Derecho y Litigación

Sentencian a Purdue Pharma en un tribunal de New Jersey [1-3]. El 28 de abril, una jueza federal dictó una sentencia penal contra Purdue para resolver una investigación del Departamento de Justicia. Este es el último paso para llegar al acuerdo definitivo.

Madeline Cox Arleo, la jueza federal de distrito tomó su decisión tras escuchar, durante horas, los testimonios de personas que perdieron a seres queridos o que sufrieron adicción en carne propia, quiénes querían que se rechazara la sentencia negociada en noviembre de 2020 para resolver las investigaciones penales y civiles que enfrentaba la empresa, por no incluir restitución a las víctimas. Aunque Arleo no rechazó la sentencia, expresó su empatía hacia quienes sufrieron las peores consecuencias de una epidemia vinculada a más de 900.000 muertes en EE UU desde 1999.

En noviembre de 2020, la empresa, con sede en Stamford (Connecticut) se declaró culpable de tres cargos: (1) admitió que carecía de un programa eficaz para evitar que sus potentes analgésicos de venta con receta se desviaran al mercado negro, a pesar de haber asegurado a la Administración de Control de Drogas (DEA) de EE UU que sí lo tenía; (2) reconoció haber pagado a médicos, a través de un programa de conferencias, para que recetaran los fármacos, así como (3) haber pagado a una empresa de historias clínicas electrónicas para que compartiera con los médicos información que fomentara la prescripción de más opioides.

Solo se presentaron cargos contra la empresa, no contra empleados o propietarios a título individual, por lo que las sanciones solo son económicas.

La declaración de culpabilidad y el acuerdo civil con el gobierno federal resultó en una sanción de US$8.300 millones en concepto de decomisos, multas y sanciones. Más de 54.000 personas con demandas por daños personales contra Purdue votaron a favor de aceptar el acuerdo, mientras que 218 votaron en contra. Sin embargo, con la sentencia de Arleo, el gobierno federal cobrará solo US$225 millones (dejando de cobrar US$5.300 millones en decomisos y multas penales y US$2.800 millones en responsabilidades civiles) a cambio de que Purdue llegue a un acuerdo independiente para resolver los miles de demandas presentadas por los gobiernos estatales, locales y grupos de nativos americanos, así como por otros grupos.

Algunos consideran que no todos los fondos deberían distribuirse a entidades gubernamentales, porque algunos gobiernos aún no han utilizado los fondos recibidos, y otros los han empleado en iniciativas que no guardan una relación estrecha con la lucha contra la crisis de opioides.

Los miembros de la familia Sackler pagarán hasta US$7.000 millones
El acuerdo estipula que los miembros de la familia Sackler, propietarios de la empresa, tendrán que aportar hasta US$7.000 millones en un plazo de 15 años. La mayor parte de los fondos se destinará a entidades gubernamentales para combatir la crisis de los opioides.

Un abogado de Purdue señaló que la mayoría de las demandas contra la empresa no incluían reclamaciones económicas específicas; sin embargo, aquellas que sí las contemplaban sumaban más de US$40.000 millones en concepto de daños y perjuicios.

Este acuerdo figura entre los más cuantiosos de una serie de convenios alcanzados en los últimos años por fabricantes de medicamentos, mayoristas y farmacias; y es el único de gran envergadura que contempla indemnizaciones para algunas víctimas individuales o las familiares que los sobreviven. En conjunto, los acuerdos alcanzan un valor superior a los US$50.000 millones, y la mayor parte de los fondos se utilizarán para combatir la epidemia de sobredosis.

Se prevé que los pagos a las víctimas individuales oscilen entre los US$8.000 y los US$16.000 aproximadamente. Aunque muchas de las solicitudes podrían ser rechazadas debido a la imposibilidad de localizar recetas de hace décadas para estos fármacos. Arleo instruyó a los abogados de Purdue encargados de la bancarrota a garantizar que haya vías alternativas para acreditar los daños sufridos.

En virtud del acuerdo con Purdue, los miembros de la familia Sackler quedarán protegidos frente a demandas relacionadas con los opioides por parte de quienes acepten los pagos. Entre 2008 y 2018, los miembros de la familia recibieron pagos de la empresa por un total aproximado de US$10.700 millones; no obstante, afirmaron que cerca de la mitad de dicha suma se utilizó para abonar impuestos en nombre de la compañía.

Como parte del acuerdo, Purdue dejará de existir y será sustituida por una nueva empresa, Knoa Pharma, cuyo consejo de administración será designado por los estados, y tendrá como objetivo combatir la crisis de los opioides. Esta reorganización se considera una de las más complejas de la historia. A finales del año pasado, Purdue había pagado más de US$1.000 millones a bufetes de abogados y otros profesionales que trabajaban en las distintas partes del caso, según consta en documentos judiciales.

Asimismo, se harán públicos millones de documentos internos de Purdue.

Los miembros de la familia Sackler también han aceptado no oponerse a que sus nombres sean retirados de museos y otras instituciones a las que han prestado su apoyo.

Nota de Salud y Fármacos. Puede leer más, en inglés, sobre este tema en. Craig R. McCoy y Bob Fernandez “A Punch in the Gut”: After years of waiting, many opioid victims will be shut out of Purdue settlement. Nearly 140,000 people filed claims against the company for the harm they said its drugs caused. Fewer than half of them will get any compensation. Propublica y The Philadelphia Inquirer, 23 de abril de 2026. https://www.propublica.org/article/purdue-settlement-leaves-opioid-victims-behind