Derecho y Litigación

Mi esposa es profesora de microbiología clínica, y yo, como médico, he dedicado más tiempo a las enfermedades infecciosas que a cualquier otra especialidad. No habíamos considerado que las vacunas pudieran ser un problema hasta que, en 2008, recibimos una carta de un colega, con motivo del cumpleaños número 12 de nuestra hija mayor, en la que nos pedía que la inscribiéramos en un ensayo clínico con la vacuna contra el VPH, que estaba realizando GlaxoSmithKline (GSK) [1].

Solicitamos el protocolo del ensayo, pero no había información sobre sus efectos adversos, solo mantras sin sentido en los que la empresa afirmaba que la vacuna era “en general segura y bien tolerada” [2]. Sin embargo, la información dirigida a los padres señalaba que había “afectado al sistema nervioso, células sanguíneas, tiroides y riñones”.

Preguntamos a qué se referían exactamente y qué tan frecuentes eran esos efectos adversos. Aparecían enumerados en el manual para los investigadores (el brochure), pero el protocolo estipulaba que GSK era la propietaria de los datos, y no pudimos acceder a él, a pesar de que ese documento no contiene información comercial confidencial.

Se nos negó la posibilidad de dar nuestro consentimiento informado, así que nos negamos a inscribir a nuestra hija en este ensayo poco ético.

Mi esposa la vacunó, pero teníamos dudas. Las autoridades ya habían recibido miles de informes sobre efectos adversos de Gardasil, la primera vacuna contra el VPH de Merck, incluyendo náuseas, parálisis y muerte. Mucha gente estaba preocupada [3].

Acalorado debate e investigación pivotal en Dinamarca
Siete años después, en 2015, se produjo un acalorado debate en Dinamarca, después de que un documental televisivo informara sobre cientos de chicas que consideraban que el sistema de salud las había tratado muy mal, tras quejarse de los graves daños que habían sufrido a causa de la vacuna contra el VPH [4].

El documental era muy bueno y afirmaba que nadie sabía con certeza si los síntomas habían sido provocados por la vacuna. Los periodistas habían descubierto, gracias a la Ley de Libertad de Información que el Consejo de Salud, en su campaña publicitaria, no había comunicado las advertencias sobre la vacuna. No obstante, las autoridades y organizaciones interesadas en el tema, como la Sociedad Danesa contra el Cáncer (Danish Cancer Society) desataron una oleada de protestas. El resultado fue que la cadena de televisión no se atrevió a volver a abordar este tema.

Todos los cargos importantes estaban decididos a mantener a la gente en la ignorancia, salvo la doctora Louise Brinth, del Syncope Centre in Copenhagen (Centro de Síncopes de Copenhague). Ese mismo año, publicó tres estudios pioneros que le sirvieron para obtener su doctorado [5, 6]. En ellos se sugería que algunas niñas habían sufrido daños graves a causa de las vacunas. Entre estos daños se incluían el síndrome de taquicardia postural ortostática (POTS o postural orthostatic tachycardia syndrome), el síndrome de dolor regional complejo (SDRC o complex regional pain syndrome) y el síndrome de fatiga crónica (CFS o chronic fatigue syndrome).

Los daños neurológicos graves se pueden deber a una reacción autoinmune en la que el organismo produce anticuerpos contra su propio tejido nervioso. Un ejemplo es la vacuna contra la gripe, Pandemrix, que provocó narcolepsia [6]. Otros ejemplos son la miocarditis, la trombocitopenia inmune y el síndrome de Guillain-Barré tras recibir la vacuna contra la covid-19 [7, 8].

Un estudio demostró una fuerte relación entre los autoanticuerpos contra los receptores adrenérgicos y el síndrome de taquicardia postural ortostática [9], y el Centro de Síncopes informó que, tras la vacunación contra el VPH, se detectaron anticuerpos contra los receptores del sistema nervioso autónomo y las proteínas correspondientes en la mayoría de las niñas con síndrome de taquicardia postural ortostática combinado con otros síntomas de disautonomía, pero solo en una minoría de las niñas vacunadas que estaban sanas [10].

En agosto de 2015, cuando el Consejo de Salud convocó una reunión para debatir estas cuestiones, un antiguo jefe de gabinete del Ministerio de Salud me instó a asistir, con la esperanza de convencerme de que no había nada de qué preocuparse.

