farmacéuticos. Según el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Acuerdo de Eliminación de Aranceles Farmacéuticos (1995), los medicamentos normalmente están exentos de aranceles, y su imposición violaría los compromisos de la OMC [3].

Estas presiones por parte de Trump y de las empresas farmacéuticas llevaron a que el gobierno de Gran Bretaña llegara a un acuerdo financieramente importante con EE UU, sin que se haya discutido en la prensa, ni se haya votado en el Parlamento. Según el Guardian [1] todo lo que se sabe proviene de un comunicado de prensa del gobierno. Si bien los periódicos nacionales se han mostrado muy interesados en cubrir la disputa salarial de los médicos residentes, y durante el último mes se han publicado 76 artículos sobre este tema, según el departamento de investigación de The Guardian, solo han dedicado 13 artículos a este acuerdo con EE UU, que en términos financieros es mucho más importante.

Lo que se ha llegado a conocer es que el acuerdo compromete al Reino Unido a aumentar el precio neto que paga por los nuevos medicamentos de marca en un 25%, revirtiendo una tendencia de una década de restricción del gasto del NHS para garantizar la sostenibilidad y la equidad. También reduce la tasa de reembolso bajo el Plan Voluntario para la Fijación de Precios, Acceso y Crecimiento de Medicamentos de Marca al 15%. Los críticos afirman que esto permitirá a las compañías farmacéuticas aumentar aún más sus márgenes de beneficio, mientras se evaden las salvaguardas clave contra el gasto excesivo [3].

A cambio, el Reino Unido consiguió dos cosas. La primera es la protección contra los aranceles de Trump sobre sus exportaciones farmacéuticas. La segunda es una vaga promesa de inversión en el Reino Unido por parte de las compañías farmacéuticas, que los ministros británicos han promocionado como un valor no especificado de “miles de millones”. Sin embargo, estas compañías no son parte del acuerdo y no hay compromisos vinculantes ni plazos. En cambio, varias compañías farmacéuticas del Reino Unido anunciaron recientemente el traslado de sus inversiones a EE UU [3].

Los líderes de la industria advierten que los precios en el Reino Unido deberían ser más altos, para evitar la desinversión y la pérdida de empleos. Sin embargo, estos argumentos exageran los costos de investigación y desarrollo e ignoran que las empresas desvían una parte sustancial de los ingresos para recompensar los accionistas, en lugar de reinvertirse en innovación [3].

La ambición del Reino Unido de convertirse en una “superpotencia de las ciencias de la vida” lo hace vulnerable a estas presiones. Los ministros desean atraer inversiones y demostrar agilidad tras el Brexit, pero este “acuerdo” solo ofrece promesas vagas. Ceder a las demandas de precios más altos significa que el NHS y los pacientes asumirán el costo, sin ninguna garantía de mayor innovación ni mejores resultados en salud [3].

Los modelos sugieren que este acuerdo costará vidas británicas. Antes de que se firmara, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) estimó que los medicamentos de marca podrían costarle al NHS £3.000 millones adicionales al año. The Guardian habló con expertos independientes que creen que costará más [1]. Estos fondos tienen que salir del presupuesto del NHS, que contará con menos fondos para otras actividades de salud.

Parece que no hay ninguna evaluación gubernamental de lo que esto significa. Según el modelo de Karl Claxton, profesor de la Universidad de York y experto en economía de los medicamentos del NHS, esto se traducirá en entre 6.192 y 15.971 muertes más cada año. Claxton opina que este acuerdo es “una catástrofe para todos los pacientes del NHS” [1].

Según Torrele y McKee, lo que el Reino Unido debería hacer es:

1. promover la transparencia y el debate público. Debe publicar el texto completo del acuerdo y someterlo al escrutinio parlamentario y público.
2. seguir basando las importantes salvaguardas económicas en salud, como el NICE y el Plan Voluntario para la Fijación de Precios, Acceso y Crecimiento de Medicamentos de Marca, en la evidencia y la equidad. Ajustar los umbrales a la inflación puede ser razonable, pero las concesiones generalizadas a la intimidación estadounidense y las demandas de la industria farmacéutica no lo son.
3. resistirse a la narrativa egoísta de las compañías farmacéuticas de que se necesitan precios más altos para garantizar la innovación, y que los precios más altos signifiquen un acceso más rápido. La verdadera innovación depende de una infraestructura de investigación sólida, una regulación simplificada y la colaboración, no simplemente de pagar más [3].
4. Finalmente, el Reino Unido debe reafirmar que la política farmacéutica sirve al interés público, no al beneficio corporativo ni a los objetivos de política exterior. Esto significa defender la rentabilidad como principio, invertir en áreas con necesidades insatisfechas, como la resistencia a los antimicrobianos, y garantizar que la inversión pública genere beneficios para la salud pública. Los acuerdos comerciales no deben convertirse en caballos de Troya para desmantelar las salvaguardias que han protegido al NHS y a los pacientes británicos durante décadas, ni para ceder sus datos de salud [3]/

El Reino Unido debe decidir si opta por un sistema de salud pública y una estrategia de ciencias de la vida que equilibre la innovación con la asequibilidad, y se centre en mejorar los resultados de salud a nivel poblacional, o si sigue a EE UU por un camino de costos crecientes, desigualdades cada vez mayores y estadísticas de salud lamentables [3].