Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
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REGULACIÓN Y POLÍTICAS
Entrevistas
Entrevista al Viceministro de Políticas de Salud, Dr. Eduardo Espinoza, sobre el anteproyecto de Ley de Medicamentos, en debate en la Asamblea Legislativa.
1. Puede explicarnos brevemente en qué consiste el Anteproyecto de Ley de Medicamentos del Ministerio de Salud?
R/ El anteproyecto persigue que la ciudadanía salvadoreña tenga acceso a los medicamentos esenciales a precios razonables, que estos medicamentos tengan una calidad comparable a estándares universalmente aceptados y además que sean usados racionalmente tanto por quienes los comercializan y prescriben como por quienes los consumen.
1.B ¿Cuál es la situación Actual de los Medicamentos en El Salvador?
R/ Bueno, como se demostró en el estudio publicado en 2007 por el CENSALUD de la Universidad de El Salvador (UES), y desafortunadamente la situación no ha cambiado sustancialmente, en El Salvador la población paga los precios más altos del mundo por adquirir sus medicamentos.
Más de un tercio de la población no tiene acceso a medicamentos y ello condiciona una cuota importante de complicaciones y muerte entre los salvadoreños que son total y absolutamente evitables. La única razón por lo que no se hace es porque a juicio de los comercializadores de medicamentos no existe ningún derecho por parte del estado a regular sus exageradas ganancias aunque esta situación ponga en riesgo la salud y la vida de los salvadoreños.
Es importante considerar que tanto el control de calidad como la comercialización han sido conveniente y deliberadamente dispersadas entre el Consejo Superior de Seguridad Pública (CSSP) y el MSPAS lo que condiciona un marco de ambigüedad e incapacita a ambas instituciones para regular efectivamente, propiciando ganancias inmorales en el proceso de comercialización a expensas del dolor y la salud de los salvadoreños.
Por otra parte, los resultados del estudio de CENSALUD han sido corroborados posteriormente en múltiples ocasiones por diferentes instancias como la Defensoría del Consumidor durante la administración anterior y en ésta, el Centro para la Defensa del Consumidor, la red APSAL, APROCSAL, ASPS y otras instituciones. Además la Organización Mundial de la Salud y Health Action International validaron el estudio de CENSALUD.
1.C ¿Por qué es necesaria una Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios?
R/ Porque las responsabilidades de control sobre este insumo estratégico, como ya señalamos, están difusamente distribuidas y ambiguamente ejecutadas. Ésta es una situación única en el planeta. Ningún otro país en el mundo tiene una situación similar y este marco regulatorio que además es anacrónico (La Ley de Farmacias data por ej. De 1927) genera las condiciones para que los usuarios de los medicamentos sean abusados y su derecho a la salud violado cada vez que compran un medicamento. En Latinoamérica, todas estas atribuciones le corresponden a la Autoridad Sanitaria Nacional, en nuestro caso al MSPAS.
1.D ¿Cuáles son los principales planteamientos del Anteproyecto?
R/ Consta de 116 artículos y contrariamente a lo que se ha estado ventilando, la regulación de precios es solo uno de sus elementos.
La Ley regula no solamente los medicamentos y productos sanitarios (estos últimos como por ejemplo los reactivos de laboratorio, insumos médico quirúrgicos, insumos odontológicos y radiológicos, etc.), sino también las personas naturales y jurídicas, las instituciones estatales, autónomas y privadas y por supuesto todos los procesos en que todos ellos se involucran en relación con los medicamentos y productos sanitarios, es decir:
Para lo anterior se crean 3 instrumentos dependientes del MSPAS para asesorarlo en materia política y técnica relacionada a los medicamentos:
El MSPAS adicionalmente deberá crear una Dirección de Medicamentos y Productos Sanitarios (un nivel superior a la que tiene la actual Unidad Reguladora de Medicamentos e Insumos Médicos –URMIM-)
1.D ¿Y cómo se soluciona la dispersión de que nos hablaba anteriormente en relación con el control de calidad y la comercialización?
R/ Este es el planteamiento medular de la Ley. Actualmente el proceso de registro (que incluye la verificación o control de la calidad) de un medicamento está en manos del CSSP. El proceso de Registro termina cuando luego de cumplirse una serie de requisitos el medicamento es autorizado para ser comercializado. El proceso post-registro está en manos del MSPAS.
La Ley traslada bajo responsabilidad del MSPAS en su totalidad el Control de Calidad y el proceso completo de comercialización es decir tanto el Registro como el Post-Registro. Esto hará que el país ejerza una regulación efectiva como sucede en todos los países, evitando los abusos sobre los connacionales.