Pero sobraban razones para preocuparse. Louise dijo que muchas de las chicas afectadas eran deportistas de élite, lo cual me pareció lógico, ya que el sistema inmunitario de muchas de estas personas está debilitado. Además, no están fingiendo estar enfermas, como sugirió un psiquiatra en la reunión [1].

Esto despertó mi interés y, en 2016, le pedí al doctor Lars Jørgensen que hiciera un doctorado sobre las vacunas contra el VPH, bajo la dirección del profesor Tom Jefferson, de Oxford, y la mía [11].

Antes de 2010, era imposible acceder a los informes detallados de los estudios clínicos de los medicamentos que los fabricantes entregan a las agencias reguladoras para obtener la autorización de comercialización. En 2007, la EMA se negó a concederme acceso a los informes sobre pastillas para adelgazar, alegando que ello socavaría los intereses comerciales.

Presenté una queja ante la Defensora del Pueblo Europeo y, tras tres años de discusiones infructuosas con la EMA, cuyo único interés era proteger a la industria farmacéutica, y no a los pacientes, la Defensora del Pueblo jugó su mejor carta y acusó a la EMA de mala administración en un comunicado de prensa. A raíz de ello, la EMA no tuvo más remedio que abrir sus archivos [12].

Pero la EMA volvió a obstaculizar nuestra investigación. Nos negó el acceso a los informes sobre la vacuna contra el VPH, alegando que “socavaría la protección de los intereses comerciales” [13]. Esto fue extremadamente arrogante porque, durante el procedimiento que yo había iniciado previamente contra la EMA, la Defensora del Pueblo había inspeccionado los informes y protocolos de los estudios en la sede de la EMA, y había concluido que no contenían información comercial confidencial.

Apelamos y la EMA aprobó nuestra solicitud, pero publicó los informes de los estudios con una lentitud extraordinaria. Al cabo de tres años, procedimos con lo que teníamos, que eran los ensayos principales.

Contra todo pronóstico, dado que los grupos control contaban con comparadores activos, vacunas o el adyuvante de aluminio, altamente inmunogénico, descubrimos que las vacunas contra el VPH aumentaban significativamente los trastornos graves del sistema nervioso: 72 frente a 46 pacientes, con un cociente de riesgo de 1,49 (P = 0,04) [14]. Lo denominamos “análisis exploratorio”, pero fue el más importante, ya que estos presuntos efectos nocivos fueron los que llevaron a la EMA a evaluar la seguridad de las vacunas en 2015 (véase más adelante).

Sabíamos que las empresas habían ocultado deliberadamente graves efectos adversos de tipo neurológico [6], y en los informes del estudio no se mencionaba ni un solo caso de síndrome de taquicardia postural ortostática o síndrome de dolor regional complejo. Por lo tanto, realizamos otro análisis exploratorio en el que pedimos a Louise Brinth, una médica que no conocía los datos, que evaluara los términos codificados correspondientes a los efectos adversos. Las vacunas contra el VPH aumentaron los daños graves asociados indudablemente al síndrome de taquicardia postural ortostática (P = 0,006) o al síndrome de dolor regional complejo (P = 0,01), y también se produjo un aumento de nuevas enfermedades, asociadas indudablemente al síndrome de taquicardia postural ortostática (P = 0,03).

Nuestros resultados no fueron bien recibidos. Los medios de comunicación se volvieron locos y la revista que los publicó cometió una falta de ética editorial [1, 6, 13]. En 2019, nuestro artículo fue aceptado para su publicación en la revista Systematic Reviews, propiedad de Springer, pero transcurrido un año aún no se había publicado, a pesar de que la revista promete publicar los artículos en un plazo de 20 días tras su aceptación.

Nuestra correspondencia por correo electrónico con la revista ocupa 66 páginas, y recibimos 20 disculpas y una serie de razones extrañas, contradictorias e inverosímiles para explicar por qué nuestro artículo no se había publicado [6].

Perdimos la paciencia y advertimos a Springer que su censura rayaba en la mala praxis científica y el fraude, y que si la editorial no publicaba nuestro artículo en las dos semanas siguientes recurriríamos a nuestros abogados.

Esto hizo que Springer publicara nuestra revisión a una velocidad récord, dos días antes de nuestra fecha límite [14]. El jefe de redacción de la revista, David Moher, renunció posteriormente y culpó a Springer: “El retraso me avergüenza enormemente… Hemos tenido algunos problemas internos” [1, 13].

