Novedades sobre la Covid

La mayor acción coordinada contra el fraude en salud relacionado con la covid incluye también a los propietarios de clínicas.

El Departamento de Justicia ha anunciado que se presentarán una serie de cargos penales contra 18 personas que trabajan en el ámbito de los servicios de salud [1], entre ellas médicos y enfermeras, por el presunto robo de un total de US$490 millones de fondos de programas federales de salud y de los relacionados con la covid.

“Este anuncio constituye la mayor acción policial coordinada jamás emprendida en EE UU contra las estrategias de fraude en el ámbito de los servicios de salud que se aprovechan de la pandemia de covid-19”, ha declarado el fiscal general Adjunto Kenneth A. Polite Jr. de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, en un comunicado de prensa [2].

Esta acción sigue a otras dos en las que también se tuvo que aplicar la ley, en mayo de 2021 y abril de 2022, cuando se detectaron estrategias de fraude similares.

Los acusados se aprovecharon de los programas de ayuda que se establecieron durante la pandemia, incluido el Programa covid-19 para personas sin seguro de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (Health Resources and Services Administration o HRSA), el Programa de Protección de Pago de Nóminas (Paycheck Protection Program o PPP), el Programa de Préstamos por Daños Económicos Causados por Catástrofes (Economic Injury Disaster Loan o EIDL) y la Iniciativa del Fondo de Ayuda a Proveedores (Health Care Fraud Unit’s Provider Relief Fund o PRF) de la Unidad de Fraude en los Servicios de Salud. También facturaron fraudulentamente a Medicare y vendieron miles de tarjetas de vacunación covid falsas.

La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EE UU (U.S. Government Accountability Office o GAO) había informado previamente [3] que los programas de ayuda para pandemias eran vulnerables a fraudes masivos, en parte porque “carecían de controles adecuados para prevenir, detectar y recuperar pagos fraudulentos y otros pagos indebidos. La GAO señaló que el gobierno estimaba que los “pagos indebidos” sólo para los programas EIDL y PPP fueron de US$36.700 millones en 2022.

Estafa a ancianos por las pruebas de laboratorio
Lourdes Navarro, de 64 años y residente en Glendale (California), dirigía el Laboratorio Clínico Matias con su marido, Imran Shams. Realizaban pruebas para detectar el covid a residentes en casas de ancianos, centros de rehabilitación, residencias donde prestan ayuda a las personas mayores (assisted living facilities) y escuelas primarias y secundarias. Aunque los documentos judiciales [4] dicen que Navarro y Shams habían sido previamente excluidos de participar en todos los programas federales de salud, facturaron a Medicare, a HRSA, y a un asegurador privado que realizaba el panel de pruebas para detectar patógenos respiratorios (RPP), y se alega que añadieron fraudulentamente facturas de análisis que sus clientes no solicitaron o no eran necesarios.

También habrían dicho a HRSA que algunos pacientes habían sido diagnosticados con covid cuando no era cierto, con el fin de obtener el reembolso de las solicitudes de las pruebas para detectar patógenos respiratorios. Su nueva acusación sustitutiva (superseding indictment) alega que los pagadores experimentaron “pérdidas adicionales” por US$241 millones, y otros US$39,9 millones adicionales por el reembolso al laboratorio. Desde las cuentas bancarias de Matías, se transferían dinero a sí mismos para utilizarlo en “inmuebles, artículos de lujo, viajes y gastos domésticos”, según los documentos judiciales.

Facturación falsa a no asegurados
El doctor Anthony Hao Dinh, del condado de Orange (California), está presuntamente detrás de un fraude de US$230 millones al programa para no asegurados de HRSA, cuyo objetivo era facilitar el acceso de los pacientes sin seguro médico a las pruebas y al tratamiento covid. El propietario de Elite Care Medical Group y de dos centros de cirugía ocupó el segundo lugar entre los que más dinero facturaron a este programa, y al parecer presentó facturas por el tratamiento de pacientes que estaban asegurados, y facturó por servicios que no se prestaron o que eran médicamente innecesarios. Según los documentos del tribunal [5], Dinh facturó al programa de no asegurados “servicios supuestamente prestados a todo un comando de soldados de la Guardia Nacional” que tenían seguro.

El otorrinolaringólogo supuestamente utilizó gran parte del dinero para comprar opciones de alto riesgo. Supuestamente perdió más de US$100 millones entre 2020 y 2022, según los documentos judiciales. También utilizó los fondos para comprar una casa de US$1,1 millones, y transfirió la propiedad a su esposa. Dinh está siendo acusado con otras dos personas, que supuestamente presentaron 70 solicitudes de préstamos fraudulentas a los programas PPP y EIDL para obtener US$3 millones en préstamos.