Actualmente esto no es posible por la dualidad descrita, generándose las condiciones para aprovecharse de las imperfecciones inherentes al mercado de medicamentos (como la asimetría en la información, situación en la que quien fabrica es quien proporciona la información y el usuario no tiene argumentos para rebatirla o evaluarla; o el hecho de que no es el usuario quien decide que medicamento usar, es otro –el médico o el dependiente de la farmacia- quien decide por él) y que son reconocidas en todas partes del mundo, menos en nuestro país.
2. Porqué afirman tanto el Colegio Médico como la industria químico farmacéutica que este anteproyecto será desmantelado por inconstitucional mediante derogaciones en el Código de Salud, Ley del Consejo de Salud Pública y Ley de Farmacias?
R/ Es necesario aclarar en primera instancia que las declaraciones de inconstitucionalidad proceden de parte del Licenciado Mario Ancalmo, Presidente de la Industria Químico Farmacéutica (INQUIFAR), que por cierto no agrupa a toda la Industria Químico-Farmacéutica sino solamente a un puñado de fabricantes (para ser más exactos 16 de 72 laboratorios registrados es decir un 28%) y por otra parte al actual Presidente del Colegio Médico Dr. Rodolfo Canizález que no ha consultado ni con el gremio médico ni con su Junta Directiva, de manera que sus opiniones son a título personal.
No sé en que fundamentan semejantes observaciones, lo que sí es cierto es que reflejan desconocimiento del anteproyecto y de la Constitución en el mejor de los casos; de no ser así, lamento tener que decirlo, son declaraciones dolosas y difamatorias.
En el caso del Presidente de INQUIFAR es comprensible que estén defendiendo las jugosas ganancias que tienen con la venta de los medicamentos a los precios más altos del mundo, para ello recurren a cualquier cosa que esté a su alcance en este caso a sus declaraciones de inconstitucionalidad. Yo creo que con tanto dinero que obtienen de la comercialización, deberían buscarse asesores jurídicos de mejor calidad que pudieran estructurar argumentaciones mas sensatas y mejor elaboradas.
La posición que resulta incomprensible es la del Dr. Canizález pues como Presidente del Colegio Médico debería celebrar y apoyar el anteproyecto, teniendo en cuenta la noble y responsable tradición de los presidentes que le precedieron y del gremio médico en la lucha contra la privatización de la salud y a favor de un auténtico proceso de reforma de salud.
Creo que es importante identificar los intereses en cada caso para valorar la toma de posición con respecto al anteproyecto de Ley:
Brevemente, la argumentación en pro de la inconstitucionalidad ya fue resuelta el 19 de Mayo de 2000 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El CSSP argumentaba, como hoy INQUIFAR y el Dr. Canizález que el acuerdo de la Asamblea Legislativa conteniendo la Ley de Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos para Uso Agropecuario, que trasladaba al MAG el control de los medicamentos y productos de uso veterinario era inconstitucional porque violaba los artículos 65, 67, 68 y 69 de la Carta Magna.
La Sala emitió Sentencia Definitiva ante dicha petición de inconstitucionalidad dictaminando que “…no existe la inconstitucionalidad de fondo alegada, consistente en la supuesta contravención de los artículos 65, 67, 68 y 69 de la Constitución”.
La resolución completa puede ser consultada en el Diario Oficial correspondiente. Se trata de la Resolución 18-96 del 19 de mayo de 2000, que contiene una amplia argumentación y una serie de consideraciones que preceden la sentencia.
2.B El Dr. Canizález también ha dicho que el anteproyecto de Ley pretende acabar con las Juntas de Vigilancia, especialmente la Médica y la QF. ¿Qué puede decir sobre ésto?
R/ Definitivamente el Dr. Canizález más pareciera un vocero de los comercializadores de medicamentos. La situación planteada por el anteproyecto de Ley es diametralmente opuesta, queremos fortalecer el CSSP y las Juntas de Vigilancia para que puedan cumplir con su mandato constitucional de velar por la salud del pueblo y vigilar el ejercicio profesional: Al trasladar el proceso de registro del CSSP y Juntas al MSPAS, tanto el CSSP como las JV podrán concentrarse en lo que la Constitución les asigna expresamente y cumplir a cabalidad.
El Consejo podría ejercer funciones equiparables a una Superintendencia de Salud y velar por el cumplimiento de los objetivos de todos los miembros del sistema, así como las Juntas realizar un efectivo control del ejercicio profesional contribuyendo a evitar y sancionar las malas prácticas, vigilando y castigando el ejercicio ilegal y supervisando adecuadamente el correcto funcionamiento de todos los establecimientos de salud. Esta es una tarea que hoy no realiza a cabalidad por estar concentrado en una tarea que no es su responsabilidad constitucional: el registro de medicamentos.