Springer también había realizado una censura atroz en otro caso. Intentaron evitar la publicación de nuestra repuesta a una carta, cuyos autores criticaban nuestro trabajo sobre las vacunas contra el VPH utilizando argumentos falsos [15]. Pasaron tres años hasta que se publicó nuestra respuesta, y eso solo porque habíamos amenazado a Springer con emprender acciones legales [1, 6, 13].

Habíamos perturbado una fuente de ingresos sagrada: las vacunas.

La EMA cometió mala praxis científica
Dinamarca se puso en contacto con la Comisión Europea para expresarle sus preocupaciones y, en julio de 2015, se solicitó a la EMA que evaluara los estudios que relacionaban a las vacunas contra el VPH con los supuestos efectos adversos graves.

Cuatro meses después, la EMA publicó un informe en el que concluía que “las evidencias no respaldaban una relación causal entre la vacuna contra el VPH y el síndrome de dolor regional complejo, o el síndrome de taquicardia postural ortostática ” [16].

Periodistas incompetentes, malintencionados y agresivos proclamaron triunfalmente que el caso había quedado resuelto de una vez por todas, y repitieron la afirmación escandalosamente errónea y difamatoria de la EMA de que Louise había estudiado “una muestra muy selectiva de pacientes, aparentemente elegida para ajustarse a una hipótesis preestablecida de daño inducido por la vacuna” [13]. Louise había incluido a todos los pacientes derivados de forma consecutiva, salvo a aquellos que no cumplían los criterios de inclusión, y no partió de ninguna hipótesis preestablecida, sino que planteó una basada en sus observaciones. En eso consiste la buena ciencia.

Un informe confidencial filtrado, que se utilizó para informar al grupo asesor científico designado por la EMA, reveló que había importantes desacuerdos entre los expertos [17], algo que queríamos dar a conocer al público. Enviamos nuestro artículo al BMJ en 2016, pero fuimos víctimas de una censura absurda durante varios años [13]. Pasaron cuatro años y medio hasta que conseguimos publicar el artículo en una revista asociada al BMJ [18].

La investigación de la EMA fue una farsa. No solo fue de una calidad espantosamente deficiente, sino que constituyó una falta de ética científica [1, 6, 13, 18]. Acusamos a la EMA de mala administración, porque no había evaluado adecuadamente los posibles efectos neurológicos graves que podían provocar las vacunas [19], pero la respuesta de la EMA también fue decepcionante. No se abordaron muchas de nuestras preocupaciones y varias afirmaciones eran incorrectas, engañosas o irrelevantes. Por ello, presentamos una reclamación ante la Defensora del Pueblo Europea, pero también nos decepcionó [20]. Nadie, ni siquiera el BMJ, quería tocar este tema espinoso.

Nuestra crítica era importante. La EMA había pedido a Merck y GSK que le hicieran el trabajo, a pesar de que la EMA sabía que estas empresas están implicadas en el crimen organizado y no son de fiar [21,22]. Los inspectores de ensayos de la EMA habían criticado duramente a Sanofi (Sanofi Pasteur MSD era una empresa conjunta con Merck), y las autoridades danesas habían señalado que solo tres de los 26 informes registrados sobre el síndrome de taquicardia postural ortostática aparecían en las búsquedas de Sanofi [6, 13].

La EMA pidió a las empresas que buscaran posibles efectos nocivos en sus bases de datos y no reaccionó ante el hecho de que las estrategias de búsqueda fueran claramente insuficientes, por lo que seguramente habían pasado por alto muchos casos [6, 13]. Esta conducta indebida debió ser deliberada. Por ejemplo, las empresas no buscaron “dolor de cabeza” a pesar de que todos los pacientes de Louise padecían dolores de cabeza, y para que se contabilizaran los casos de mareos se requería que estos se presentaran junto con intolerancia ortostática o con un aumento de la frecuencia cardíaca ortostática. Louise señaló con ironía que la estrategia de Merck era como decir que solo reconocerían que una persona había visto una manzana Granny Smith si en su descripción incluía las palabras “fruta” y “manzana” y “Granny Smith” [13].

