El País ha publicado una noticia relacionada con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para tratar de entender la postura de los 38 países de la Unión Europea respecto a la divulgación de los precios reales de compra de los medicamentos innovadores [1]. A continuación, hacemos un resumen.

Los países de la OCDE han reconocido la necesidad de mayor transparencia en los contratos de compra de medicamentos innovadores, y afirman que las cláusulas de confidencialidad dificultan la rendición de cuentas del gobierno, representan una amenaza para la sostenibilidad de los sistemas de salud y disminuyen la capacidad de negociación de los países con las empresas farmacéuticas.

El informe de la OCDE señala que el mercado farmacéutico tiene dos precios: el de lista (oficial) y el real o neto, que es el que los países pagan y tiende a permanecer en secreto. Además, el informe advierte que los precios netos se están alejando cada vez más de los oficiales. La segunda observación es que, en el ámbito político, ha ido creciendo el interés por la transparencia, lo que condujo a que durante la 72ª Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebrada en 2019 se aprobara una resolución que solicita mayor transparencia e insta a las naciones a intercambiar información sobre los precios de los medicamentos.

A través de esta investigación, la OCDE ha demostrado que la aspiración de los países se enfrenta a barreras casi insuperables, como las leyes nacionales que impiden divulgar información considerada sensible, y la falta de consenso sobre el alcance de la transparencia, como qué tipo de datos se deberían divulgar, si debieran ser completamente públicos o solo accesibles a los gobiernos de otros países, y la incertidumbre sobre las repercusiones de esta divulgación en los precios de compra.

El informe resalta que en los países de la OCDE hay más de 30 iniciativas para compartir diferentes tipos de información, como la Base Europea de Datos sobre Precios de Medicamentos (EURIPID), pero que estos proyectos omiten información delicada y se mantiene el secretismo sobre los precios netos.

El objetivo del informe de la OCDE es apoyar el debate político y evaluar la “viabilidad” de implementar sistemas que faciliten el intercambio de información. Con ese fin, los autores enviaron un cuestionario a 43 países (los miembros de la OCDE y los de la UE que no forman parte del organismo), pero sólo 34 contestaron total o parcialmente dicha encuesta.

Los resultados muestran que 20 países cuentan con leyes que obligan a revelar los precios de lista, pero las limitaciones contractuales les impiden revelar los precios netos, y aunque todos muestran interés en obtener información sobre los precios netos de otros países, sólo siete países están dispuestos a compartir dicha información.

Las naciones ofrecen perspectivas diversas respecto a las repercusiones de publicar los precios o de compartirlos en una red cerrada; algunos sostienen que los precios a pagar podrían “reducirse ligeramente”, otros que se mantendrían constantes, y otros que “aumentarían ligeramente” o “incrementarían de manera significativa”.

La variedad de perspectivas persiste al investigar si la divulgación de precios netos obstaculizaría el acceso de un país a nuevas terapias. Ocho naciones creen que impactaría significativamente en su acceso a las mismas, ocho opinan que no habría cambios, y siete consideran que acortaría los plazos. Por último, el informe señala que “18 países están interesados en unirse a un mecanismo piloto para compartir el precio neto con otras naciones”.

Especialistas han señalado que el mercado actual de fármacos innovadores presenta cuatro problemas básicos. El primer problema es la eficiencia, puesto que el monopolio que otorgan las patentes restringe la competencia y la transparencia, lo que resulta en un mercado ineficiente donde el único que conoce los precios que abona cada nación es el comerciante.

Lo anterior impacta en la distribución de recursos en el sistema de salud, generando el segundo problema: la sostenibilidad de los sistemas de salud. En un mercado ineficiente los recursos se asignan a sectores que no ofrecen los mejores resultados en salud, poniendo en peligro su futuro.

El tercer problema está vinculado a la rendición de cuentas. La decisión de la OMS de 2019 enfatiza la importancia de incrementar la transparencia en el uso de fondos públicos, un derecho esencial de los ciudadanos que deberían estar al tanto de cómo se emplean sus impuestos.

Por último, el responsable de Investigación e Incidencia Política de Salud por Derecho, una organización española de la sociedad civil, señala que la opacidad no se limita a los precios, sino que también involucra a los ensayos clínicos, y a la información sobre la eficacia y seguridad de los medicamentos. Además, indica que sólo las grandes farmacéuticas tienen acceso a información para determinar cuáles pueden ser los mejores tratamientos para un paciente.

En España, en 2019, Salud por Derecho empezó a promover la transparencia en los costos de medicamentos como Kymriah (tisagenlecleucel), Veklury (remdesivir), Zolgensma (onasemnogene abeparvovac-xioi) y Takhzyro (lanadelumab-flyo), enfrentando extensos procesos legales a causa de la oposición de las farmacéuticas y, en ocasiones, del propio Ministerio de Sanidad para revelar estos precios.