La FDA aprobó OxyContin en 1995 y Purdue Pharma lo comercializó como el primer analgésico que no era adictivo y, por lo tanto, seguro para su uso a largo plazo, lo que impulsó su prescripción generalizada por parte de los médicos. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades Estados Unidos registró más de 564.000 muertes debido al uso de opioides entre 1999 y 2020.

Los documentos judiciales revelaron que miembros de la familia Sackler retiraron aproximadamente US$10.000 millones de Purdue entre 2008 y 2017. Más de la mitad de ese dinero se invirtió en empresas extraterritoriales propiedad de los Sackler o se depositó en fideicomisos a los que no se podía llegar en caso de quiebra y estaban en paraísos fiscales. Se utilizaron alrededor de US$4.600 millones para pagar impuestos de transferencia.

Purdue se declaró en quiebra por primera vez en septiembre de 2019, tras una serie de demandas de los estados por un total estimado de US$40 billones contra la empresa. Como parte de un acuerdo de culpabilidad por cargos penales de octubre de 2020, la empresa acordó un acuerdo de US$8.300 millones con el Departamento de Justicia que incluía US$225 millones en sanciones civiles de la familia Sackler. En ese momento, el Departamento de Justicia dejó la puerta abierta a presentar cargos penales contra individuos, dado que algunos miembros de la familia Sackler controlaban estrechamente la empresa.

El plan de acuerdo incluía una disposición llamada “liberación de terceros” que protegería a los miembros de la familia Sackler y a una larga lista de sus asociados de futuras demandas civiles por opioides. Pero el procedimiento de quiebra se ha prolongado y las exigencias de inmunidad futura de los Sackler se han convertido en uno de los principales puntos conflictivos para ambas partes. A diferencia de Purdue, que se declaró en quiebra, ninguno de los miembros de la familia Sackler y de sus numerosos asociados habían dado el mismo paso.

Mantener la capacidad de demandar a los Sackler por sus acciones podría verse como una forma de garantizar justicia para las víctimas, pero la prolongada batalla legal sin duda ha retrasado el pago de fondos muy necesarios para luchar contra la adicción a los analgésicos. (Los Centros para el Control de Enfermedades estimaron que la crisis de opioides le costó a Estados Unidos más de US$1 billón en 2017).

Un segundo plan de quiebra presentado por Purdue en marzo de 2021 incluía US$4.275 millones en pagos a las víctimas de OxyContin y a sus familiares supervivientes. Dos docenas de fiscales generales estatales rechazaron inicialmente el plan, en parte porque no incluía disposiciones que permitieran la eliminación, sin repercusiones, del nombre Sackler de las instituciones.

Pero cuando los Sackler acordaron dejar de buscar derechos de nombre durante nueve años, 15 estados, incluido Nueva York, abandonaron su oposición en julio de 2021. Sin embargo, a finales de 2021, un juez de distrito de Estados Unidos anuló el acuerdo y dictaminó que no se podía conceder inmunidad a la familia Sackler frente a demandas civiles porque era la empresa la que se había declarado en quiebra, no la familia misma.

El caso parecía estar acercándose a una resolución en marzo de 2022, cuando los últimos nueve estados abandonaron su oposición al acuerdo. A cambio, los Sackler acordaron aumentar su pago en efectivo de US$4.300 millones hasta un máximo de US$6.000 millones de dólares.

Según el acuerdo, algunos miembros de la familia Sackler renunciarían a la propiedad de Purdue, que se convertiría en una nueva empresa llamada Knoa Pharma, y con el tiempo, pagarán entre US$5.500 y US$6.000 millones en efectivo (aproximadamente la mitad de su riqueza estimada). Al menos US$750 millones de esos fondos se destinarían a víctimas individuales de la crisis de opioides y a sus sobrevivientes.

Knoa Pharma, será supervisada por una junta pública, y además de producir OxyContin, también fabricará medicamentos para el tratamiento de adicciones, y las ganancias se destinarán a combatir la crisis de opioides.

El acuerdo también exige que los Sackler permitan que las instituciones eliminen el apellido de los edificios, becas y subvenciones. Esto se suma a la creciente lista de universidades, museos y otras instituciones que se han desvinculado de la familia en respuesta al marketing de OxyContin que manchó el nombre de la familia.

El Síndico de Estados Unidos, cuya oficina supervisa la administración de casos de quiebra para el Departamento de Justicia, se resistió por considerar que la inmunidad era demasiado amplia, y planteó cuestiones constitucionales relativas al debido proceso porque, entre otras cosas negaba, a las víctimas de opioides la oportunidad de ser escuchadas.

En diciembre de 2022 un juez federal se puso del lado del Síndico y además cuestionó si el acuerdo abusaba del sistema de quiebras. Sin embargo, pero un Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos dictaminó en mayo 2023 que el tribunal de quiebras de Estados Unidos tenía razón al aprobar la inmunidad y dijo que era “equitativa y apropiada bajo las circunstancias fácticas específicas de este caso”.

Un experto jurídico sugirió que el fallo del tribunal de apelaciones sienta un precedente. “Desde una perspectiva de política pública, esencialmente libera a los Sackler si pagan suficiente dinero para poder aislarse” de mayores responsabilidades, dijo. “Entonces, ¿qué impide que otros hagan lo mismo o algo similar? De esa manera, puede tener implicaciones para otras personas que afirman haber sido perjudicadas por un producto”. Cabe recordar que Johnson & Johnson también está utilizando a un tribunal de quiebras para evadir su responsabilidad por los productos de talco y el cáncer, y otros casos que se están discutiendo en EE UU podrían utilizar el mismo sistema (por ejemplo los casos de pederastia y abuso sexual en la iglesia católica, o en los Boys Scouts, o los incendios forestales).