La EMA contribuyó a sabiendas al fraude por parte de Merck. Una fuente interna nos facilitó una copia confidencial de un informe pericial de la EMA sobre Gardasil 9, que revelaba que Merck había evitado deliberadamente identificar posibles casos de daños neurológicos graves causados por su nueva vacuna [23]. Por ejemplo, tres pacientes que, según la base de datos de seguridad clínica, habían sido diagnosticadas con síndrome de taquicardia postural ortostática tras recibir la vacuna, no se notificaron como eventos adversos; un caso de síndrome de taquicardia postural ortostática se calificó como “nueva historia clínica”; la hospitalización por mareos graves no se notificó como un efecto adverso grave; y el término “disautonomía” no se incluyó en la lista de efectos adversos.

La EMA declaró que los potentes adyuvantes de aluminio, utilizados en las vacunas para aumentar la respuesta inmunitaria, son seguros; sin embargo, las cinco referencias proporcionadas eran inaccesibles o irrelevantes [6, 13]. Nunca se han llevado a cabo estudios sobre la seguridad de los adyuvantes. Los fabricantes y organismo reguladores afirman que las vacunas contra el VPH son seguras porque los adyuvantes tienen perfiles de riesgo similares [24]. Esto es como decir que los cigarrillos y los puros son seguros porque tienen perfiles de riesgo similares.

Está claro que los adyuvantes no son seguros [25-27]. No pueden serlo. Se utilizan para potenciar la respuesta inmunitaria, por lo que si se produce una infección viral trivial al mismo tiempo que se administra un adyuvante a un participante en el grupo control de un ensayo aleatorizado, se puede provocar una reacción autoinmune.

La EMA lo sabía. La EMA realizó sus propias búsquedas bibliográficas, pero no reveló los resultados a los asesores de su comité científico [6, 13]. Los informes que mantuvo ocultos revelaban que las vacunas contra el VPH, otras vacunas, y quizás también el adyuvante (en combinación con una infección viral inofensiva), podrían provocar el síndrome de taquicardia postural ortostática o el síndrome de dolor regional complejo. La EMA llegó incluso a admitir que el síndrome de taquicardia postural ortostática suele aparecer tras una enfermedad viral.

El hecho de que la EMA ocultara esta información a los expertos que había convocado parecía un encubrimiento, y los intentos de la EMA por justificar sus acciones eran tan inverosímiles que resultaban francamente ridículos [6, 13].

Las búsquedas bibliográficas secretas de la EMA revelaron que se detectaron autoanticuerpos en el 33% de los 82 pacientes con síndrome de dolor regional complejo y en solo el 4% de los 90 controles sanos. La Defensora del Pueblo consideró problemático que la EMA hubiera eliminado lo que denominaba “información confidencial”, de modo que sus propios expertos no pudieran acceder a ella, e instó a la EMA a no hacerlo en el futuro. Sin embargo, la EMA se mostró tan arrogante que ni siquiera respondió cuando la Defensora del Pueblo repitió su solicitud [6, 13].

La EMA permitió que las empresas juntaran los grupos “placebo” en sus ensayos, aunque, en casi todos los casos, el “placebo” fue un adyuvante o una vacuna contra la hepatitis. El director de la EMA, Guido Rasi, explicó erróneamente a la Defensora del Pueblo que todos los estudios que Merck había presentado para obtener la autorización de Gardasil estaban controlados con placebo, y el informe oficial de la EMA también dio esa impresión [16].

La EMA reprodujo, sin sentido crítico, las tasas de incidencia del síndrome de taquicardia postural ortostática y el síndrome de dolor regional complejo elaboradas por los fabricantes, a pesar de que, en uno de los informes que la EMA no reveló a sus propios expertos, la propia EMA afirmaba que no existían datos sobre la incidencia y prevalencia basal del síndrome de taquicardia postural ortostática [6, 13].

El argumento clave de la EMA, mencionado diez veces en su informe oficial [16], era que los fabricantes no habían encontrado ninguna diferencia entre lo observado y la incidencia basal esperada del síndrome de taquicardia postural ortostática y el síndrome de dolor regional complejo. Sin embargo, la nota informativa confidencial de la EMA reveló que tanto el corresponsal belga como el sueco se mostraron críticos con los análisis observados en comparación con los esperados [17].

Curiosamente, en el informe oficial de la EMA se admitía que la investigación subyacente era de baja calidad y que tales comparaciones no podían confirmar una relación causal entre las vacunas y los efectos adversos, incluso si esta fuera real [16]. En tal caso, la conclusión de que no había diferencia entre las incidencias observadas y las esperadas carece de sentido.

Tanto el Uppsala Monitoring Centre (Centro de Vigilancia de Uppsala), un centro colaborador de la OMS, como las autoridades de salud danesas habían detectado indicios de efectos adversos y se mostraron insatisfechos con la forma en que la EMA desacreditó sus observaciones e informes.

