América Latina es una de las regiones más biodiversas del mundo, lo que convierte a sus recursos genéticos en un activo estratégico con gran valor ecológico, científico y económico. Estos recursos son esenciales para sectores como la biotecnología, la industria farmacéutica, la cosmética y la agricultura, aunque su aprovechamiento enfrenta desafíos en materia de propiedad industrial, sostenibilidad y derechos de comunidades locales.
El marco regulatorio se articula en torno a instrumentos internacionales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya, así como normativas nacionales en países como Brasil, Colombia y Perú. Estos buscan garantizar un acceso justo y una distribución equitativa de beneficios, además de proteger los conocimientos tradicionales asociados.
En el ámbito de la propiedad industrial, las patentes sobre recursos genéticos generan debates por riesgos de biopiratería, la falta de reconocimiento de saberes ancestrales y la necesidad de resguardar la soberanía de los países de origen.
Los retos para la región incluyen fortalecer mecanismos de control, impulsar modelos de biocomercio sostenible y promover una innovación ética que respete tanto la biodiversidad como los derechos de las comunidades.
En síntesis, la gestión de los recursos genéticos en América Latina debe equilibrar el desarrollo tecnológico con la preservación ambiental y la justicia social.
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