3. El Salvador es uno de los países con los medicamentos más caros del mundo. ¿El Anteproyecto que Ustedes presentan: busca paliar esta anomalía en beneficio de todos los usuarios, especialmente los más necesitados, y que constituyen el grueso de la población del país?
R/ Los precios de los medicamentos tienen una naturaleza regresiva, golpean más fuerte y brutalmente a los pobres mientras más pobres son. Los medicamentos constituyen un poco más de la mitad del gasto de bolsillo de la población en salud, pero esto es en promedio. Si discriminamos por quintiles de ingreso el gasto en medicamentos como % del gasto total de los hogares en salud se reduce en el quintil más rico a cerca del 40% y crece a medida que nos acercamos al quintil más pobre donde es superior al 80% de su gasto total en salud, aunque en términos globales su volumen de compra sea menor, como % de su ingreso y como % de su gasto en salud es mucho más que en los quintiles más favorecidos económicamente.
Nuestro anteproyecto ciertamente impacta directamente en esta tremenda situación inequitativa, pero también está dirigido a toda la población, pues el deber del estado es velar por el derecho a la salud de todos sus habitantes, no solo por el de los más pobres, aunque hagamos énfasis en ellos. No hacerlo equivale a extender licencia a los comercializadores inescrupulosos diciéndoles “protegeremos a los más pobres pero aprovéchense de los que tienen alguna capacidad de pago y enriquézcanse a sus costillas”. No podemos hacer esto, no tenemos una doble moral, debemos proteger a toda la población contra los abusos del mercado y los comerciantes inescrupulosos.
4. En El Salvador es común ver en las calles la venta ambulante de medicamentos, muchos de ellos robados de las instituciones públicas, y sin ningún control en cuanto al vencimiento y receta de los mismos, con el agravante del adulteramiento y la falsificación. Busca este Anteproyecto de ley reglamentar esta peligrosa práctica del comercio informal contra la salud pública?
R/ Actualmente el régimen de sanciones vigente es arcaico e inaplicable, no solamente no es posible tener control del comercio informal sino también del formal pues entre otras debilidades la JVQF tiene apenas 6 inspectores para cubrir en todo el territorio nacional a cerca de 2,000 farmacias, lo que no permite controlar ni el comercio formal ni el informal. Incluso hay situaciones tan ridículas como la prohibición de dar consultas en las farmacias que coexiste con la ausencia de tipificación de esta falta, lo que no permite sancionarla, de lo que se aprovecha una conocida cadena de farmacias. Igualmente si el MSPAS actualmente detecta por ejemplo que un medicamento no cumple los estándares de calidad, no es posible retirarlo del mercado porque no controla el proceso de registro, debe limitarse a notificarlo al CSSP y la JVQF y esperar que estos procedan.
Todo esto será regulado y controlado al trasladar toda la responsabilidad al MSPAS, a quien se podrá exigir cuentas sobre ésta y muchas otras situaciones.
5. Al igual que En Estados Unidos, con la reforma sanitaria del Presidente Obama, aquí se vislumbra una fuerte oposición de poderosos intereses contra el Anteproyecto. Ve paralelos en cuanto a la oposición de sectores conservadores al Proyecto Obama y la oposición de sectores conservadores nacionales e internacionales en El Salvador en contra del Anteproyecto que el Ministerio de Salud presenta, que es por ende un Proyecto Funes?
R/ Por supuesto que existen paralelos. La Oposición a la Reforma de Salud propuesta por el presidente Obama vino fundamentalmente de las Compañías Aseguradoras y la oposición a nuestro anteproyecto de Ley procede de los comercializadores de medicamentos y las instancias que se ven beneficiadas por las prácticas corruptas y corruptoras que implementan para usufructuar pingües ganancias como la publicidad antiética, los sobornos con electrodomésticos y primas de vehículos, el financiamiento selectivo de eventos, el sistema de viñetas en las farmacias, el control de las recetas expedidas por el gremio médico, etc.
En ambos casos las similitudes entre los opositores a una y otra propuesta, radican en el hecho de querer convertir a la salud y los medios para alcanzarla en una mercancía. En ambos casos se trata de des-responsabilizar al estado de la salud de sus gobernados para hacer recaer esta responsabilidad exclusivamente en el individuo, la familia y la comunidad. En ambos casos la oposición surge de quienes combaten la concepción de salud como un bien público. En ambos casos los detractores son aquellos que violan a diario el derecho humano a la salud.
En ambos casos igualmente los adversarios son muy fuertes económica y políticamente y se requiere oponerles una fuerza social y política igualmente fuerte y en eso el movimiento social salvadoreño tiene una larga y aleccionadora tradición que sabrá contrarrestar sus testaferros y las voluntades que han cooptado en el Congreso y otras instancias.