La demanda y el fraude de Merck
En 2019, CrossFit Inc. me invitó a dar una charla, la cual grabaron, en su sede de Santa Cruz, en California, basada en mi libro sobre el colapso moral y científico de la Colaboración Cochrane [30, 31]. Actualicé el libro cuando mi compañero cineasta y yo decidimos rodar un documental sobre la caída de Cochrane y la falta de libertad científica, cuyo estreno mundial tendrá lugar en septiembre en Noruega [32, 33].

Mientras estaba en Santa Cruz, fueron a verme Michael Baum, Bijan Esfandiari y otro socio de su bufete de abogados, Wisner Baum en Los Ángeles, pues querían contratarme como perito para su demanda. Michael colaboró con Robert F. Kennedy Jr. en este asunto y voló desde Los Ángeles al día siguiente.

No estoy de acuerdo con algunas de las opiniones de Kennedy sobre las vacunas, pero tiene razón en que hay que efectuar cambios sustanciales en el programa de vacunación que se recomienda en EE UU, y hacer más investigaciones sobre los efectos adversos de las vacunas. El nivel de desinformación e información errónea en EE UU en relación con las vacunas no tiene comparación, y he escrito numerosos artículos y tres libros en los que documento la deshonestidad generalizada en los medios de comunicación, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC o Centers for Disease Control and Prevention) y la FDA [6, 13, 27, 35, 35].

Leí 112.452 páginas de informes de estudios confidenciales, lo que equivale a quinientos libros de tamaño mediano, y redacté un informe pericial de 350 páginas con cuatro anexos [13]. Durante el juicio en curso, cuando mi informe ya había sido desclasificado, Michael me preguntó por qué no había escrito un libro al respecto, cosa que hice [13]:

Merck había utilizado numerosas tácticas para evitar informar sobre los efectos adversos graves de Gardasil a nivel neurológico. Entre ellas cabe citar diseños sesgados, la omisión de datos esenciales y conclusiones injustificadas en los estudios con animales; métodos confusos y contradictorios, incluso para los mismos investigadores, para recopilar, analizar y notificar los efectos adversos en los ensayos en humanos; al menos 11 procedimientos diferentes para notificar los efectos adversos; límites muy flexibles para la notificación de daños (por ejemplo, no se mostraron los eventos con una incidencia inferior al 1,6%, 1%, 2% o 5%); referirse a los efectos adversos como “nuevas historias clínicas”, lo que ocultaba su intensidad; numerosos intervalos diferentes para notificar los eventos adversos; un seguimiento de solo dos semanas (lo que provocó que se omitiera una muerte por los eventos adversos graves en una tabla resumen, porque se produjo fuera de este intervalo de notificación); y períodos de notificación poco claros debido a que la redacción era confusa e incoherente.

Los informes de los estudios de Merck se redactaron, sistemáticamente, para restar importancia a los efectos adversos de sus dos vacunas. Se observaron discrepancias en las cifras, así como imposibilidades matemáticas, tanto en los informes como en las publicaciones y en los prospectos. En ocasiones resultaba imposible comprobar si el número de pacientes aleatorizados y analizados era correcto, debido a que los datos se encontraban dispersos en extensos informes de estudio y las explicaciones solían ser poco claras o contradictorias.

A modo de ejemplo, mis cálculos sobre un ensayo de gran envergadura y enorme importancia, en el que se comparaba Gardasil con Gardasil 9, dieron como resultado cuatro cifras diferentes de personas aleatorizadas.

Incluso el número de muertes varió. En el estudio Future 3, se registraron 8 frente a 4 muertes en el registro de ensayos de EE UU, 7 frente a 1 en el informe del estudio y ninguna muerte en la publicación del ensayo en The Lancet. La mayoría de estas muertes ni siquiera figuraban en un registro de las personas que salieron del estudio por eventos adversos graves, a pesar de que no es posible continuar en un ensayo tras haber fallecido.

También se observaron discrepancias extremas respecto a los eventos adversos entre ensayos con el mismo diseño.

La afirmación de Merck, en sus informes de estudio (study reports), formularios de consentimiento, informes publicados de los ensayos y prospectos, de que el adyuvante es un placebo es falsa, incluso según la propia definición de Merck de lo que es un placebo. En sus publicaciones, Merck ocultó de hecho de que su supuesto placebo era el adyuvante.

