• Activistas afirman que la legislación que se utilizó para acabar con la independencia del NICE fue ilegal y antidemocrática.

Los cambios forman parte de concesiones más amplias a favor de la industria farmacéutica que realizó el Reino Unido en respuesta a la presión de la Casa Blanca y de la propia industria, que, según expertos, ponen en peligro cientos de miles de vidas.

Tras un intercambio formal con los abogados del gobierno, una batalla legal iniciada por activistas contra el Gobierno británico por los cambios introducidos en el sistema de control de precios de los medicamentos en el Reino Unido se traslada a los tribunales. El gobierno, en su respuesta a una carta previa a la demanda, intentó justificar la forma en que se han realizado los cambios, que pondrán fin a la independencia de NICE (National Institute for Health and Care Excellence o Instituto Nacional para la Excelencia en la Salud y la Atención) del control ministerial. Sin embargo, los activistas y sus abogados siguen convencidos de que el gobierno actuó ilegalmente y han solicitado autorización judicial para que se haga una revisión judicial completa.

La organización de pacientes Just Treatment y la organización de justicia social Global Justice Now han demandado al gobierno, junto con sus abogados, Leigh Day, por la inclusión de nuevas regulaciones para implementar un pilar fundamental del acuerdo comercial entre EE UU y el Reino Unido sobre productos farmacéuticos. Los grupos están recaudando fondos mediante micromecenazgo para llevar el caso hasta el final y cubrir la totalidad de los gastos legales y judiciales.

Un instrumento legal, aprobado en abril, otorga el control directo sobre el umbral de costo-efectividad que utiliza NICE para determinar qué medicamentos se ofrecen de forma rutinaria en el NHS a los ministros. Este cambio se tuvo que hacer para que el gobierno pudiera cumplir las promesas hechas a Donald Trump en el marco del acuerdo comercial sobre productos farmacéuticos anunciado en diciembre de 2025. Forma parte de un paquete de cambios que compromete al Reino Unido a aumentar drásticamente el gasto en medicamentos patentados por parte del NHS durante los próximos diez años.

Sin embargo, el mes pasado, en una carta dirigida al gobierno (disponible en: https://drive.google.com/file/d/1WgCNhbWQsd5tRvHGP-A6szwNQg3UCNYd/view?usp=sharing) los activistas expusieron las razones por las que los cambios son ilegales, y pidieron al gobierno que revocara la legislación o enfrentara a una batalla legal. Los activistas creen que los cambios acaban con la independencia del NICE y permiten la injerencia política, dejando que los precios de los medicamentos estén sujetos al cabildeo político de las grandes farmacéuticas y el gobierno estadounidense. Afirman que esto supone un riesgo existencial para el riguroso marco de salvaguardias del Reino Unido, diseñado para proteger a los pacientes y al Servicio Nacional de Salud (NHS) de los precios abusivos que exige la industria. Se estima que los cambios a los que se ha comprometido el gobierno, en virtud del acuerdo con Trump, costarán al NHS miles de millones de libras esterlinas al año para 2035, y han sido ampliamente criticados por expertos en salud.

El gobierno, en su respuesta, se mantuvo firme en su postura de haber actuado legalmente. Activistas y sus abogados han presentado documentos ante los tribunales, solicitando autorización para celebrar una vista judicial y que un juez se pronuncie sobre el asunto.

Diarmaid McDonald, directora de Just Treatment, declaró:

“Es sumamente decepcionante, aunque lamentablemente no sorprendente, que el gobierno se haya negado a admitir el error cometido al intentar eludir el control parlamentario para aprobar estos cambios. Durante todo este proceso, el gobierno ha escuchado al gobierno estadounidense y a los grupos de presión de las farmacéuticas en lugar de a los pacientes, el personal, los parlamentarios y los expertos independientes del NHS. No podemos permitir que pongan en riesgo tantas vidas y nuestro sistema de salud público para inflar las ganancias de la industria y alimentar el ego de Trump.

Si bien esperamos que los tribunales obliguen al gobierno a revertir este cambio ilegal y antidemocrático, hay que hacer un análisis mucho más profundo de todo el acuerdo. Cuando este acuerdo pone en riesgo tantas vidas, debemos preguntarnos por qué se accedió a las demandas de la industria farmacéutica y cuáles son las implicaciones de su poder monopólico para nuestra democracia, economía y salud”.

