Como ya ha sucedido en años anteriores [a], en los primeros seis meses del año se registraron al menos dos aumentos de precios en los medicamentos en Nicaragua. El primero fue entre fines del 2006 y principios de este año, y el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), organismo estatal encargado de regular los precios, primero lo negó e hizo amenazas, pero terminó justificando la legalidad del aumento por el deslizamiento que había experimentado la moneda nacional respecto al dólar. El segundo aumento se dio a conocer a principios de abril, y terminó siendo autorizado con el mismo argumento. El Ministerio de Salud se muestra preocupado por lo que representa para la población y para los fondos públicos, y está buscando caminos alternativos para los procesos de licitación.

En diciembre de 2006, dos laboratorios anunciaron nuevas listas de precios a las farmacias que abastacen. Supuestamente las solicitudes para aumento de precios, con su debida justificación, deben ser remitidas al Mific entre abril y junio de cada año, y en caso de que se apruebe el alza el Mific debe hacerla pública por medio de un comunicado, y debe mencionar de cuánto es el incremento. En el caso de estos dos laboratorios, no hubo ninguna presentación formal durante el 2006 [1].

Las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa), por su parte, lamentaron el alza arbitraria de precios y denunciaron que varias farmacias los estaban aplicando [1].

La Asociación de Farmacias Unidas Nicaragüenses (AFUN), que cuenta con 600 farmacias agremiadas, expresó que si alguien debe asumir un alza en estos momentos son las distribuidoras de medicamentos, debido a que éstas otorgan grandes regalías y descuentos a farmacias grandes de Managua y de las cabeceras departamentales, lo que encarece los productos a las farmacias pequeñas y de poblados lejanos, afectando así a los ciudadanos más pobres del país [2].

Ni bien conocido el anuncio de nuevas listas de precios, el Mific afirmó que el aumento no gozaba de ningún tipo de autorización y que los farmacéuticos no debían aplicarlos. Según afirmaron, no se podía autorizar un “ajuste por indexación”, ya que sería extemporáneo y sin estudio previo, pero sí advirtieron que a futuro podría llegar un ajuste de precios por el deslizamiento que había experimentado la moneda respecto al dólar [1].

Una semana después, las autoridades del Mific, quienes “revisaron” de oficio los costos de producción de los laboratorios nacionales, autorizaron un aumento que oscilaba entre 15 y 18%. Eduardo Fonseca, Secretario General del Mific, dijo que el alza fue aplicada a todas las medicinas que se producen en Nicaragua por una “indexación”. Insistió en que el alza es legal, porque está por debajo de la lista de precios que autoriza el Mific. “Si el precio que han impuesto alguno de los laboratorios nacionales fuera superior al precio máximo autorizado, nosotros podríamos entrar, multar y obligarlos a bajar el precio”, dijo [3].

Las críticas fueron variadas: no respetar el marco legal vigente en términos de regulación de precios, entre ello no haber una solicitud concreta ni haber tenido en cuenta para el análisis “de oficio” los índices del Banco Central ni las cifras de la Dirección General de Aduanas (DGA); y aplicar un porcentaje de aumento mayor que el deslizamiento de la moneda nacional [3].

Estas críticas llegaron incluso desde dentro del propio Mific. Los funcionarios Julio César Bendaña y Antonio Rodríguez Altamirano, responsables de la Dirección General de Competencia y Transparencia en los Mercados y de la Dirección de Defensa de los Consumidores (DDC), ambas pertenecientes al Mific, calificaban de “ilegal” el alza aplicada en diciembre y estudiaban informes de sus inspectores donde se señalaban 10 graves anomalías cometidas por un laboratorio, una distribuidora y tres farmacias [3].

En abril de este año los dueños de farmacia denunciaron un nuevo aumento de precios en los medicamentos, que llegaba en algunos productos y en algunas farmacias a un 7,5%. El presidente Daniel Ortega sacó un apurado comunicado diciendo que su gobierno no aceptaría un incremento en los precios de las medicinas [4,5].

La Asociación Nicaragüense de Distribuidoras de Productores Farmacéuticos (Andiprofa), que tiene afiliadas más de 60 empresas distribuidoras de medicinas, dijo que no se trataba de un alza en el precio, sino de un “ajuste cambiario en los medicamentos importados” para un semestre, debido –una vez más- al deslizamiento anual del córdoba con respecto al dólar. Este “deslizamiento” fue parte de un acuerdo de Andiprofa con el Mific, y lo que en un primer momento trascendió como un ajuste de un 2,5% terminó en un 3,72% [4,5].