Las publicaciones de Merck sobre sus ensayos clínicos pivotales en las principales revistas médicas son tan confusos que se justifica calificarlas de deshonestidad científica.

En muchos casos, los efectos adversos desaparecieron. Tengo un conocimiento detallado de algunos casos en Dinamarca, porque los comenté con la investigadora Tabassam Latif. En la Unidad de Síncopes, a una niña se le diagnosticó el síndrome de taquicardia postural ortostática tras haber recibido la vacuna, pero cuando Tabassam intentó comunicárselo a Merck, su informe fue rechazado.

Tabassam atendió a tres niñas con síndrome de taquicardia postural ortostática en este ensayo, dos de las cuales fueron hospitalizadas. Esto es, por definición, un efecto adverso grave que se debe notificar. Las niñas no pudieron precisar cuándo comenzaron exactamente los síntomas del síndrome de taquicardia postural ortostática, pero fue mucho antes de las dos últimas semanas de registro obligatorio que se menciona en la cartilla de vacunación. Tabassam envió informes sobre los dos efectos adversos graves a Merck, y el supervisor danés de Merck coincidió en que era lo adecuado.

Sin embargo, Merck EE UU intervino y se negó a registrarlos. Dado que los síntomas aparecieron de forma gradual, a las niñas les resultaba imposible indicar una fecha exacta de su aparición, por lo que Tabassam anotó en los formularios un intervalo de tiempo en lugar de una fecha, que se remontaba a un año o más antes de que las pacientes fueran ingresadas en el hospital.

Merck desestimó los informes y determinó equivocadamente que la fecha de inicio de los síntomas era la fecha de hospitalización, que quedaba fuera del período de notificación. Revisé el informe del estudio y no encontré estos casos.

Esto fue un fraude. Es bien sabido que, aunque los síntomas del síndrome de taquicardia postural ortostática puedan aparecer pronto, pueden pasar años antes de que el diagnóstico se confirme objetivamente mediante una prueba de inclinación o de la mesa basculante [36].

En mi libro [13] describo con detalle cómo fui hostigado por la abogada de Merck, Emma C. Ross, quien también es médica. Fue un día estresante y el más absurdo de toda mi vida. Ross planteó algunos argumentos científicos interesantes, pero se mostró muy arrogante, intimidante, desagradable, condescendiente y agresiva.

Ross nos interrumpió en numerosas ocasiones, tanto a mí como a mi abogado, Bijan Esfandiari, sobre todo cuando se enfadaba porque yo no caía en ninguna de las muchas trampas que me había tendido. Me interrumpió diez veces con la pregunta: “¿Ha terminado ya?”, cuando explicaba qué fallaba en sus argumentos.

Ross me lanzó innumerables preguntas irrelevantes y repetitivas durante todo el día, muchas de las cuales estaban diseñadas para poner en duda mi integridad y mi credibilidad científica. La idea era que Merck intentara convencer al juez, mediante una supuesta moción, de que debía excluirme como perito porque no era digno de confianza. Pero los argumentos de Merck fueron muy poco profesionales y el juez los descartó [13].

Lo que tuve que soportar por parte de Ross y, posteriormente, del equipo legal de Merck, fue tan hilarante y primitivo que quienes han leído mi libro han dicho que solo por eso ya merece la pena leerlo. No he visto en ningún otro sitio relatos tan detallados sobre cómo se somete a un interrogatorio a un perito.

En relación con la investigación de la EMA de 2015, Merck argumentó que no había tasas de incidencia basal para el síndrome de taquicardia postural ortostática en la literatura científica. En su lugar, basaron su estimación en la tasa basal del síndrome de fatiga crónica. Esto es como estimar los accidentes de bicicleta, basándose en el número de accidentes de coche.

La Dra. Lucija Tomljenović, en su informe pericial presentado a la corte, hizo un análisis detallado de estos problemas [13]. Documentó que las estimaciones de Merck sobre la incidencia basal del síndrome de taquicardia postural ortostática eran enormemente exageradas, en comparación con las estimaciones de instituciones con interés en este tipo de casos.

Por el contrario, Merck excluyó todos los casos observados de síndrome de taquicardia postural ortostática tras la vacunación con Gardasil que no cumplieran los cuatro criterios de diagnóstico del síndrome, así como aquellos que no hubieran sido notificados por un profesional de la salud. Varios expertos médicos y el Consejo de Salud de Dinamarca se opusieron a ello. Como señaló Louise Brinth, es bien sabido que una notificación de reacción adversa no incluye todos los detalles de la historia clínica y, por lo tanto, es poco frecuente que una notificación espontánea cumpla los criterios de diagnóstico.

