Un grupo de delatores ha creado un gran revuelo en la industria farmacéutica al demandar a numerosos fabricantes de medicamentos. Han afirmado que las compañías utilizaban enfermeras educadoras y otros servicios para sobornar y aumentar las recetas. Pero en lugar de aceptar las demandas, el gobierno dijo que no quería tener nada que ver con los juicios y después, en una reacción inusual, pidió a los tribunales que no aceptaran las demandas.

Pero al menos un juez se ha opuesto al argumento del Departamento de Justicia (DJ), que destacó las razones por las cuales los denunciantes demandarían.

En un caso contra la farmacéutica UCB con sede en Bélgica, el gobierno no solo expresó inquietudes sobre las acusaciones. El DJ señaló los motivos de los informantes y cuánto tiempo, esfuerzo y dinero se requeriría para verificar sus declaraciones.

El gobierno explica que los que denunciaban a la UCB están asociados con el National Healthcare Analysis Group (NHAG), que afirma ser una empresa de investigación en salud sin “ningún sesgo en particular” contra la industria. Pero los federales dicen que de hecho el NCHA tiene un interés propio, quiere obtener ganancias de sus demandas.

La estrategia del NHCA, explicó el gobierno, incluía el uso de fuentes públicas para buscar “posibles informantes” para sus demandas. Luego se contactaba con los médicos “con el pretexto de realizar ‘un estudio de investigación cualitativo’ de la industria farmacéutica” y pagaba a los participantes.

“Con esta información que obtuvo bajo falsas pretensiones, el Grupo NHCA presentó acusaciones de mala conducta en todo el país contra 38 grupos diferentes, acusaciones que, solo para Medicare Parte D, implican más de 73 millones de recetas escritas por cientos de miles de médicos diferentes para millones de beneficiarios de Medicare “, argumentaron los federales. “En cada caso… el gobierno gastó considerables recursos policiales y judiciales y tiempo para investigar las acusaciones”.

El gobierno dijo que su propia investigación, una investigación de 1.500 horas, encontró que las acusaciones no merecían más litigación.

Los delatores acusaron a Amgen, Biogen, EMD Serono, Teva, AstraZeneca, AbbVie, Otsuka, UCB, Bayer, Eli Lilly y Gilead Sciences de utilizar educadoras y otros servicios de apoyo para incitar a los médicos a prescribir sus medicamentos. En el caso de la UCB, los informantes dijeron que la compañía ofreció asistencia gratuita de enfermería y ayuda de reembolso para inducir a los prescriptores a recomendar el antiinflamatorio Cimzia.

La jueza en el caso de la UCB no aceptó el argumento del gobierno. La jueza Staci Yandle escribió en una audiencia probatoria, que estaba claro que los fiscales en realidad no investigaron el caso suficientemente.

Los federales investigaron los casos “colectivamente”, escribió Yandle. Los fiscales no revisaron los materiales específicos de UCB ni realizaron un análisis costo-beneficio para seguir este caso. Hicieron todo lo posible para ridiculizar el “modelo de negocio y las actividades de litigio” de los denunciantes, añadió el juez Yandle. Esto, junto a una investigación limitada, cuestiona los propios motivos del Departamento de Justicia, escribió la jueza.

“Bajo estas circunstancias, uno podría razonablemente concluir que las razones expuestas para desestimar la demanda son pretextos y la verdadera motivación del Gobierno es una ‘profunda hostilidad’ (‘animus’ es el termino legal que se usa en inglés) contra el informante”, escribió Yandle. “Por las razones anteriores, este Tribunal considera que la decisión del Gobierno de desestimar esta acción es arbitraria y caprichosa, y como tal, no está relacionada racionalmente con un objetivo gubernamental válido”.

Después de que el juez Yandle rechazara la moción del gobierno para desestimar el caso de UCB, los demandantes presentaron esa decisión en las notificaciones de otros casos. Los casos de Bayer, Biogen, Teva y Eli Lilly están pendientes, según documentos judiciales. Los tribunales desestimaron los casos de Amgen, EMD Serono y Otsuka, mientras que los informantes acordaron retirar sus casos contra AbbVie y Gilead, según muestran los documentos presentados.