Nick Dearden, director de Global Justice Now, afirmó:

“El gobierno ha demostrado que no se opondrá a Trump para proteger a nuestro NHS, por lo que estamos tomando cartas en el asunto”. No nos quedaremos de brazos cruzados y no permitiremos que el NHS se debilite simplemente para aumentar aún más los beneficios de una industria que se preocupa más por los intereses de sus accionistas que por los de la gente común. El gobierno ha impuesto estas medidas sin debatirlas en el Parlamento, por lo que no nos queda otra opción que luchar contra esto en los tribunales.

Rowan Smith, abogado de Leigh Day, declaró:

«Nuestros clientes están profundamente preocupados por el impacto que el acuerdo comercial farmacéutico entre el Reino Unido y EE UU podría tener en el precio y la disponibilidad de medicamentos. Argumentan que el nuevo poder que otorgan al Secretario de Salud sobre la dirección del NICE en materia de costo-efectividad corren el riesgo de socavar un organismo de salud importante y reconocido mundialmente, y podrían afectar significativamente a los medicamentos disponibles en el NHS».

Los parlamentarios han intentado forzar un debate público sobre estos cambios, pero el mecanismo que el gobierno utilizó para implementarlos, conocido como instrumento legal negativo, está diseñado para que este tipo de escrutinio independiente sea prácticamente imposible. No obstante, diputados y lores … Representantes del Partido Laborista, el Partido Conservador, el SNP, los Liberal Demócratas, el Partido Verde y Plaid Cymru, así como dos comités multipartidistas, han expresado su preocupación.

El NICE se creó para operar con independencia del control ministerial; sin embargo, el acuerdo que el Reino Unido firmó con Trump incluía el compromiso de elevar los umbrales de costo-efectividad que el organismo utiliza para determinar si los medicamentos ofrecen una buena relación calidad-precio y, por tanto, pueden incorporarse al sistema público de salud (NHS). Esto obligó al Gobierno a legislar para otorgarse la facultad de imponer dicho cambio al NICE, una potestad que ya ha ejercido para ajustar los umbrales. No obstante, la demanda judicial sostiene que la finalidad de estas modificaciones contradice directamente la ley principal que se está reformando y que, por consiguiente, tales cambios solo deberían tramitarse mediante un nuevo proceso legislativo de rango principal.

El acuerdo entre EE UU y el Reino Unido sobre precios de medicamentos logró un compromiso temporal de EE UU de no imponer aranceles a las exportaciones farmacéuticas del Reino Unido hacia dicho país [1]. A cambio, el Reino Unido se ha comprometido a una serie de reformas permanentes y de gran alcance en los mecanismos de control de precios, así como a acelerar rápidamente el gasto del NHS (Servicio Nacional de Salud) en medicamentos patentados: se prevé duplicar dicho gasto en un plazo de diez años sin fondos adicionales del Tesoro para compensar el coste.

El acuerdo se produjo tras meses de presión sostenida por parte de la industria farmacéutica y la Casa Blanca; y según expertos de la Universidad de York, el pacto pone en riesgo la vida de más de 328.000 pacientes del NHS a lo largo de los 19 años de vigencia del acuerdo.

El NICE, un organismo pionero en la evaluación de tecnologías sanitarias, respetado y emulado en todo el mundo, es la pieza clave del complejo entramado de instrumentos que ha diseñado el Reino Unido para controlar los precios y el gasto en medicamentos patentados, un ámbito en el que las compañías farmacéuticas que ostentan el monopolio pueden fijar unilateralmente sus precios y ejercer un poder significativo sobre el sistema de salud. La medida para acabar con la independencia del NICE ha sido duramente criticada por expertos. El fundador y director clínico y de salud pública del NICE la describió como “la mayor amenaza hasta la fecha para su existencia”.

La carta sostiene que el Gobierno ha actuado de manera ilegal por tres motivos (https://drive.google.com/file/d/1WgCNhbWQsd5tRvHGP-A6szwNQg3UCNYd/view?usp=sharing): ha utilizado un procedimiento parlamentario que no le otorga la autoridad para implementar los cambios deseados (dichos cambios contradicen directamente el propósito de la legislación principal que se pretendía modificar y, por tanto, solo deberían tramitarse mediante el procedimiento legislativo ordinario); no ha hecho ni publicado evaluaciones adecuadas sobre el impacto y las consecuencias de estos cambios para las distintas comunidades del Reino Unido; y ha actuado en contra del verdadero propósito de la ley.

La carta otorga al Gobierno un plazo hasta el 15 de mayo para responder, solicita que el Secretario de Estado se comprometa a revocar la legislación ilegal. De no producirse dicha respuesta, los promotores de la iniciativa llevarán al Gobierno ante los tribunales. El Gobierno solicitó más tiempo para responder, y los demandantes están a la espera de dicha respuesta. La demanda debe presentarse ante los tribunales antes del 2 de junio.