El exdirector del Centro de Vigilancia de Uppsala (Uppsala Monitoring Centre), afiliado a la OMS, y el Consejo de Salud de Dinamarca, sostuvieron que no es ni seguro ni sensato descartar por completo los informes con información insuficiente. Sin embargo, la EMA rechazó una solicitud que le hizo el Consejo de Salud de Dinamarca para que se realizara un análisis de sensibilidad, que incluyera tanto los casos confirmados como los no confirmados de síndrome de taquicardia postural ortostática, infringiendo así sus propias guías de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia (GVP o Good Pharmacovigilance Practices).

Lucija señaló que, al parecer, Merck no incluyó en sus análisis para la EMA cuatro casos de síndrome de taquicardia postural ortostática, confirmados médicamente que se habían notificado a la base de datos de Merck. También demostró que la incidencia basal del síndrome de dolor regional complejo es varias veces inferior a la que se recoge en un estudio que Merck seleccionó de forma sesgada. Además, Merck aplicó criterios mucho más estrictos al evaluar los informes de su base de datos, por lo que solo aceptó siete de los 53 casos diagnosticados por profesionales de la salud que cumplían los criterios habituales.

Cuando Merck incluyó los casos que cumplían parcialmente los criterios restrictivos, descubrió que el recuento observado era mayor al esperado; sin embargo, de forma poco sincera, descartó este hallazgo alegando que se desconocía si los casos que cumplían parcialmente los criterios de la definición eran realmente síndrome de dolor regional complejo. ¡Pues bien, los análisis de sensibilidad no dan por sentado que ese sea el caso!

La doctora Rebecca Chandler, evaluadora de seguridad para las valoraciones iniciales de signos de síndrome de dolor regional complejo y síndrome de taquicardia postural ortostática de la EMA, señaló que los signos de efectos adversos se caracterizaban mejor como una posible asociación entre la vacuna contra el VPH y la disfunción del sistema nervioso autónomo [29]. Louise Brinth llegó a la misma conclusión [37].

Chandler también señaló que las evaluaciones previas de los efectos adversos, que se centraban en diagnósticos individuales, probablemente excluyeron muchos casos clínicamente relevantes. Su análisis de grupos de síntomas que se presentan conjuntamente es único y reveló que muchos de los casos de efectos adversos, tras la vacunación contra el VPH, eran de naturaleza grave y, a menudo, incapacitante [28].

Lucija Tomljenović escribió en su informe pericial que Merck reconoció en su guía de 2022 para la vacunación adecuada con Gardasil 9 en Japón, que los diversos síntomas notificados habitualmente tras la vacunación contra el VPH, que comprenden síntomas neurosensoriales, autonómicos, motores y cognitivos, se han tratado en la práctica clínica “bajo una variedad de denominaciones diagnósticas que pueden diferir en función de los campos clínicos, las interpretaciones patológicas y la manifestación de los síntomas principales” [13]. De este modo, Merck invalidó los análisis que Tomljenović había presentado a la EMA en 2015.

Tomljenović, basándose en la literatura científica, proporcionó estimaciones mucho más realistas que las de Merck en 2015, tanto para la incidencia basal del síndrome de taquicardia postural ortostática como para las tasas de notificación de efectos adversos [13]. Utilizando los métodos de Merck, descubrió que, incluso cuando la mayoría de sus hipótesis eran bastante conservadoras, el número observado de casos de síndrome de taquicardia postural ortostática, tras la vacunación con Gardasil, era mucho mayor que el número esperado, a pesar de que Merck había subestimado enormemente el número observado.

El trabajo de Tomljenović supuso una gran amenaza para Merck, empresa que intentó impedir que testificara.

El acuerdo
La demanda, Jennifer Robi contra Merck, BC628589, ante la Corte Suprema de California, condado de Los Ángeles, se presentó en 2016. En ella se alegaba que Merck no había advertido adecuadamente a los pacientes y a los médicos sobre los riesgos de padecer trastornos autoinmunes graves, concretamente el síndrome de taquicardia postural ortostática.

Jennifer Robi, una antigua deportista, acabó en silla de ruedas tras vacunarse con Gardasil cuando era adolescente, hace 15 años.

