Producción y Negocios

La escasez de medicamentos en EE UU ha alcanzado niveles nunca antes vistos [1]. Actualmente, escasean al menos 14 medicamentos genéricos que son esenciales para tratar el cáncer [2], lo que obliga a pacientes y médicos a tomar decisiones difíciles: retrasar o racionar los tratamientos de primera línea, o aceptar tratamientos de menor calidad [3]. También escasean los tratamientos para el TDAH [4], los antibióticos [5], el paracetamol para niños [6] y muchos otros medicamentos esenciales.

Pero la mayoría de las soluciones que se han discutido no son más que tiritas para un sistema que no funciona. No contribuirían a transformar los incentivos que habitualmente provocan la escasez y otros fallos del mercado.

Lo que realmente necesitamos, por el bien de nuestra economía y nuestra sociedad, es una alternativa pública sólida en el sector farmacéutico [7] que produzca y distribuya medicamentos esenciales como los tratamientos contra el cáncer. Las agencias públicas que rinden cuentas al pueblo pueden garantizar cadenas de suministro resistentes y ofrecer medicamentos a precio de coste (o incluso por debajo de él), porque mantener a la gente sana, sin llevarla a la bancarrota en el proceso, es bueno para la sociedad (y, además, rentable). Esto ya sucede a gran y pequeña escala en todo el mundo, como en Brasil [8], Suecia [9], Cuba [10], Reino Unido [11], India [12], Tailandia [13] y otros países.

La Casa Blanca [14], importantes miembros del Congreso [15], la FDA [16], grupos de pacientes, académicos destacados [17], y la misma industria farmacéutica de genéricos [18], coinciden en que la escasez de medicamentos en EE UU se ha convertido en una crisis. El mercado no es capaz de suministrar muchos de los medicamentos que más necesitamos. La cruda realidad es que las empresas farmacéuticas con fines lucrativos tienen cada vez menos interés en fabricar los medicamentos genéricos de menor precio que representan el 90% de todas las prescripciones. En la actualidad, apenas una o dos empresas [19] suministran la mayoría de los medicamentos genéricos. En lugar de fabricar los medicamentos baratos que mejor funcionan para muchos pacientes, las empresas prefieren generar mayores beneficios con productos nuevos y más caros.

Estamos de acuerdo con los cabilderos de los medicamentos genéricos [20] y otros expertos [21] en que EE UU necesita urgentemente hacer una gran inversión pública en nueva infraestructura para fabricar y distribuir medicamentos genéricos esenciales. Pero creemos que no es muy acertado afirmar que esta inversión pública debería realizarse en forma de nuevos subsidios [22] para las mismas empresas que han provocado una terrible escasez una y otra vez, desde la década de 2000 [23].

Dada la recurrente escasez —y teniendo en cuenta el contexto más amplio en que los estadounidenses pagan los precios más altos de los medicamentos a nivel mundial [24]— no es de extrañar que un movimiento a favor de la industria farmacéutica pública esté cobrando fuerza. Estados como Michigan [25] o Maine [26] están considerando la posibilidad de volver al negocio de la fabricación de medicamentos. El más destacado es California, que ha destinado decenas de millones de dólares [27] a fabricar versiones de bajo coste y sin patente de insulina y naloxona. En 2022, el gobernador de California, Gavin Newsom, declaró que [28] “nada ejemplificaba mejor el fracaso del mercado que el coste de la insulina” y que “California estaba tomando cartas en el asunto”. Se espera que las primeras insulinas CalRx estén en el mercado en 2024.

La industria farmacéutica “socializada” puede sonar como algo radical, pero no lo es. De hecho, existe un largo y continuo historial de éxito [29] en la fabricación de fármacos de propiedad pública aquí mismo, en EE UU. Por ejemplo, durante más de 125 años [30], MassBiologics, propiedad del estado de Massachusetts, ha fabricado y distribuido vacunas [31], derivados del plasma y (más recientemente) anticuerpos monoclonales. La Walter Reed Pilot Bioproduction Facility (instalación piloto de bioproducción de Walter Reed) [32] produce vacunas y otros biológicos como parte de los esfuerzos de investigación y desarrollo del Departamento de Defensa. En los años 80 y 90, el Departamento de Salud Pública de California creó, desde cero, un tratamiento efectivo sin ánimo de lucro para el botulismo infantil [33], y California sigue [34] fabricando y vendiendo el producto en la actualidad.