En esta oportunidad, la Asociación de Farmacias Unidas de Nicaragua (AFUN) aseguró que los dueños de farmacias se sumarían a cualquier decisión consensuada. "Si se acuerda en aras de la armonía y para destrabar la anarquía que existe en estos momentos por los precios de las medicinas, nuestra asociación está dispuesta a apoyar no más de lo que corresponde al deslizamiento y sujeto a que entre a lo inmediato a una revisión de la estructura de costo", expresó el Presidente de esta Asociación [5].

Los miembros de Andiprofa aceptaron revisar la estructura de costo y sus márgenes de ganancia que obtienen por la venta de medicinas, siempre y cuando participen todos los sectores involucrados [5].

Las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) se mostraron nuevamente preocupadas por el alza de precios y solicitaron que se les aplicaran sanciones duras a los laboratorios y distribuidores que llevaron adelante las subas [6].

Pocos días después del anuncio de un ajuste de 3,72% por la devaluación de la moneda, la viceministra del Mific, Leana Lacayo, garantizó que unos 200 productos farmacéuticos de los 8.944 reportados que se comercializan en Nicaragua no aumentarán de precio en el año, sin embargo, los restantes están sujetos a negociación con los distribuidores. El Minsa colaborará en la elaboración de la lista de 200 medicamentos [7].

El Mific puede multar a las empresas que han realizado incrementos de precios sin autorización. Las sanciones pueden ir desde multas en dinero hasta determinar el cierre temporal o total. El presidente del Departamento de Defensa del Consumidor del Mific, Antonio Rodríguez, quien se mostró bastante en desacuerdo con las subas y ajustes, informó que 19 empresas distribuidoras de medicamentos y tres laboratorios nacionales, habían sido notificadas de la multa que se les aplicaría, que va desde los 5.000 córdobas hasta los 16.000 por cada producto [6,7] [b].

Según Lacayo hubo conversaciones con las distribuidoras y éstas aceptaron y se comprometieron a someterse al proceso de ley y aceptar las sanciones establecidas en el Reglamento a la Ley de Defensa de los Consumidores, así como rectificar los precios alterados de los medicamentos [7].

Licitaciones nacionales o compras directas
A las autoridades del Ministerio de Salud les preocupa además cómo repercuten estos aumentos de los laboratorios y distribuidores nacionales en los procesos de licitación. Así, a mediados de febrero, se dio a conocer que la Ministra de Salud, Maritza Cuan, estaba explorando la posibilidad de comprar medicamentos de forma directa a Cuba, Venezuela y la India, aún cuando esta forma de compra no está prevista ni en la Ley de Contrataciones del Estado ni en la Ley de Farmacias [8,9].

Las declaraciones de Cuan se dieron luego de que se presentaran y abrieran las ofertas de unos 40 oferentes que participaron en una licitación nacional de compra de 181 tipos de medicamentos, proceso iniciado por la administración anterior el pasado 13 de diciembre. La licitación era por unos US$10 millones, es decir, unos 180 millones de córdobas [8].

Según expresó la Ministra, el gobierno anterior dejó amarrada la licitación de productos médicos para favorecer a los grandes distribuidores que venden los productos hasta cinco veces más caros que lo que se puede conseguir en otros mercados. Según indicó, la compra no la hicieron en su totalidad, para poder adquirir en la próxima licitación a mejores precios. Quedaron sin adjudicar unos 30 productos. Tiene previsto utilizar algunas posibilidades que hay dentro de la ley, y que permitirían comprar en mejores condiciones en las próximas licitaciones [9].

Notas de los editores:
a. Se puede consultar anteriores aumentos y anuncios de no más aumentos en el Boletín Fármacos (BF): “Nicaragua: Cero alza a medicinas”, Sección Ética y Derecho, BF 2005;8(2); “Nicaragua: Alza en las medicinas”, Sección Economía, BF 2005;8(3); “Nicaragua: Subieron las medicinas”, Sección Economía, BF 2006;9(3).
b. Las distribuidoras multadas son Cedetsa, Dicegsa, Calox, Sudesa, Suministros Internacionales, Importadora y Distribuidora Carlos Fonseca, Unipharm, Apotex, Cefa, Recipe, Riestra, Euro S.A., F. Elizondo, Generic Pharma, Generifar, Infarsa, J Ruiz, Puschendorf, Bayer, Ceguel, Solka y Rarpe [7].

El Presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, Edgar Salas, aseguraba a principios de año que una serie de retrasos de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) había causado escasez en algunos antibióticos, antihipertensivos, antidepresivos y sedantes. Aunque no podía hablar de desabastecimiento, atribuía 30% de faltas en fármacos importados a retrasos de dos y tres meses en la entrega de dólares.

En el mismo sentido, el Presidente de Laboratorios Valmorca, Guillermo Valeri, manifestó que “en el caso de los medicamentos hay que reconocer que sí se ha tenido apoyo del Gobierno para evitar el desabastecimiento.” Sin embargo añadió que a veces hay problemas en la implementación de nuevas leyes o decretos Mencionó, como ejemplo, que la clasificación de insumos de primera necesidad que deben recibir divisas para su compra por parte de Cadivi no han incluido algunos medicamentos nuevos. El Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio (Milco) debe primero certificar que no se producen en laboratorios nacionales. Sin esta certificación Cadivi no puede asignar divisas para su compra en el extranjero y el resultado es un atraso en las importaciones [1] [a].

En cambio, desde la cartera de Salud descartaron la escasez de medicamentos y afirmaron que había suficiente existencia para atender la demanda en los servicios públicos de salud. “Por el momento, no hay ningún indicativo de que los medicamentos estén faltando y, de hecho, el balance que realizamos arrojó que hay medicamentos suficientes para dar respuesta a cualquier circunstancia que se presente”, enfatizó el Ministro de Salud, Erick Rodríguez [2].

Al respecto, Juan Manuel Domínguez, Presidente del Programa Farmacias Solidarias (Coodifar), aseguraba que existían inventarios suficientes de medicinas en el país, “y, en aquellos casos en que hay déficit de algunos productos, los usuarios tienen la opción de llevar el genérico”, añadió. Con respecto al alza ocurrida en el dólar paralelo, indicó que esta situación no afectó a este sector, ya que “todos los insumos con los cuales se fabrican los medicamentos se compran en el extranjero con el dólar a precio preferencial, el cual es otorgado por la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi)” [3].

Programa Farmacias Solidarias
Desde principios de 2004, se viene desarrollando en Venezuela el Programa Farmacias Solidarias (Coodifar), cuyo propósito es la creación de Cooperativas de Farmacia (Coofar). Los medicamentos que se expenden en las cooperativas de farmacia tienen descuentos de hasta un 40%, gracias a los acuerdos establecidos con los distintos laboratorios para adquirir directamente los productos en compras de contado, sin la participación de droguerías.

Hasta ahora un total de 17 laboratorios suministran sus productos al Programa de Farmacias, entre ellos figuran Bayer, Organon Venezolana, Elmor, Sankyo Pharma, OFA, Biogalenic, Galeno Química, Merk, Roche y Vargas.

El Presidente de esta iniciativa, Juan Manuel Domínguez, también ocupó el cargo de Presidente de la Cámara Venezolana de Farmacia. Anunció que se están entablando negociaciones con un gran número de laboratorios, entre ellos Leti, Pfizer, y Farma, y recalcó además, que la cooperativa que él dirige “es la única droguería que existe en el país, como asociación de este tipo, y es también, la única que traslada el mayor descuento posible a las farmacias, sobre todo a los pequeños y medianos empresarios afiliados para que puedan subsistir en el tiempo” [4].

Nota de los editores:
a. El superintendente tributario, José Vielma Mora, indicó que “hay sectores que están perturbando la economía y están haciendo ruido cuando el Ejecutivo quiere ayudar”. Iglesias agregó que Milco tiene la administración de 5.269 códigos arancelarios, pero para 3.621 códigos no se requiere realizar ningún trámite en el Ministerio antes de solicitar divisas a Cadivi. Sólo 1.648 códigos administrados por el Milco son los que requieren de un certificado de no producción o de producción insuficiente, para tramitar la obtención de divisas. Agregó que los certificados de no producción o producción insuficiente se expiden en 10 días hábiles, y no en 120 días como ha afirmado el sector industrial. El procedimiento total entre el Milco, la institución bancaria y Cadivi en ningún caso resulta mayor a 20 días hábiles, agregó. Desde la publicación de la Resolución 195 el 5 de diciembre de 2006 a febrero de 2007, el Milco dio 1.460 certificados de no producción, que incluyen más de 15.000 productos [5].