Un artículo publicado en Statnews [1] describe cómo los países europeos están respondiendo a la presión que EE UU para aumentar su gasto en medicamentos patentados, a la vez que intentan preservar las inversiones de la industria y el acceso a los medicamentos. Según el articulo, mientras el gobierno del Reino Unido ha adoptado políticas más favorables a la industria y se ha comprometido a aumentar el gasto en medicamentos, Alemania ha propuesto medidas que recortarían el gasto en salud y aumentarían los reembolsos que la industria debe pagar.

En Europa, los países negocian directamente los precios de los medicamentos con las empresas farmacéuticas, evaluando el valor que ofrece un nuevo medicamento en comparación con los que ya están en el mercado. De hecho, las empresas no comercializan los medicamentos si consideran que los gobiernos no les ofrecen un precio satisfactorio. Ahora, EE UU pretende que las naciones europeas ricas paguen precios comparables a los de EE UU, y se refieren a ellos como “precios de nación más favorecida”. La forma como se establecerían los precios en uno y otro lado del Atlántico no está bien definida, por una parte, EE UU querría basar sus precios en los establecidos en otras economías comparables. Esto hace que las empresas teman que fijar o acordar precios más bajos en Europa, como lo han hecho tradicionalmente, limite su margen de maniobra para fijar precios en EE UU, que es su mercado más importante. De hecho, ya hay indicios de que el número de nuevos medicamentos que se lanzan en Europa ha disminuido.

La empresa biotecnológica Insmed, por ejemplo, ha declarado que, por el momento, no lanzará su medicamento para enfermedades pulmonares en Europa ni en el Reino Unido, debido a la incertidumbre en torno al precio de nación más favorecida en EE UU; y porque considera que si los programas de evaluación de tecnología establecen que el precio resulta demasiado alto en comparación con los beneficios que aporta, los países se negaran a pagarlo.

Las empresas parecen estar a la espera de como se resuelve la situación. Actualmente, la política de EE UU se basa en acuerdos confidenciales alcanzados por la Casa Blanca con las principales farmacéuticas del mundo, que parecen aplicarse principalmente a medicamentos específicos para el mercado relativamente pequeño de Medicaid. Sin embargo, la administración Trump también está pidiendo al Congreso que codifique la política, y está impulsando diferentes programas piloto que podrían vincular los precios de Medicare y Medicaid a los que pagan los países europeos más ricos, así como Canadá y Japón; estas medidas tendrían consecuencias mayor alcance.

Algunas empresas están intentando adelantarse a las nuevas políticas. Cuando Amgen retiró recientemente su medicamento para el colesterol Repatha del mercado danés, fue porque Amgen no quería arriesgarse a tener que reducir su precio para Medicare solo con el objetivo de mantener su medicamento a la venta en Dinamarca, que tiene una población de seis millones de habitantes.

Alemania está discutiendo formas de reducir el gasto en salud, y algunos de los cambios más importantes afectarían el gasto en medicamentos. La propuesta exigiría que las empresas ofrecieran descuentos proporcionales al volumen de ventas de un determinado fármaco y aumentaría los reembolsos que las compañías deben abonar al Estado cuando el gasto sanitario supera ciertos umbrales, un mecanismo que a veces se conoce como “impuesto de recuperación” (clawback tax). Según la industria, hacer que la tasa de reembolso fluctúe anualmente no solo enturbiaría las perspectivas comerciales en Alemania, sino que también generaría incertidumbre y dificultaría la elaboración de planes empresariales a largo plazo para el país.

Alemania, sede de empresas como Bayer, Merck KGaA, Boehringer Ingelheim y BioNTech, se considera un mercado relativamente favorable al sector farmacéutico; permite, por ejemplo, comercializar medicamentos inmediatamente después de su aprobación al precio de lista fijado por la empresa durante un periodo previo a la entrada en vigor del precio negociado.