Las ganancias de las Aseguradoras de Salud en Estados Unidos al igual que las ganancias de los comercializadores de medicamentos en El Salvador se construyen sobre una montaña de inequidades y de exclusión. Los resultados de convertir a la salud en una mercancía muestran que quienes se benefician con ello tienen una irresponsabilidad social espeluznante. La historia nos demuestra hasta la saciedad que los representantes ante organismos como el CSSP o las Juntas de Vigilancia, cuando son empleados de estas fuerzas poderosas, responden a los intereses de quienes los emplean y no ante los gremios que dicen representar.
Acá y en Estados Unidos, quienes lucran de las enfermedades y la muerte, se oponen sistemáticamente al fortalecimiento del sistema de salud público, estimulan su segmentación y fragmentación, entorpecen su capacidad de regulación pues ello incrementa sus ganancias, en la medida que un sistema público débil o de tercera categoría (“de pobre calidad, para usuarios pobres”) hace que las personas con capacidad de pago migren al sector privado o compren en el mismo los medicamentos que no pueden encontrar en el sistema público.
6. ¿Quisiera agregar algo más a nuestro reportaje?
R/ Si. Quiero cerrar esta entrevista precisamente con las palabras del propio Presidente Funes que aclara su posición a propósito de este anteproyecto de Ley y en general de nuestra Política de Salud. Fueron pronunciadas ante representantes de las organizaciones miembros del sistema Naciones Unidas y los miembros de los Equipos de Salud de los partidos de contienda en un debate público en Febrero de 2009 al que también acudieron miembros relevantes del sector salud.
Decía el Presidente Funes:
“… la infraestructura hospitalaria es insuficiente y se encuentra en franco deterioro debido a la falta de mantenimiento. Este diagnóstico tan terrible no podría estar completo sin mencionar el grave problema de acceso a los medicamentos ya que como sabemos los precios de las medicinas en nuestro país son de las más elevadas de América Latina y los precios más elevados de la región centroamericana.
“ Este deterioro sostenido del sistema público a lo largo de los últimos 20 años, ha condicionado un incremento progresivo del gasto de bolsillo de los hogares salvadoreños, especialmente los hogares pobres, al dejar de ser la red pública una opción efectiva y de calidad. Esto, amigos y amigas, violenta el derecho a la salud de los salvadoreños, que debido a esta mercantilización galopante, que necesita de un sistema público deteriorado, tienen tanta salud como puedan pagarla.
“ Mi gobierno parte de la siguiente premisa: la salud es un bien público y un derecho humano fundamental y, a la vez, parte de la estrategia de desarrollo humano de nuestro país. Por ello, mi primer compromiso ante esta comunidad, con la comunidad internacional y con el pueblo salvadoreño, es hacer de la salud una de las áreas prioritarias de mi gestión gubernamental.
“ Mi sueño es que al final de mi mandato, ninguna persona en nuestro país se muera porque no tiene para comprar las medicinas o porque tiene que esperar varios meses para que le practiquen una cirugía. Mi sueño es que, al final de mi mandato, ningún niño o niña vea en peligro su vida por padecer una enfermedad que se puede prevenir si el Estado hiciera bien su papel, hiciera bien su trabajo.
“ Mi equipo de trabajo y yo estamos convencidos de que la única manera de enfrentar con seriedad el grave problema de la salud es diseñando e implementando una política de estado en el área de la salud que cuente con un amplio respaldo político y social. Solo de este modo será posible superar los obstáculos políticos, financieros e institucionales, que hasta hoy han impedido avanzar en una política clara, coherente, y permanente en este campo que propicie una reforma gradual pero integral del sector en el mediano plazo.
“Finalmente y en atención al tiempo, quiero hacer un llamado al país y a la comunidad internacional para que formemos una gran alianza nacional alrededor del tema de salud. Esta alianza debe ser capaz de propiciar un cambio seguro en el campo de la salud que beneficie a toda la población sobre todo, a los más pobres. Mi equipo de gobierno y yo estamos preparados para avanzar en este camino. Como parte integrante de la política de salud también está asegurar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los medicamentos en toda la red pública de servicios. Por diversas razones, que no vienen a los propósitos de esta charla, los precios de los medicamentos en El Salvador son los más altos del mundo, y una política efectiva para evitar esta situación es mas que necesaria…”
Hagamos nuestras entonces las palabras del Presidente Funes y construyamos esa Alianza Nacional por la Salud que haga realidad estos sueños largamente acariciados y siempre postergados de que nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tengan acceso a vidas largas, saludables y productivas; satisfacciones que solo puede proveer un Sistema de Salud Público y Único, de cobertura universal y excelente calidad.
Nota del editor: Usted puede pasar en esta sección a América Latina (El Salvador) y ver una publicación al respecto titulada “El Salvador. El Anteproyecto de la Ley de Medicamentos es Anticonstitucional”