En el pasado, la producción pública estaba aún más extendida en EE UU. Durante décadas, el Instituto de Productos Biológicos del estado de Michigan (Michigan Biologic Products Institute) fabricó exitosamente vacunas contra el ántrax y la rabia [35], hasta su privatización en 1998. El Departamento de Salud Pública del Estado de Nueva York desarrolló y fabricó [36] una antitoxina diftérica a principios del siglo XX. En el siglo XX, a medida que las ortodoxias económicas dominantes cambiaron [37], estos y otros laboratorios estatales se cerraron o se vendieron a propietarios privados. (La misma tendencia a la privatización se apoderó de los famosos laboratorios públicos canadienses Connaught [38] en 1972. En los años veinte, Connaught Laboratories se convirtió en la primera institución del mundo en fabricar y distribuir insulina, y durante décadas vendió insulina y otros productos sin fines lucrativos) [39].

Reactivar la fabricación pública de medicamentos esenciales en EE UU no será fácil ni ocurrirá de la noche a la mañana. Las grandes empresas farmacéuticas ejercen un poder político enorme en Washington, y sus cabilderos seguramente se opondrán [40] a cualquier propuesta que perciban como una incursión en “sus” mercados. Además, la creación de nuevas capacidades de fabricación y distribución requiere importantes inversiones iniciales durante varios años que los funcionarios públicos a menudo se muestran reticentes a realizar.

Sin embargo, la necesidad de realizar nuevas inversiones en una industria farmacéutica pública se incrementa cada vez que surge nueva escasez, con cada emergencia de salud pública y con cada medicamento que se vende a un precio fuera del alcance de los estadounidenses en general. Actualmente las propuestas pendientes dan prioridad a la fabricación de medicamentos genéricos que escasean de forma recurrente (como la naloxona [41] y los antibióticos), así como de medicamentos con precios crónicamente elevados e implicaciones graves para la equidad (como la insulina [42] y los inhaladores para el asma).

Ahora es el momento de que Washington se una a la iniciativa, como han sugerido recientemente [43] la senadora Elizabeth Warren (demócrata de Massachusetts) y Jan Schakowsky (miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y demócrata de Illinois). El gobierno federal tiene ventajas únicas a la hora de fabricar medicamentos: ventajas de escala, de distribución, y de autoridad legal para autorizar el uso de las patentes de propiedad privada cuando sea necesario [44] e incluso, quizá, para ordenar a empresas nacionales que fabriquen [45] medicamentos vitales para la “salud pública nacional”.

Construir instalaciones públicas para la fabricación de medicamentos encajaría con el compromiso declarado del presidente Biden con una “política industrial” nueva y vigorosa [46] que devolviera la actividad manufacturera a EE UU. La industria farmacéutica pública crearía puestos de trabajo estables y bien remunerados para científicos, ingenieros, obreros de línea y otros trabajadores —que han enfrentado un estancamiento de sus salarios [47] y despidos [48]—, a medida que las industrias farmacéuticas y biotecnológicas se financiarizan, consolidan y externalizan [49] cada vez más.

La escasez de medicamentos es una catástrofe provocada por el hombre. Nuestro sistema actual la ha ocasionado, al hacer que los servicios esenciales de salud dependan de un puñado de empresas farmacéuticas lucrativas. En lugar de redoblar la apuesta por un sistema que no funciona, ahora es el momento de adoptar una alternativa pública sólida en el sector farmacéutico. De este modo, no solo se abordará la escasez extrema, sino que se empezará a reequilibrar el poder entre las grandes empresas farmacéuticas y los ciudadanos, lo cual permitirá implementar las otras reformas que tanto se han esperado.