Cuando se presentó la propuesta de reforma, el Gobierno mantenía conversaciones con las empresas para fomentar su crecimiento, en el marco de la iniciativa conocida como «diálogo farmacéutico». Se esperaba que el gobierno apostara por promover la innovación, en cambió, el gobierno sorprendió con su política de reducción de costos. Ahora, el sector está reaccionando y empleando una estrategia similar a la que utilizó anteriormente en el Reino Unido. Tanto las empresas alemanas como las internacionales han anunciado que recortarán las inversiones en plantas de fabricación y ensayos clínicos. Los directores ejecutivos han advertido que retrasarán o paralizarán el lanzamiento de productos en Alemania.

Nota de Salud y Fármacos: Según un articulo publicado en Político [1], la estrategia de EE UU se basa en cerrar acuerdos bilaterales país por país, aprovechando la fragmentación de los sistemas sanitarios europeos, que dejan la fijación de precios de los medicamentos mayoritariamente en manos de cada nación.

Tras la época dorada de Europa como superpotencia de las ciencias de la vida hace más de 30 años, la inversión ha ido saliendo progresivamente del bloque, sin visos de detenerse. En 1990, el 49% de la investigación y el desarrollo farmacéutico privado a nivel mundial se realizaba en Europa. Para 2025, esa cifra se había reducido a la mitad, situándose en el 26%.

La farmacéutica estadounidense Eli Lilly y otras tres grandes compañías del sector paralizaron inversiones previstas en el Reino Unido el año pasado, reaccionando rápidamente después de que el presidente Donald Trump exigiera que los países europeos pagaran más por los medicamentos. Ahora, las empresas están haciendo lo mismo en Alemania.

Eli Lilly y la farmacéutica alemana Boehringer Ingelheim anunciaron que reducirían inversiones previstas en Alemania por valor de miles de millones de euros, en respuesta a los planes del país para recortar el gasto en salud, incluyendo en medicamentos. Los gobiernos europeos se muestran reticentes a seguir los pasos del Reino Unido. Los países se sienten presionados por la falta de presupuesto público y por un crecimiento económico lento. Muchos también se muestran escépticos de que ceder ante la industria farmacéutica ponga fin a la campaña de presión, pues temen que ello solo incite a plantear más exigencias en el futuro.

Por otra parte, “la política comercial es en gran medida competencia de la UE, mientras que los sistemas sanitarios y la fijación de precios farmacéuticos siguen siendo competencias predominantemente nacionales… Eso significa que Alemania no puede obtener concesiones comerciales por la vía bilateral, aunque quisiera hacerlo… para los países de la UE, ya se ha establecido un arancel estadounidense del 15%”.

La política de precios de medicamentos basada en el principio de “nación más favorecida” (NMF) de Donald Trump, que entrará en vigor en enero, ya esta logrando que las empresas farmacéuticas no lancen sus productos en Europa, argumentando que perderían menos ventas lanzándolos a un precio más alto en EE UU que a un precio más bajo en todos esos países.

Por otra parte, no todos están convencidos de que la exención de impuestos para el Reino Unido esté claramente establecida en el acuerdo alcanzado con EE UU. Hay quienes consideran que la redacción del acuerdo resulta ambigua. Para muchos en Europa, el acuerdo del Reino Unido con Washington parece menos una victoria y más una advertencia. Algunos observaron que el acuerdo con el Reino Unido se logró, en gran medida, gracias a que una figura clave del gobierno defendió los intereses de la industria. Los activistas también mostraron su alarma, especialmente por la falta de una evaluación a largo plazo sobre el coste que el acuerdo supondría para los contribuyentes, y están intentando anular el pacto por la vía judicial.

El gobierno estimó que el acuerdo costaría unos £2.000 millones a corto plazo, pero ninguna evaluación oficial ha calculado el incremento de costes previsto para la próxima década. El economista Diederik Stadig, del banco holandés ING Research, estima que los cambios podrían llegar a suponer un coste adicional de entre £2.000 y £3.500 millones anuales para el año 2036. E, incluso tras haber conseguido concesiones, la industria farmacéutica sigue presionando para obtener más”.

Japón y Suiza son los otros dos mercados en donde se espera que EE UU ejerza mayor presión para influir en el precio de los medicamentos.