América Latina

Muchos gobiernos alrededor del mundo están luchando contra los altos precios de los medicamentos. El precio de los medicamentos ha estado aumentando en los últimos años, no solo en Guatemala, sino alrededor del mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que unos 100 millones de personas caen en la pobreza anualmente a causa de lo que deben pagar por sus medicinas. Hay evidencia de que los precios que se cobran por algunos medicamentos -especialmente los asociados a enfermedades catastróficas- son, en efecto, irracionalmente altos.

Ciertamente existen razones de mercado que explican en parte esto, como el envejecimiento de la población, la mayor cobertura de seguros médicos y la creciente demanda de una sociedad con más ingresos y esperanza de vida. Pero también existen razones asociadas a los sistemas de adquisiciones que -por ineficiencia y por corrupción- inflan artificialmente el costo de la medicina. No hay que olvidar que las empresas farmacéuticas obtienen monopolios (más o menos temporales) a través de patentes y contratos otorgados por los gobiernos.

Muchos gobiernos alrededor del mundo están luchando contra los altos precios de los medicamentos. En Guatemala, el tema ha cobrado notoriedad luego de que las declaraciones del respetado médico Román Carlos Bregni y del propio presidente Giammattei, denunciando los altos costos de las medicinas, ha puesto en evidencia la necesidad de aplicar urgentemente políticas públicas efectivas para enfrentar el problema.

Esas políticas deben aplicarlas los dos mayores compradores estatales –el Ministerio de Salud y el IGSS- y deben ser equilibradas y cuidadosas para generar transparencia y competencia sin desincentivar la oferta ni afectar la calidad de las medicinas. Hasta ahora, las farmacéuticas han ejercido su enorme poder económico y prácticas agresivas -y a veces ilícitas- para “convencer” a los médicos de recetar sus productos y a las autoridades, de comprarlos a precios inflados.

Varias medidas pueden aplicarse, empezando por acciones que promuevan la transparencia en el mercado de medicinas, como podría ser un sistema permanente de publicidad de precios, o abordar la falta de competencia con medidas enérgicas contra las tácticas empleadas por las farmacéuticas para excluir competidores u obstaculizar el uso de medicamentos genéricos. Y se puede recurrir a la experticia de agencias internacionales para realizar procesos de compra por subasta más transparentes y eficientes.

El IGSS ya lo ha estado haciendo: sus autoridades reportan un ahorro de Q3.600 millones (1US$=7,7Q) en cuatro años como parte del convenio firmado con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos -UNOPS-. El Ministerio de Salud debería hacer algo similar. Además de la UNOPS existen otras agencias que pueden ayudar en el proceso (en Ucrania, por ejemplo, el gobierno contrató a Crown Agents, una agencia de desarrollo británica, para comprar medicamentos y en un año generó un ahorro millonario). El primer paso de las nuevas autoridades debería seguir avanzando en esta ruta, en vez de abandonarla como parece ser la intención de quienes quieren seguir lucrando con la salud pública.