Estafa con el kit de prueba covid
La doctora Latresia Wilson, de 60 años y residente en Ocala (Florida), y Corey Alston, de 45 años y director administrativo de Heritage Pharma Group, han sido acusados de adquirir ilegalmente números de identificación de beneficiarios de Medicare para facturar al programa kits de pruebas covid de venta libre que no cumplían los requisitos para ser reembolsados por Medicare. Presuntamente presentaron facturas por kits de pruebas por más de US$8,4 millones a Medicare, independientemente de si los beneficiarios de Medicare las habían solicitado. Medicare pagó más de US$2,6 millones en base a estas facturas, según los documentos judiciales [6], y Wilson canalizó gran parte del reembolso a Alston, y “retuvo una parte de los reembolsos de Medicare para su propio uso”.

Ayudas covid para coches de lujo, inmuebles y vacaciones
Melissa J. Watson, DNP, 50, de Slidell, Luisiana, antes de la pandemia era dueña de una clínica de atención primaria y un supuesto spa médico, y se la acusa de haber presentado documentación falsa y fraudulenta a los programas PRF y EIDL de la HRSA en un plan para obtener US$1,1 millones para estos negocios, pero que ella destinó a uso personal. El objetivo de PRF era financiar a los profesionales de la salud que administraban tratamientos contra la covid, y el EIDL concedía préstamos a bajo interés a pequeñas empresas afectadas por la pandemia.

Según el DOJ, Watson utilizó los fondos para comprar dos coches de lujo, invirtió “miles” de dólares en propiedades inmobiliarias, un barco, un remolque, un tiempo compartido y “múltiples vacaciones de lujo”. Los documentos del tribunal [7] señalan que Watson también pagó un préstamo de US$15.000 para un camión de otra persona, y US$32.000 a una oficina de libertad condicional por una orden de un tribunal para la misma persona. El gobierno ha incautado US$500.000 de las cuentas bancarias de Watson, así como de su barco, su remolque y su Range Rover Sport.

Esquema de tarjetas covid para matronas
Dos enfermeras matronas tituladas que dirigían una consulta denominada Sage-Femme Midwifery en Albany, Sharon Springs y Saratoga (Nueva York) fueron acusadas de conspirar para defraudar a EE UU mediante la distribución de unas 2.700 tarjetas de vacunación covid falsificadas. Kathleen Breault, CNM, de 65 años, y Kelly McDermott, CNM, de 61, inscribieron su consulta como centro de administración de vacunas covid y se convirtieron en uno de los centros más concurridos del estado de Nueva York, “superando a los grandes centros de vacunación estatales, a pesar de tratarse de una pequeña consulta de matronas”.

Como estaban inscritas como proveedoras de vacunas, recibían tarjetas de vacunación covid auténticas y las falsificaban para indicar que se habían administrado vacunas cuando no era así. Según los documentos judiciales [8], Breault y McDermott incluso celebraban jornadas clínicas de vacunación, se reunían con particulares y destruían viales de vacunas covid en lugar de administrarlas. Presuntamente proporcionaron tarjetas de vacunación a menores que no cumplían los requisitos para recibir la vacuna y a ciudadanos no estadounidenses.

Estafa en línea con tarjetas covid
Un hombre de Utah presuntamente fabricó y vendió hasta 120.000 tarjetas de vacunas covid falsas a clientes de todo el país, especialmente en los estados con las restricciones covid más estrictas, como Nueva York. Nicholas Frank Sciotto, de 32 años, de Salt Lake City, vendía las tarjetas principalmente a través de Facebook, cobraba US$10 por tarjeta, y ofrecía una tarifa con descuento, a US$7,50 cada una para los pedidos de 100 o más (más gastos de envío), según los documentos judiciales [9]. El coacusado Kyle Blake Burbage, de 32 años y residente en Goose Creek (Carolina del Sur), supuestamente compró y revendió varios paquetes de tarjetas a Sciotto.

Según el Departamento de Justicia [10], “los acusados socavaron significativamente el programa de vacunación covid-19 de los CDC y otras regulaciones y protocolos gubernamentales de salud y seguridad”. Se les acusa de conspirar para defraudar a EE UU obstruyendo el programa de vacunación covid-19 de los CDC.