Otro defensor de los consumidores expresó su descontento con la decisión del tribunal de apelaciones y argumentó que el Congreso debería cambiar el código de quiebras.

Ryan Hampton, un activista que se está recuperando de la adicción a los opioides y fue copresidente del comité de acreedores no garantizados en la quiebra de Purdue dijo “El tribunal de apelaciones dictaminó que la quiebra de Purdue está en línea con la intención del Congreso cuando redactaron el código, y que las liberaciones de terceros son legales en esta situación”, dijo. También publicó un libro, titulado “Unsettled: How the Purdue Pharma Bankruptcy Failed the Victims of the American Overdose Crisis”, en el que criticó al sistema judicial.

Todo esto se debe a que el acuerdo Purdue implica una práctica popular pero controvertida: resolver demandas a través de tribunales de quiebras, en lugar de permitir que los casos pasen por el sistema judicial tradicional. En muchos de estos acuerdos, los terceros (en este caso, los Sackler) están protegidos de responsabilidad sin tener que declararse en quiebra.

“Si bien no existe una solución perfecta para este asunto porque las leyes de quiebras son increíblemente injustas, sería una injusticia aún mayor si el acuerdo de 750 millones de dólares para las víctimas se retrasara más. La gente está sufriendo aquí. Se necesita dinero para las víctimas y los estados. Es hora de dejar atrás esta pesadilla de quiebras”.

El caso ahora vuelve al tribunal de quiebras de EE UU para aprobar el acuerdo, aunque el síndico estadounidense podría pedir a la Corte Suprema de EE UU que revise el fallo del tribunal de apelaciones.

Sin embargo, el Departamento de Justicia de Biden argumentó que el tribunal de quiebras no tenía autoridad para liberar a los miembros de la familia Sackler de las reclamaciones civiles, ya que permitía a los miembros de la familia Sackler aprovechar las protecciones legales destinadas a los deudores en “problemas financieros”, no a los multimillonarios.

La procuradora general Elizabeth Prelogar En la moción solicitando a la Corte Suprema que se hiciera cargo del caso, señaló que los miembros de la familia Sackler retiraron casi US$11.000 millones de la empresa en el transcurso de unos 10 años, transfiriendo una parte significativa de su riqueza al extranjero en un esfuerzo por protegerse de responsabilidad. Los Sackler se deshicieron de la propiedad y Purdue se reorganizó hasta convertirse en una empresa de beneficio público, cuyas ganancias se destinarán a luchar contra la crisis de los opioides.

El 10 de agosto de 2023, la Corte Suprema acordó considerar la impugnación de la administración Biden al acuerdo de quiebra para Purdue Pharma, deteniendo el acuerdo de US$6.000 millones por la protección que ofrece a la familia Sackler. El tribunal programó los argumentos del caso para diciembre de 2023, por lo que no se espera tener un dictamen definitivo hasta 2024. La suspensión se mantendrá hasta que se dicte resolución.

La Corte Suprema se ha mostrado escéptica ante algunas tácticas de litigio agresivas, especialmente en casos que involucran acciones colectivas y patentes, sugiriendo que puede ser cautelosa a la hora de permitir que los tribunales de quiebras otorguen inmunidad legal a personas ricas y poderosas acusadas de delitos graves que no se han declarado en quiebra.

¿Qué ofrece el plan a los estados, gobiernos locales y tribus?
Según el acuerdo, Purdue pagaría US$1.200 millones inmediatamente después de salir de la quiebra, y se esperan millones más en los próximos años. Los Sackler pagarían hasta US$6.000 millones en 18 años, de los cuales casi 4.500 millones se pagarían en los primeros nueve años.

Según un acuerdo con los demandantes que representan a las tribus (las tribus son población originaria de EE UU que cuenta con leyes propias y no responden a los estados ni al gobierno federal), las 574 tribus nativas americanas reconocidas a nivel federal son elegibles para recibir pagos de un fideicomiso valorado en aproximadamente US$161 millones.

Cada estado ha elaborado una fórmula con sus gobiernos locales para distribuir el dinero de Purdue. Pero todos deben seguir las mismas pautas para el uso del dinero: que se aplique en gran medida a iniciativas destinadas a aliviar la crisis de opioides, incluido el tratamiento y la prevención de la adicción.

¿Qué pasa con las víctimas individuales?
Según el plan actual, se crearía un fideicomiso de entre US$700 y 750 millones para víctimas individuales y familias de personas que se volvieron adictas al OxyContin o murieron por sobredosis.

Alrededor de 138.000 demandantes presentaron demandas; se espera que los pagos oscilen entre US$3.500 y US$48.000. Los tutores de unos 6.550 niños que experimentaron síntomas de abstinencia por exposición a drogas en el útero podrían recibir unos US$7.000 cada uno. Aunque los pagos son pequeños, el plan Purdue es uno de los pocos acuerdos sobre opioides en todo el país que reserva dinero para individuos.

Si se aprueba el plan, ¿qué pasará con Purdue?
Purdue Pharma, que introdujo OxyContin a finales de los años 1990 y lo comercializó agresivamente, dejaría de existir. Sus activos se transferirían a una nueva empresa denominada Knoa Pharma. Esa empresa, que sería propiedad de acreedores, fabricaría tratamientos para la adicción y medicamentos para revertir los opioides sin fines de lucro. Knoa continuaría fabricando opioides como OxyContin, así como medicamentos no opioides, y las ganancias se destinarían a los fondos del acuerdo.

Purdue, que ya no comercializa los opioides que produce, está siendo supervisada por un monitor independiente. Los Sackler han estado fuera de su directorio desde 2018.