Tenía razón respecto a las negligencias de Merck. En junio de 2026, se anunció que Merck había llegado a un acuerdo con ella, y se afirmó que dicho acuerdo abarcaba más de 200 demandas por un importe superior a los US$50 millones [38], aunque la cantidad no se puede verificar, ya que las condiciones del acuerdo son confidenciales.

Merck afirmó que la cantidad que pagaría era “considerablemente menor que los gastos previstos” para defenderse en los juicios [38]. Podría haber otras razones. Quizás Merck se dio cuenta de que perdería ante la Corte Suprema. Otra ventaja de llegar a un acuerdo es que la empresa evita admitir cualquier culpa y puede seguir promocionando la “seguridad y eficacia” de su producto, tal y como hizo Merck [38].

Esto es también lo que hizo Eli Lilly hace años. Los antidepresivos pueden provocar violencia y homicidios [39], y en 1989 un hombre mató a tiros a ocho personas, hirió a otras doce y se suicidó, un mes después de empezar a tomar fluoxetina [40]. Lilly afirmó que se había “demostrado ante una corte que el Prozac es seguro y eficaz”. Sin embargo, el juez que presidió el juicio sospechó que se había llegado a un acuerdo secreto y presionó a Lilly y a los demandantes, lo que acabó obligando a que Lilly admitiera que había llegado a un acuerdo secreto con los demandantes durante el juicio.

Indignado por las acciones de Lilly, el juez afirmó que “Lilly intentó comprar no solo el veredicto, sino también la sentencia de la corte”. Peter Breggin era un experto que apoyaba a la familia, pero su propio abogado lo traicionó y presentó un caso débil, ya que estaba al corriente del acuerdo secreto [41]. Tras este acuerdo, el abogado de Breggin devolvió las pruebas reveladoras a Lilly, donde desaparecieron de forma ilegal, lo que impidió que se iniciaran otras demandas.

Así es como actúan los mafiosos. La obstrucción a la justicia y la obstrucción al cumplimiento de la ley son dos de los delitos que constituyen delincuencia organizada [21].

Los documentos incriminatorios también desaparecieron en la FDA, y Lilly también sobornó a miembros del comité de la agencia [22]. A lo largo de la década de los noventa, mientras Lilly juraba públicamente que la fluoxetina no aumentaba el riesgo de suicidio o violencia, a pesar de que es evidente que sí lo hace, resolvió en secreto las demandas, de manera extrajudicial, y mantuvo ocultas las pruebas incriminatorias obteniendo órdenes judiciales para sellar los documentos.

Según el Black’s Law Dictionary, el fraude es cualquier actividad que se basa en el engaño para obtener un beneficio, y Merck ya ha cometido fraude anteriormente. En mi informe pericial describí que el fraude de Merck relacionado con su medicamento para la artritis, Vioxx, causó la muerte de decenas de miles de pacientes, porque Merck ocultó que provocaba ataques cardíacos [13]. Los abogados de Merck consideraron que esta información carecía de fundamento y era irrelevante, y solicitaron a la corte que la excluyera.

La información no carecía de fundamento, sino que se basaba en hechos, y me parece “interesante” que Merck quisiera excluirla. Si se sospecha que un hombre ha cometido abusos sexuales a menores, no se considera irrelevante que esa persona sea un agresor sexual condenado.

Conclusiones
Basándome en mis investigaciones exhaustivas, no tengo ninguna duda de que las vacunas contra el VPH, en casos excepcionales, pueden causar daños neurológicos graves que pueden ser irreversibles e incapacitantes, y de que Merck cometió fraude al ocultar deliberadamente estos daños de la vista del público, lo que cumple la definición de delincuencia organizada [21]. Tampoco tengo ninguna duda de que el adyuvante de aluminio de Merck causa daños y de que prácticamente todos los llamados ensayos controlados con placebo de Merck fueron poco éticos, ya que el grupo “placebo” estuvo expuesto a una sustancia nociva, el adyuvante de aluminio sin que se informara de ello a los pacientes.

Las víctimas deberían recibir una indemnización económica. Ya en 2017, tres niñas de Dinamarca habían recibido más de un millón de coronas (unos €135.000) cada una, en concepto de indemnización por daños neurológicos tras la vacuna contra el VPH, procedentes de fondos públicos, concretamente del Fondo de Indemnización a los Pacientes (Patient Compensation Fund) [43].