EE UU y Canadá

Los medios de comunicación han hecho eco a una orden ejecutiva del presidente Trump para vincular los precios de los medicamentos de venta con receta en EE UU a lo que otros países pagan por los mismos medicamentos [1].

Trump se quejo de que EE UU paga los costos de la investigación y desarrollo de los nuevos medicamentos al aceptar los precios que le imponte la industria farmacéutica, por lo que solicitó al Representante Comercial de EE UU, Jamieson Greer, y al Secretario de Comercio, Howard Lutnick, que garanticen que otros países no “rebajan los precios de mercado de forma deliberada e injusta, ni provoquen aumentos de precios” en EE UU [1].

Los precios para los estadounidenses se deberían equiparar con los de “naciones con un desarrollo comparable”. Si esto no se logra, Trump ordenó al Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., que proponga regulaciones para implementar el sistema de precios de nación más favorecida [1].

Trump también insinuó que otro objetivo de la política era facilitar la venta directa de medicamentos a los estadounidenses, al precio de nación más favorecida, eliminando a los intermediarios, presumiblemente en referencia a los administradores de beneficios farmacéuticos que negocian los precios de los medicamentos en nombre de las aseguradoras y las empresas [1].

Según Trump, con esta medida, “Los precios de los medicamentos se reducirán, casi de inmediato, entre un 30% y un 80%…. ¡Aumentarán en todo el mundo para igualar y, por primera vez en muchos años, lograr que EE UU reciba un tratamiento justo!”. Es decir, la industria no se vería perjudicada, porque los otros países pagarían más [1].

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó en octubre pasado que establecer precios máximos para los medicamentos en base a los precios fuera de EE UU reduciría los precios promedio de los medicamentos en más de un 5% [1].

Trump afirmó que, si las empresas y el gobierno no se ponen de acuerdo para vincular los precios de los medicamentos estadounidenses a los de otros países, la administración impondrá su propio plan.

Según la nueva orden, Robert F. Kennedy Jr., tiene treinta días para informar a las farmacéuticas sobre los precios objetivo de EE UU, lo que iniciará las negociaciones con las empresas. Si las farmacéuticas no llegan a acuerdos convenientes, la administración utilizará los programas gubernamentales para forzar la reducción de precios mediante la normativa del Departamento de Salud (HHS). El gobierno también podría considerar ampliar la importación de medicamentos a precios más bajos y restringir las exportaciones a otros países. Asimismo, se podría esperar una mayor aplicación de la ley contra las prácticas anticompetitivas por parte del Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio [2].

La orden permite que la administración se enfrente a los gobiernos extranjeros a través del Representante Comercial de EE UU y el Departamento de Comercio, cuando considere que hay una supresión artificial de precios [2]. La administración empezara centrándose en los medicamentos con mayores disparidades de precios entre países y en aquellos que representan el mayor gasto para EE UU [2].

Se espera que la orden genere impugnaciones legales. PhRMA, el grupo industrial que representa a las farmacéuticas, afirmó que la orden ejecutiva podría ir en contra de los objetivos de la administración de traer la industria a EE UU y corre el riesgo de aumentar la dependencia de China [2].

Los analistas de mercado, en notas a los inversores, indicaron que la política podría conllevar importantes desventajas, dependiendo de los detalles de la orden y del éxito de los posibles recursos legales.

Por otra parte, con la orden, las farmacéuticas evitan, aunque sea temporalmente, el peor escenario posible: que Trump implemente de inmediato una política de Nación Más Favorecida [3]. Tampoco se especifica si los cambios de precios se aplicarían a Medicare o Medicaid, lo que sugiere que su impacto podría ser amplio e incluir seguros comerciales [3].